Cada vez se escuchan más voces que se adhieren a la noción que ven en la reestructuración de la deuda, la solución a la crisis económica que sufre Puerto Rico. No obstante, algo me dice que son pocos los que se han tomado tiempo para entender lo que conlleva un proceso de reestructuración. Creo que es necesario tener una idea clara de lo que puede implicar la adopción de tal ruta. Pronto tendremos la ventaja de observar de cerca un proceso de esa índole. La experiencia nos enseñará mucho. Se trata de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

La reestructuración de la deuda de una corporación pública es más limitada y un tanto menos compleja que lo que sería manejar un proceso que incluyera toda la deuda del Estado Libre Asociado (ELA). La diferencia no se limita meramente a las magnitudes envueltas. Hay diferencias sustanciales cuantitativas y cualitativas. Habrá efectos colaterales de gran porte. Los efectos sobre el resto del sistema económico de Puerto Rico diferirán en escala y en la profundidad. Los efectos colaterales no se limitarán a las instituciones y actores directamente envueltos con elementos económicos o financieros. Por el contrario, los efectos sobre el sistema social serán amplios.El escenario de la bancarrota

Me temo que aun entre los que abogan por la reestructuración, especialmente entre ellos, no hay un claro conocimiento de lo que se está proponiendo. La experiencia que se desprende de otros casos nos indica que deberemos estar preparados para afrontar ciertos ajustes dolorosos. Ajustes que provocarán resistencia tenaz. Esa resistencia tendrá como resultado un período de inestabilidad, turbulencia e incertidumbre.

La reestructuración requerirá, por lo menos, ajustes profundos en áreas que hasta ahora han sido evadidas por el sistema político del país. Por ejemplo, será indispensable una reforma del mercado laboral; el sector público tendrá que ser ajustado a un escala compatible con las capacidades y recursos disponibles a una sociedad cuya economía no puede sostener el gobierno que tiene hoy día; el sistema de gobiernos municipales no es viable y tendrá que ser ajustado a las nuevas realidades; el rol del gobierno en la economía deberá ser limitado a ciertos aspectos regulatorios y de seguridad pública. Mientras el gobierno se limitará por un lado, por otro tendrá que alterar prioridades para expandir su contribución a la economía, especialmente en lo que respecta a la inversión en infraestructura.

Los cambios forzados en prioridades y las limitaciones impuestas por los compromisos del gobierno provocarán la protesta de todos los sectores sociales. Lo que estamos viendo hoy día con el proyecto llamado transformación contributiva es un paseo comparado con el volcán que hará erupción.

Para complicar el panorama de la reestructuración no debe perderse de vista que Puerto Rico habita una especie de limbo en el que existe un vacío. Un vacío en cuanto a reglas para ordenar los procesos de negociación y ejecución de acuerdos. Más aún, no existe un ente que provea financiación puente para viabilizar los tiempos de ajuste parcial.

La dificultad más formidable surge del problema que está en la raíz del estancamiento económico. En la medida que Puerto Rico pueda estabilizar las finanzas de su gobierno, tendrá que impulsar su participación en la economía mundial. Es decir, tendrá que añadir valor a la economía del mundo por vía de la exportación de su produccion. Nada podrá ignorar ese factor fundamental. La solución está en la capacidad de producción de la economía. De ahí que el modelo estatista no funciona. Deberá ser el sector privado el que logre expandirse y exportar. Eso será posible en la medida que la interferencia del gobierno se reduzca a lo indispensable. Los costes transaccionales tendrán que reducirse dramáticamente. El gobierno es responsable de gran parte de la madeja de requerimientos innecesarios que ahogan los esfuerzos de producción. Este ha sido el resultado de esfuerzos de protección que sólo han producido un sector privado improductivo y dependiente del gobierno.

De lo que se trata no es simplemente de postergar unas fechas de vencimiento, unas tasas de interés, ni siquiera de reducir unos montos en la deuda pendiente de pago. Se trata nada menos que de alterar las relaciones que sostienen esta sociedad. Una sociedad dependiente que consume en exceso que creó expectativas compatibles con un estándar de vida que ahora no es viable. Poco a poco esta realidad irá penetrando en la psiquis colectiva. Habrá un periodo adicional de negación probablemente acompañado de una convulsión. Eventualmente, la aceptación ocurrirá. Pero ello dependerá del liderato iluminado que surja de las cenizas de la estructura de partidos políticos que ha producido este gran fracaso.

Así como aprendemos de la historia, podemos aprender del futuro. La construcción de escenarios nos permite explorar y aprender del futuro. La encrucijada en que nos encontramos como sociedad obliga a esa exploración para anticipar lo que experimentaría la sociedad puertorriqueña cuando se produzca una declaración oficial de insolvencia e incapacidad para honrar los términos del pago de las deudas del Estado. Urge que exploremos los futuros plausibles y probables que nos acechan. La construcción de escenarios nos ayuda a entender ese tenebroso futuro. Tenebroso por lo incierto y confuso que se presenta.

De antemano le pido indulgencia al lector por el atrevimiento que constituye la aventura que emprendo aquí. No pretendo hacer un pronóstico. Sólo intento colocar en algún orden lógico eventos que probablemente ocurran.

Una vez se haga patente la incapacidad o la ausencia de voluntad para efectuar los pagos correspondientes a los vencimientos, el mercado de capital se cerrará herméticamente. Es decir, ni siquiera los fondos de cobertura podrán justificar la adquisición de deuda del Estado Libre Asociado (ELA) o de sus corporaciones públicas. No harán distinción entre obligaciones generales supuestamente respaldadas por la constitución de aquellas que no cuentan con tal respaldo. Los valores de la deuda que aun se trafica en el mercado secundario se acercará a unos 16 centavos por dólar.

El efecto sobre otros activos financieros y reales poseídos por las familias o por el ELA reflejarán un colapso similar. La sociedad puertorriqueña habrá experimentado un empobrecimiento súbito de portentosa magnitud.

El capital financiero, que es el más ágil, abandonará la economía de Puerto Rico en las etapas inmediatamente precedentes a los eventos que precipitarán el resto de la gran fuga de activos. Le seguirán otros activos en orden dictado por su liquidez. La titularidad de los activos reales irá a la zaga, pero, sin duda, irá. El estándar de vida de la población residente se precipitará.

Al cerrarse el mercado de capital para el gobierno del ELA, se paralizará la inversión pública. La privada seguirá el mismo derrotero. La influencia desproporcionada que aún tiene el sector público sobre la economía del país actuará, en ese período, como una potala sobre el resto de los sectores.

El gobierno del ELA perderá el control de la administración de sus corporaciones públicas. Ese será parte del coste de la bancarrota. Ello provocará gran efervescencia política y social. Las fuerzas de la anarquía intentarán desestabilizar el gobierno para ocuparlo y aprovechar la crisis en favor de sus particulares agendas ideológicas.

Como es de esperarse, los efectos de este cataclismo social no serán distribuidos equitativamente a través de la sociedad. Los estratos demográficos más vulnerables y débiles sufrirán con mayor intensidad el rápido deterioro del estándar de vida. Los viejos no podrán sobrevivir para disfrutar de la recuperación porque ello tomará más de una generación. Las generaciones jóvenes acelerarán la emigración. Ese fenómeno ya se manifiesta.

Volviendo a los efectos directos de la bancarrota, es razonable esperar que los acreedores obtengan ordenes expedidas por los tribunales para tomar control de las entidades corporativas del ELA. El concepto de gobierno propio quedará hecho pedazos ante las exigencias de la realidad. Así está ya pactado en los contratos de fideicomiso que rigen como ley entre las partes entre las entidades del ELA y sus bonistas desde 1974. En el proceso la economía de Puerto Rico habrá continuado su encogimiento y las familias de clase media habrán perdido el 75% del valor de sus activos.

Este es un futuro plausible que deberá evitarse a toda costa.

*Una versión de estos escritos fue publicada en Sincomillas.com.