NotiCel abre un espacio para las propuestas novedosas y arrojadas en lo social, económico y político, de forma que se pueda superar la crisis construyendo un nuevo país. Participan la senadora del Partido Popular Democrático por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González (@mtsenadora), y la candidata a la Comisaría Residente por el Partido Nuevo Progresista, Zoe Laboy (@zoelaboy).

Sensibilidad y cumplimiento

Por: Mari Tere González (@mtsenadora)

Antes de llegar al Senado de Puerto Rico, fungí como Jueza Administradora del programa de Educación Especial. Esta experiencia me dio la oportunidad de atender y dilucidar todo tipo de querellas y ser empática a las necesidades de esta población en un foro provisor de servicios. Desde entonces, comprendí la necesidad de transformar con sensibilidad este programa y, a su vez, vindicar los derechos de los estudiantes registrados en esta corriente.

El Departamento de Educación, por mandato constitucional y estatutario, está obligado a garantizarle a nuestros niños(as) una educación gratuita y adecuada que propenda al pleno desarrollo de su personalidad. Sin embargo, y lamentablemente, hemos sido testigos del constante incumplimiento por la falta de servicios educativos y relacionados que cada estudiante requiere conforme a su diagnóstico o condición.

Luego de varias décadas, hoy nos encontramos en el mismo punto de partida de luchas e inconformidad con los servicios ofrecidos. Esta triste realidad nos lleva a formularnos unas interrogantes: Cuál es el problema? Son nuestros niños con diversidad funcional nuestra prioridad? La burocracia y la politización del sistema son parte del problema? Están siendo nuestros niños bien diagnosticados? Han sido efectivas las corporaciones que atienden las necesidades de esta población?

El panorama que enfrentamos es serio, preocupante e insostenible. Las estadísticas vertidas por el Departamento de Educación evidencian que día a día se registran más estudiantes con necesidades cognoscitivas, emocionales o físicas. Actualmente el Programa de Educación Especial atiende a 160,521 estudiantes, lo que equivale al 39% de la matricula total, y se espera que para el próximo año escolar, esta cifra aumente significativamente. Resulta cuestionable que pocos o ninguno de estos estudiantes logra superar su condición. Es meritorio señalar que eludir los servicios de esta población podría conllevar recrudecer su diagnóstico así como la violación a sus derechos civiles.

Para enfrentar nuestra problemática, es necesario comparar modelos, en los cuales se identifican a los estudiantes con necesidades especiales y se les dirige hacia donde puedan ser productivos a su País. De esta forma, los servicios deben enfocarse en identificar y desarrollar su potencial, de modo que puedan ser independientes y productivos en la sociedad.

En estos días se ha estado hablando sobre las tarifas de especialistas por el recurso de Remedio Provisional, donde media un contrato entre especialista y padres, pero no hemos evaluado el por qué los padres prefieren este servicio inmediato, en vez del que ofrecen las corporaciones que contrata el Departamento.

El derecho a la educación de nuestros hijos(as) no puede ser un asunto numérico, sino que se trata de una cuestión intrínsecamente ligada a la dignidad humana. Es tiempo de enfocarnos en realizar un verdadero estudio de necesidades por estudiante para identificar el tratamiento y los servicios educativos y particularizados que debemos ofrecerles. Tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad de los funcionarios(as) que atienden a esta población hacia un enfoque de ofrecer y facilitar, sin excusas, lo que necesiten los estudiantes con necesidades especiales sin dilación, pero también se necesita la voluntad, la entrega y dedicación de los padres para que se conviertan en verdaderos aliados de los procesos educativos de sus hijos(as). Salir de la cultura del incumplimiento y las multas presupuestadas a una de sensibilidad, garantías, cumplimiento y servicios de excelencia.

Parte de los esfuerzos y gestiones que he realizado desde el Senado de Puerto Rico, se consignan en el Proyecto del Senado 816, aprobado en el Senado y ahora ante la consideración del cuerpo hermano, para hacer valer la Ley 51-1996, a los fines de garantizar el cumplimiento efectivo de los servicios a esta población estudiantil. Con esta medida se le daría paso a la creación de la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimento, como un componente operacional autónomo del Departamento. Exhorto a mis compañeros(as) representantes a atender esta medida con la responsabilidad que amerita, para eliminar la burocracia que no permite de forma efectiva la prestación de servicios y que obliga a esta Secretaría a permanecer bajo la estructura anquilosada del Departamento de Educación.

Resulta imperativo movernos a construir un nuevo sistema estructural, que esté más cerca de las necesidades de cada familia con niños y jóvenes con necesidades especiales. En el nuevo Puerto Rico que habremos de labrar nadie puede quedar rezagado, olvidado, mancillado ni marginado, para lograr un País justo, equitativo y productivo resulta impostergable comenzar a cumplir con nuestros niños y niñas de Educación Especial, ellos y sus padres no pueden esperar más.

Un triunfo a medias para nuestros niños y niñas de educación especial

Por: Zoé Laboy (@zoelaboy)

Cautivos por un sistema disfuncional donde ha reinado la improvisación y la implementación de políticas equivocadas, generacióntras generación nuestros niños y niñas de educación especial y sus familias han sufrido el menosprecio de quienes están llamados a protegerles. Nuestra Constitución dicta que toda persona tiene derecho a una educación que le permita tener un desarrollo pleno de su personalidad y que tenga como fin el fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales, además, que el sistema de instrucción pública será libre y enteramente no sectario. Irónico no? Al echar un vistazo a la historia, viene automáticamente a nuestra memoria cómo l@s funcionari@s del gobierno le han fallado a nuestros niños y niñas, y peor aún, han quedado impunes.

Recientemente el gobierno presumió haber alcanzado un 'gran' acuerdo transaccional en el importante caso de Doña Rosa Lydia Vélez, quien desde el 1980 lleva luchando en los Tribunales de Puerto Rico por los derechos de su hija Isamar Malaret Vélez, y por los de tantos otros miles de estudiantes de educación especial. Según ella ha expresado, decidió transar el caso por la tardanza de los Tribunales y pensando en asegurar el futuro de su hija que hoy tiene 41 años. Ella está completamente segura de que 35 años de lucha no tienen precio. Como madre me pregunto si hay algún límite en la lucha de una madre por sus hijos e hijas. Siempre estamos dispuestas a hacer lo imposible, y en ocasiones se nos va la vida en el intento. Doña Rosa Lydia, que nos ha dado cátedra de su compromiso y su entrega, no solo como madre sino como representante de nuestros niños y niñas, ha decidido asegurar el futuro de su hija y el de much@s otros@. Simplemente admirable y como madre me siento llamada a seguir su ejemplo.

Que no cante victoria el gobierno ni se adjudique méritos a medias. Como pueblo estamos llamados a no ser cómplices de injusticias, y mucho menos con aquell@s que han sido por años incesantemente vilipendiados por el Departamento de Educación de Puerto Rico. No podemos callar ante la falsedad de este gobierno de utilizar tantas batallas de nuestros niños y niñas para lucrarse y lavar su moribunda imagen ante un pueblo cansado de sufrir injusticias de la peor calaña. Esta actuación es simplemente reprochable y tenemos que denunciarla.

Es importante señalar que el acuerdo sólo resuelve una parte del pleito, quedando aún pendiente por resolver las reclamaciones de miles de demandantes y aspectos importantes del caso. Además, cabe señalar que al inicio del pasado semestre fuimos testigos del mal manejo del DE ante la falta de maestr@s y asistentes de servicio (T1) para atender a los niños y niñas de educación especial. Vimos a los padres y madres, ante la mirada insensible del gobierno, tirarse a la calle desesperados dispuestos a cerrar escuelas con el propósito de llamar la atención para que sus reclamos fueran atendidos. Igualmente, entre enero del 2013 a febrero 2014 se radicaron cerca de 2,800 querellas contra el DE por falta de servicios apropiados para nuestros niños y niñas de educación especial.

Señoras y señores, los servicios a nuestros niños y niñas no deber ser mendigados, deben ser una prioridad para tod@ funcionari@ público cuyo deber es servir al pueblo. Aún estamos a tiempo para reaccionar y continuar la lucha para que nuestros niños y niñas con diversidad funcional reciban los servicios básicos para su desarrollo. No le demos la espalda a l@s nuestr@s y sigamos el ejemplo de Doña Rosa Lydia.