El Primer Circuito de Apelaciones de Boston ejecutó una estocada mortal en los planes del gobierno de Puerto Rico para lidiar con la quiebra de sus corporaciones públicas al decidir el lunes que la llamada ley de 'quiebra criolla' es inconstitucional, y al decirle a Puerto Rico que, para buscar un remedio, tendrían que lograr que el Congreso haga un cambio en la Ley de Quiebras.

El resultado de este caso no sólo aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sino que, de haber sido positivo para Puerto Rico, podría aplicar a otras dependencias públicas y, según algunos, podría determinar la estrategia para lidiar con la deuda general del gobierno.

La decisión contó con los votos de los jueces Jeffrey Howard y Sandra Lynch, y también con un voto separado concurrente del puertorriqueño Juan Torruella.

En el voto de Howard y Lynch, lo que se indica es que la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (Ley 71), mejor conocida como la 'quiebra criolla', es inconstitucional porque su creación afecta los poderes del Congreso federal aunque se trate de un área sobre la cual el Congreso no ha actuado. El razonamiento de Puerto Rico fue que, como la Ley de Quiebras ni autoriza ni prohibe a las dependencias públicas de Puerto Rico a acogerse a la quiebra, pues el gobierno local podía hacer su propia legislación de quiebras. Pero estos dos jueces sostienen que ese silencio del Congreso no es un vacío sino que es un poder que el Congreso se ha reservado y que Puerto Rico no puede asumirlo para un lado o para otro.

Torruella, por su parte, concurre con la decisión final pero aplica distintos argumentos y llega a la conclusión adicional de que ese vacío hace que esa disposición de la Ley de Quiebras sea inconstitucional porque resulta en una disparidad que no se puede permitir. El juez subrayó que uno de los principios de la Ley de Quiebra es que aplique uniforme a todo Estados Unidos y que ese silencio sobre Puerto Rico causa una falta de uniformidad inadmisible.

El pleito contra la Ley 71 fue incoado por los acreedores Blue Montain Capital y Franklin Trust quienes, entre ambos, representan $2,000 millones de los aproximadamente $9,000 millones que debe la AEE.

El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, había urgido al tribunal apelativo a tomar una decisión toda vez que la decisión inicial del juez federal Francisco Besosa, quien también declaró inconstitucional la Ley 71, deja al Estado Libre Asociado desprovisto de una marco jurídico para la reestructuración económica de las corporaciones públicas.

La estrategia del gobierno de manejar las deudas de las corporaciones públicas mediante negociación, o con la anuencia de solo una parte de los bonistas dejando fuera a otros, provocó el derrumbe de la llamada ley de 'quiebra criolla' en el Tribunal Federal. La medida fue una de las respuestas de la Administración García Padilla a la degradación del crédito de Puerto Rico al nivel de chatarra pero, tras su aprobación, las casas evaluadoras de crédito respondieron con una racha adicional de degradaciones.

Según el juez Besosa, la Ley de Quiebra federal permite que un gobierno desarrolle legislación para manejar su deuda, pero el método que desarrollen no puede ser uno que obligue a los acreedores sin su consentimiento, y que cualquier sentencia que se emita bajo esa ley hipotética no puede obligar a los acreedores que no consintieron dicho método.

Al anular la ley, Besosa indicó que no solo viola la cláusula de supremacía, que establece que las leyes federales van por encima de una ley local que esté en conflicto, sino que viola la cláusula constitucional que prohíbe leyes que violenten obligaciones contractuales, y la cláusula que prohíbe al gobierno tomar propiedad privada sin justa compensación, o lo que se conoce como el 'Taking Clause'. Además, examinó la ley federal de quiebra para concluir que sus definiciones expresamente prohiben a Puerto Rico hacer una ley de quiebra local.

Por otro lado, el proyecto impulsado por el comisionado Pedro Pierluisi para que Puerto Rico pueda acogerse a la Ley de Quiebras federal ante el Congreso a finales de febrero tuvo apoyo de ambas fuerzas políticas principales en la isla y también de oficiales gubernamentales pero todavía el Congreso no ha actúado sobre el mismo.

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta; el profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, John Pottow; el director general de Municipal Market Analytics, Robert Donohue; el gobernador Alejandro García Padilla, entre tantos otros favorecieron la iniciativa. Además, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal ha recibido numerosas ponencias y cartas de académicos, abogados en la práctica y personas con interés en la comunidad financiera también abogaron por la medida.

Permitir que corporaciones endeudadas, como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) o la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se acojan al capítulo 9 no significa un rescate financiero. Más bien permite que el gobierno de Puerto Rico aplaque el servicio a la deuda que consume el 16% de su presupuesto mientras logra una estabilidad fiscal. Además, asegura que los bonistas más férreos obtengan su pago, según reseñara un editorial de Bloomberg.

La seguridad de Puerto Rico para eximir a bonistas de impuestos federales de la mano de mayores rendimientos de fondos de alto riesgo, o buitres, ha doblegado al gobierno hasta prometer aumentar los impuestos a nivel local para pagar la deuda.

Como territorio no incorporado, Puerto Rico es incapaz de acogerse a las provisiones de la quiebra federal que permitió a Detroit, por ejemplo, reestructurar su deuda. Pero dejarle la mesa servida a los bonistas tampoco resulta alentador.

Otras disposiciones, que según Bloomberg dificultan un camino más rápido a la recuperación económica, son el hecho de que como territorio deben ofrecer un salario mínimo frente a otros países caribeños con mano de obra más barata. Además, por disposiciones de la Ley Jones, la isla tiene la obligación de transportar sus bienes en la costosa flota estadounidense. De alguna manera, todos estos detalles especiales obligarán a Puerto Rico a definir su futuro político frente a una aguda crisis económica que requiere acción de una vez.

En circunstancias ideales, Puerto Rico se acogería a la quiebra, pero sigue deslizándose a situaciones más escabrosas. Para Bloomberg, el gobierno debería poder solicitar algún remedio fiscal de pie, pero al presente se encuentra de rodillas, y concluye que resulta necesario una intervención del presidente Obama y el Congreso.

Decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston sobre la Ley 71 (_quiebra criolla_) - NotiCel_13531