Participación, transparencia, diálogo, concertación, plan de país, multisectorial, evaluación, desarrollo, sustentabilidad, reingeniería, reestructuración, balance, alternativa. Son nombres, verbos, adjetivos, en fin, palabras utilizadas para describir un nuevo modelo de gobernanza. Palabras que escuchamos con tal frecuencia que van perdiendo efecto. El glosario político se ha nutrido y abusa del uso de las palabras que conforman esa muestra y de otras que por el momento dejo escapar.

Un buen ejemplo de cómo el sistema político tuerce la realidad y se engaña así mismo se manifiesta en torno a las finanzas públicas. El gobierno ha sido irresponsable con el manejo de los haberes. La lucha política se centra en los presupuestos. Los presupuestos son ejercicios de pura contabilidad. La contabilidad de doble entrada es el instrumento fundamental que hizo posible el capitalismo. Fue puesta en aplicación general en el siglo 13 en Florencia. Probablemente, la virtud más importante del sistema de contabilidad que sostiene el capitalismo es que detecta errores. Cuando los gastos exceden los ingresos el sistema genera un aviso. A este aviso se le denomina déficit. Los déficit se acumulan de año a año y van añadiéndose al monto de la deuda pública. Una buena parte de la deuda pública del ELA se acumuló de esa forma.

Los políticos a los que el electorado ha encargado de administrar los bienes públicos cumpliendo con ciertas reglas básicas no lo han hecho. Una de esas reglas consiste en no empeñarse en aprobar presupuestos de gasto en exceso de los ingresos proyectados. Este mandato fue considerado con tan alta prioridad en la escala de importancia que la misma se incorporó a la Constitución. La Constitución es la ley que gobierna al Gobierno.

No obstante, los políticos responsabilizados por regentear los haberes del Estado han hecho caso omiso del mandato constitucional referente a la relación entre ingresos y gastos. Cuando los números de ingresos y gastos no cuadran, los políticos y funcionarios han recurrido una y otra vez a la maravillosa frase que reza de la siguiente manera: '...no es un asunto contable, se trata más bien del desarrollo económico...'

Siguiendo el mismo estilo, cuando se enfatiza la necesidad de cumplir con obligaciones dictadas por la deuda pública, algunos dicen que es 'impagable'. Los que así lo afirman, no se aventuran nunca a decir si se refieren a la totalidad o a una parte de la deuda. Si fuera a una parte, uno espera que nos ilustren explicando qué por ciento de ella sí sería 'pagable'. Claro, cuando se plantea la 'alternativa' en la cuál 'otro' es el que paga, súbitamente el 100 por ciento sería catalogado 'pagable'.

La alternativa ante el más mínimo sacrificio consiste en recetar el diálogo y reclamar la transparencia. Diálogo interminable y transferencia en una sola dirección. Diálogo que buscará un solución sin dolor, adecuada y promotora del desarrollo económico. Una alternativa que no conllevará despidos de empleados públicos, recortes en partidas de subsidio, no conllevará la suspensión de ningún programa social. Se presume que tal alternativa existe y que será una alternativa de 'consenso'. Por definición, dado que existe la alternativa y que la misma será de 'consenso', nadie estará opuesto a ella, todos la apoyarán. Por supuesto, para acomodar a los que se oponen al cambio por el cambio mismo, todo seguirá igual.

El sistema de gobierno que rige en Puerto Rico está basado en el modelo de democracia representativa. Un grupo de candidatos se presentan al electorado. Algunos son elegidos y otros no. La regla de oro es que la mayoría manda y escoge. Los escogidos gobiernan por el período de tiempo que se haya preestablecido al momento de su elección. Existe una creciente frustración con el funcionamiento de este modelo de gobierno cautivo, como está, de los partidos políticos y con los resultados que es capaz de mostrar.

Un movimiento que persigue la reconquista del poder ciudadano por vía de un grado de injerencia e intervención directa por grupos que emanan de la llamada sociedad civl provee métodos y estrategias novedosas que luchan y compiten con los procesos tradicionales de gobierno. La democracia participativa alega aproximarse más al concepto original griego de democracia directa. En esta nueva versión del modelo de gobierno democrático los representantes electos pierden su capacidad para dilucidar, proponer y aprobar decisiones de forma libre. Los reclamos de participación y transparencia se convierten en instrumentos de control ejercidos por grupos, segmentos, y facciones que paralizan los procesos decisionales que antes controlaban los representantes, una vez electos.

Los números que definen las mayorías electorales ceden su predominancia a la capacidad de organizar. La capacidad de organización se convierte en el factor determinante del poder. La aplicación de instrumentos de comunicación instantánea otorgan a líderes espontáneos el potencial para organizar un mínimo de las poblaciones y hacer imposible la gobernación desde las instituciones tradicionales de la democracia representativa.

Paradójicamente, la adopción de métodos y tácticas como los practicados por movimientos que alegadamente propugnan la democracia participativa pueden convertirse en impedimento formidable que haga imposible la gobernación bajo condiciones normales de representatividad. En ese caso, optar por medidas de emergencia puede resultar en períodos de gobernanza de excepción. El decir, el resultado de la excesiva participación, transparencia, diálogo y persecución de un arisco consenso, puede conducir a un estado final menos democrático que el que rige con todos sus defectos bajo el modelo de representatividad. El peligro de la ingobernabilidad se agiganta cuando se incorpora un elemento adicional. La población en general no posee el conocimiento mínimo necesario para analizar y llegar a conclusiones correctas y a decisiones acertadas para resolver problemas complejos producto de una sociedad infinitamente más compleja que la sociedad de las ciudades griegas que inventaron la democracia representativa.

*El autor es economista.