Una demanda federal presentada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) por violación de derechos de un vendedor de agua durante el 1 de mayo del 2018 volvió a traer el reclamo de un observatorio ciudadano para monitorear el cumplimiento de la uniformada con los acuerdos establecidos con el Departamento de Justicia federal para desarrollar la Reforma Policial.

El recurso, presentado en representación de Jonathan Hernández Zorrilla, reclama alivio por violaciones a sus derechos constitucionales bajo la primera, cuarta y decimocuarta enmienda por uso excesivo de fuerza en su contra y contra otros manifestantes. Entre las causas de acción que persigue el recurso legal se destaca una solicitud para enmendar el acuerdo de Reforma Policial para incorporar un mecanismo de supervisión ciudadana independiente que permitiría a ciudadanos individuales un grado de participación en la supervisión de la Policía y el cumplimiento de los acuerdos entablados a traves de la Reforma Policial.

La primera vez que se presentó la idea de crear este tipo de cuerpo ciudadano fue durante una vista de la reforma policial en diciembre pasado cuando las líderes comunitarias Cecilia La Luz y Carmen Villanueva enviaron una carta al juez Gustavo Gelpi para solicitar la creación de un observatorio ciudadano para velar por el cumplimiento de la reforma. En ese momento, el juez Gelpí vio la idea favorablemente, pero señaló que no puede autorizar la creación de dicho observatorio sin antes enmendar, junto a las partes, el acuerdo de reforma.

No obstante, la demanda de Hernández Zorrilla persigue un juicio declarativo para adjudicar violaciones constitucionales por el estado y en violación a la reforma policial, una acción para precluir a la policía incurrir en la misma conducta, la aprobación de medidas por la uniformada para prevenir este tipo de acción, compensación contra el demandante y su esposa por daños a determinarse por un jurado y gastos de representación del demandante.

Este recurso se presenta ante la esfera federal a solo días que venza el termino prescriptivo para llevar demandas por violaciones de ley ocurridas el pasado 1 de mayo del 2018. El caso del vendedor de agua es uno de tres casos de uso excesivo de fuerza que identificó un informe de la Oficina del Monitor federal de la Policía ese año.

Los otros dos casos corresponden a una mujer veterana de las fuerzas armadas que fue rociada con gas pimienta en su cara a corta y un periodista que fue agredido por un agente de la fuerza de choque mientras grababa la detención de un manifestante. Para estos incidentes, sin embargo, la Policía no radicó un informe de uso de fuerza -tal como obliga el reglamento de uso de fuerza de la uniformada- y luego que fueran presentados al juez Gelpí en diciembre del año pasado, este los despachó como 'incidentes aislados' que no representan el progreso alcanzado con la mayoría de la Policía en el proceso de reforma.

El recurso legal fue radicado contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el exsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Hector Pesquera, el Comisionado de la Policía, Henry Escalera, el Comandante de Área de San Juan, Juan Cáceres Mendez, el inspector Luis Hernández de la División de Operaciones Tácticas (Fuerza de Choque) y otros 6 agentes no identificados de esa unidad policiaca.

Según la demanda, en la tarde del 1 de mayo del 2018 Hernández Zorrilla fue incapacitado por los gases lacrimógenos lanzados ese día. Agentes de la fuerza de choque le ordenaron a movilizarse, pero Hernández Zorrilla no estaba en condición de hacerlo, por lo que fue disparado en el estómago y pecho, despues en la cabeza cerca de su oído izquierdo y finalmente en su espalda y glúteos.

Tras ser socorrido por otros ciudadanos y entrevistado por un medio televisivo, el vendedor fue transportado al hospital Doctor's Hospital en Santurce para recibir tratamiento, donde tambien fue entrevistado por agentes de la Policía que alegaron que la Policía no utiliza balas de goma y que las heridas pudieron haber surgido de particulado caliente que surge de detonaciones de gas lacrimógeno.

Al llegar a su hogar del hospital, el demandante se percató de otras 7 heridas adicionales que en el área de sus piernas que descubrió al removerse su pantalón, por lo que descartó la teoría de la policía sobre sus heridas.

Puede ver la demanda aquí: