El Centro de Gobernanza y Política Pública de la Universidad del Turabo dijo el miercoles en vista pública que sus investigaciones demuestran que la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas formales en el gobierno contribuyen a la crisis fiscal.

La directora ejecutiva del Centro, EneidaTorres, dijo que investigaciones por los pasados tres años sobre el Estado de Situación Jurídica de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Puerto Rico (2013) y sobre Responsabilidad Fiscal en el Contexto de la Gobernanza (2014), revelaron que Puerto Rico aún adolece de mecanismos jurídicos o formales de transparencia y rendición de cuentas integrados y coherentes que obliguen a los funcionarios a revelar información pertinente sobre el funcionamiento gubernamental y sus resultados. Además, la legislación vigente no cumple con los estándares adoptados por los países reconocidos como líderes de las mejores prácticas de gobernanza pública.

Esta legislación no contiene definiciones operacionales claras, no considera los asuntos fiscales; es fragmentada y no contiene elementos para asegurar el cumplimiento y la obligatoriedad, indicó.

Torres hizo sus comentarios como parte de la vista de la Comisión de Gobierno sobre el proyecto cameral 2469 para establecer una política publica de transparencia.

Al analizar las prácticas de gobernanza de los países estudiados (Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Méjico y Chile, entre otros) que han adoptado la transparencia como forma de gestionar los asuntos públicos y examinar sus resultados en los índices de gobernabilidad, competitividad y transparencia se encontró que esta plataforma: promueve el desarrollo, la competitividad y la prosperidad de los países; mejora la confianza de los ciudadanos en su gobierno; promueve el mejoramiento del clima de inversión y la generación de riqueza; y mejora la formulación de las políticas públicas y la toma de decisiones gubernamentales.

'La investigación recomendó la adopción de una ley integrada de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas como una estrategia para potenciar el desarrollo económico y social del País dirigida a implementar mejores prácticas en la gestión pública puertorriqueña; inicialmente en materia de la obligatoriedad de la transparencia y rendición de cuentas por operación de ley (transparencia activa o de oficio) al igual que en la reglamentación de los procesos para que los ciudadanos puedan solicitar la información pública no rutinaria que interesen', explicó.

A su vez, los resultados del Estudio sobre Responsabilidad Fiscal revelaron que la variable que más ha deteriorado la situación fiscal del país ha sido la falta de transparencia en los asuntos fiscales. La investigación reveló la frágil situación fiscal, diversas fallas en el proceso de elaboración del presupuesto, un elevado déficit gubernamental, un endeudamiento de niveles insostenibles, falta de planificación del gasto público, ausencia de metas claras y de métricas de evaluación de resultados; la marcada discrecionalidad en el gasto público, la falta de información y estadísticas confiables y accesibles a los ciudadanos; y la obsolescencia de los modelos de gestión y administración gubernamental implantados durante las pasadas cuatro décadas.

'La carencia de una política fiscal clara y coherente y la opacidad de la información ha llevado a una débil función por parte de las organizaciones a cargo de gestionar los asuntos económicos y fiscales', dijo Torres.

Las recomendaciones de los estudios realizados coinciden en señalar puntualmente la urgente necesidad de un marco jurídico integrado y coherente que obligue a los funcionarios públicos a transparentar la información y rendir cuentas por los resultados de su gestión.

El Proyecto de Ley P. de la C. 2469 sobre Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública en Puerto Rico, tiene como propósito dotar al país del marco jurídico sobre transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas alineado con los principios rectores de buena gobernanza pública reconocidos internacionalmente, opinó la deponente.

Lo sustantivo de la legislación sobre trasparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que la entidad propuso radica en que los ciudadanos deben contar con información clara, veraz y oportuna para participar activamente en la identificación de los problemas que les afectan, involucrarse en la identificación de las soluciones, integrarse a la toma de decisiones y pronunciarse sobre la gestión de sus agencias e instrumentalidades públicas.

'Esto permite que la gobernanza de la gestión de los asuntos públicos sea más transparente y abierta, generando confianza en ciudadanos, inversores y emprendedores lo que permite que el desarrollo económico se adelante de manera integrada y sostenida', dijo.

El P de la C 2469 establece que el acceso a la información se refiere a la facultad que tiene toda persona para acceder a toda información generada en el desempeño de la función pública y en poder de un organismo público o un servidor público. Este derecho, a su vez, está relacionado al derecho constitucional a la libertad de expresión, a la reparación de agravios y el derecho al voto con el objetivo de asegurar una ciudadanía informada que pueda ejercer plenamente los derechos mencionados. Su ejercicio no dependerá de que se demuestre un interés específico en la información.

'Es importante significar que el Proyecto de Ley no contempla cambios en las unidades de trabajo establecidas, ni en la estructura de clases, puestos y funciones ya que estas tareas se realizan al presente. De igual forma, no se requieren cambios a las estructuras organizativas actuales. La implantación de este proyecto de ley no reduce los controles internos de seguridad sobre la información gubernamental', sostuvo al apoyar el proyecto.

De otra parte, la Oficina de Ética Gubernamental también apoyó el proyecto pero pidió que se le excluyera del proyecto por lo delicada de su función investigativa. Sin embargo, aseguran que pueden adoptar medidas adicionales de ser necesario para cumplir con la política pública.

Mientras, el presidente de la Comisión cameral de Gobierno, José 'Conny' Varela, dijo que recibió en su comisión la resolución que presentó el representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro Suárez, para investigar la forma y motivos por los que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) determinó aumentar en un 67% aumento a la pensión de retiro otorgada al exdirector ejecutivo, Juan Alicea Flores.

Varela, indicó que leerá la resolución para decidir cuándo se le dará paso a la misma Asimismo, expresó que hay que estar atentos a las pensiones que reciben los funcionarios gubernamentales, que una vez dejan el cargo, y como en este caso, advienenen sumas extraordinarias en sus pensiones.