En el período del 2004 al 2013, bajo la administración de Jorge Santini Padilla, el Municipio de San Juan cobró un impuesto no autorizado con el pretexto de proteger terrenos en la ciudad capital, acto que resultó en la desaparición de al menos $1.3 millones con la sospecha de que esa cantidad podría ser mayor.

Un informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, publicado a finales de junio del año en curso, reveló que el ayuntamiento implementó el programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) --conocido como el 'Santini Tax'--, y consistía de un trato entre el gobierno municipal y los dueños de terrenos privados para que no se construya en esos espacios con el fin de conservarlos.

El mecanismo debía además cumplir con el 'Reglamento de las Nuevas Competencias para viabilizar el Desarrollo Urbano', o Reglamento de Planificación Núm. 21, adoptado por la Junta de Planificación el 5 de agosto de 1992.

De acuerdo a un archivo en Excel provisto a Contraloría por la entonces Directora de Finanzas de San Juan, el 'TDD Revenue Analysis' del Municipio fijó los recaudos en $10,788,279, desde el 26 de marzo de 2004 al 16 de junio de 2013.

El dinero suponía depositarse en una cuenta especial del Banco Popular, según el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), para compensar a los individuos que iban a proteger los terrenos de la capital. Esa serie de reportajes, bautizada como 'El impuesto oculto de Santini', afirmó que el programa TDD generó sobre $20 millones según se desprende en las aseveraciones del Memorial (Tomo I) de la Revisión del Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan. De esa cantidad, la Legislatura Municipal podía dar cuenta de $11.4 millones.

Al comparar la información del Municipio con aquella suministrada por la Oficina de Planificación y la Oficina de Permisos, la Contralora descubrió que el documento municipal carecía de una cifra de $1,287,656, por concepto de recaudos efectuados de noviembre de 2006 a junio de 2010.

Una posible razón detrás de ello fue que el dinero comenzó a registrarse como 'Ventas Misceláneas' en los libros financieros municipales por seis años y no fue hasta julio de 2010 que adoptó el nombre 'Transferencia Der. Des. - TDD'.

Basado en eso, la Contralora señaló que no pudo conocer con exactitud las recaudaciones en el Municipio a raíz del Programa de TDD. De esa suma, la agencia fiscalizadora confirmó a NotiCel que se gastó todo y no fue devuelto ni un solo centavo.

Como si fuera poco, la iniciativa no contaba con la aprobación de la Asamblea Legislativa, ente constitucionalmente facultado a fijar impuestos, ni cumplía con la Ley 81 de 1991, o Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991.

'Aún cuando la imposición del cargo, al que llamaron Derechos del Programa de TDD, se presume válido al establecerse como parte del Reglamento de Ordenación Territorial, este tuvo la consecuencia de imponerle un gravamen adicional a las obras de construcción sin la autorización expresa de la Asamblea Legislativa', clarifica el informe.

Pese a las discrepancias, la Contralora no hizo referidos al Departamento de Justicia ni otras agencias pertinentes. En su lugar, dejó abierta la posibilidad a que un tribunal declare como inválido el gravamen a las obras de construcción.

'El informe es un toallazo, pero ratifica que el dinero que se cobró fue ilegalmente. Debía haber un referido [a Justicia]. Estamos 50 por ciento de acuerdo con el informe', expresó a este medio Marco Rigau Jimenez, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan.

El líder legislativo indicó que fueron sus correligionarios quienes presentaron una querella a la Oficina de la Contralora por motivo del TDD y que en el 2013 anularon el programa. Según el informe, el 16 de junio de ese año se efectuó el último cobro de la iniciativa.

Rigau Jimenez subrayó que el Departamento de Justicia podría intervenir, pese a que no se hizo un referido oficial, pues se trata de una cantidad sustancial de dinero y una comisión de delito.

El informe recomendó a la actual alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, a arreglar los incumplimientos del TDD con la Ley 81 y el Reglamento de Planificación 21 previo a una futura reactivación del programa.

Del mismo modo, aconsejó el establecimiento de mejores controles administrativos y fiscales para que no se repitan los problemas encontrados.

Por otra parte, pidió a la Junta de Planificación a enmendar el Reglamento de Planificación 21 conforme a la Ley 81 y velar por su cumplimiento.

NotiCel contactó a Santini Padilla en aras de recibir una reacción al informe, pero al momento no hemos recibido respuesta.

La investigación del CPI comprobó que más de 30 de los terrenos que debían protegerse como parte del programa TDD municipal fueron segregados y se convirtieron en casas, condominios y negocios.

Encima de eso, el impuesto aplicaba exclusivamente a quienes fueran a construir un nivel por encima del límite que le permitía su zonificación, pero cientos de residentes recibieron una hoja de cobro.

Mira el informe: