Abogados y comentaristas políticos expresaron opiniones divididas en cuanto a si es apropiado que los jueces, que acudirán a los tribunales hoy para demandar al gobierno, sean los mismos que decidan la constitucionalidad de la reforma de su propio Sistema de Retiro de la Judicatura.

Para el analista político y abogado, Luis Dávila Colón, no existe ningún conflicto ético porque existe la doctrina de la necesidad o modelo de excepcionalidad legal.

'Alguien tiene que decidir. Los jueces son los llamados constitucionalmente a ser los árbitros finales de las controversias. No hay tal conflicto. La disposición es clara', dijo Dávila Colón.

De igual forma, el ex senador popular, Eudaldo Báez Galib, opinó que no hay conflicto ético debido a que la constitución 'no visualiza que una controversia la vea otra persona que no sea un juez' y porque los jueces tienen igual derecho que otras personas a dirimir sus asuntos en los tribunales. Báez Galib anticipó que la controversia sobre la constitucionalidad de la reforma al sistema de pensiones de los jueces irá directamente al Tribunal Supremo 'para evitar que los jueces de instancias y apelativos tengan que decidir sobre el tema.'

El ex fiscal Ernie Cabán, no obstante, opinó que si existe un conflicto ético porque el caso está estrictamente ligado a los beneficios de los jueces y la decisión que se tome los afectará a todos.

Destacó que precisamente entre las causas para que un abogado pida que un juez se inhiba de un caso, está la del posible conflicto de interés que pueda tener en la resolución del mismo. 'Aquí es imposible desligar al juez de la resolución del caso', dijo.

Cabán sostuvo que aunque un juez es el llamado a resolver controversias e interpretar las leyes 'el juez debe también ser una parte imparcial' en un caso.

El ex fiscal sugirió que los casos en que se cuestione la constitucionalidad del sistema de retiro de la Judicatura se deben radicar en el Tribunal federal bajo algún estatuto federal que lo cobije. En la alternativa, Cabán propuso que se nombre un panel de ex jueces retirados para que se dirima la controversia.

No obstante, tanto Baez Galib como Dávila Colón opinaron que no existe otro mecanismo que no sea el que los jueces locales diriman la controversia.

Los comentarios de los analistas surgen debido a que la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura decidió el sábado presentar hoy un recurso en el Tribunal de San Juan en contra de la reforma del sistema de pensiones por entender que es inconstitucional y por empeorar sus condiciones de jubilación.

La iniciativa de los jueces puertorriqueños llega después de que el Gobernador convirtiera en ley la Reforma del Sistema de Retiro de Jueces, que aumenta del 8 % al 10 % la aportación individual de los magistrados activos para su jubilación y reduce de 75 % a 60 % la pensión sobre el salario que recibirán los jueces al jubilarse. La reforma también elimina ciertos bonos como los de medicamentos y Navidad.

Los jueces alegan que la reforma viola disposiciones constitucionales que prohiben que se reduzcan sus salarios y emolumentos durante el termino en que fueron nombrados, todo en aras de mantener la independencia judicial.

El recurso legal contra la reforma de las pensiones sería el segundo que presenta la judicatura contra el actual Gobierno, después de que el juez Germán Brau, del Tribunal de Apelaciones, presentará en los tribunales una demanda para que se declaren inconstitucionales las enmiendas aprobadas al sistema de pensiones de los jueces.

Cabán al igual que Baez Galib vieron otros problemas con la controversia sobre el sistema de pensiones. Uno de ellos es cómo el Tribunal Supremo va a tomar una determinación que sea conciliatoria con su decisión previa sobre la constitucionalidad del sistema de pensiones de los empleados del gobierno central.

Cuando los jueces declararon que la Ley 3, que enmendó el sistema de pensiones de los empleados públicos, era constitucional, establecieron que el gobierno tenía un interés apremiante de salvar la situación fiscal del país, el cual que iba por encima de los intereses de los empleados públicos.

El Supremo en aquel momento decidió que la Asamblea Legislativa consideró otros tipos de medidas para resolver el problema apremiante de solvencia que tenía el Sistema de Retiro, pero concluyó que no eran factibles.

Los jueces del Supremo destacaron que todos los constituyentes del Sistema y todos los contribuyentes tenían que aportar a la salvación de las pensiones.

Además, el Supremo concluyó que la Reforma del Sistema de Retiro del gobierno central era constitucional porque, a pesar de que existía un menoscabo sustancial de las obligaciones contractuales en controversia, las medidas implantadas eran razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del sistema.

Baez Galib fue mas lejos al señalar que en la decisión los jueces dijeron que el estado de emergencia fiscal decretado en la Ley 7 bajo la administración del ex gobernador Luis Fortuno seguía vigente y que por eso de podía ir por encima de los derechos adquiridos de los empleados.

'Se les va a hacer difícil justificar que no se vaya por encima de un derecho adquirido que es también de rango constitucional', dijo Báez Galib.

De otra parte, Baez Galib, quien es abogado, dijo que el Supremo tendrá que definir claramente 'que son salarios y que son emolumentos' debido a que en algunas decisiones los dos términos son lo mismo y en otras no.

'La Constitución dice que no se pueden reducir los salarios, pero qué son emolumentos?', preguntó Baez Galib.

De otra parte, Baez Galib mencionó que los jueces tendrán que lidiar con el problema de que la propia Constitución le da a la Legislatura la potestad para regular el sistema de pensiones de los jueces.

'Aun cuando los jueces tengan razón en sus planteamientos, aquí también hay un problema de imagen porque los jueces también lo han hecho parecer como que son diferentes a los demás jubilados. El juez que decida podrá tomar la decisión mas honesta pero la gente va a dudar,' dijo Baez Galib.

Para Dávila Colón, no obstante, el problema no tiene que ver con el sistema de pensiones sino con algo más importante que es la independencia judicial.

'La Legislatura puede reglamentar el sistema de pensiones, pero no puede bajar ni salarios ni emolumentos. La propia Constitución protege los salarios. Eso es para impedir que los jueces sean víctimas de vendettas y represalias…Los jueces si son distintos al resto de los empleados públicos', dijo Dávila Colón.

Al preguntársele sobre la Ley 7, Dávila Colón dijo que no hay ninguna base racional para que el gobierno atente contra el las pensiones de los jueces activos debido a que el sistema de retiro de la Judicatura es uno pequeño con un déficit de $357 millones distinto a los del gobierno central y el de los maestros, los cuales tienen un déficit acumulado de sobre $27 mil millones, y por lo tanto, si había un interés apremiante en reformarlos.

'La independencia judicial es sagrada y es un principio mucho más apremiante que hay que mantener', dijo Dávila Colón.

El analista político criticó a los legisladores, en especial al presidente del Senado Eduardo Bhatia, por 'en una movida politiquera' querer equiparar a los magistrados del país con otros empleados públicos cuando en realidad no lo son.

'Cedieron por cuestiones políticas cuando el chatarrazo viene como quiera porque no hay crecimiento económico', opinó Dávila Colón.

Cabán, de otra parte, opinó que los jueces no tienen razón en sus reclamos porque la reforma no está tocando sus salarios sino que está poniendo más dinero en su retiro. 'No es bajarle el salario sino que aporten más', sostuvo Cabán.