La lectura combinada de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre los bonistas de Retiro, que NotiCel publicó en primicia el sábado pasado, y el informe de investigación sobre la deuda que la Junta de Control Fiscal (JCF) emitió el lunes proveen el cuadro más completo hasta ahora de la controvertible emisión que la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) hizo en 2008 con la conflictiva complicidad de la casa de inversiones UBS.

Desde un principio la emisión que manejó el exjefe de Retiro, Juan Cancel Alegría, estuvo cuestionada pero hoy, 10 años despues, estas evaluaciones confirman el absoluto protagonismo de la transacción como el último clavo en el ataúd del retiro de los empleados públicos y que, a pesar de que están identificados los perpetradores y hasta las posibles infracciones de ley, la impunidad reina.

Aparte de la evaluación judicial de Swain, la de los investigadores de la deuda y la de un informe de Conway McKenzie de 2010, ninguna autoridad del Gobierno de Puerto Rico ha llamado a capítulo, criminal o civil, a los participantes de la transacción.

Los ofrecimientos de bonos fueron uno el 29 de enero de 2008 por $1,588,810,799.60, otro el 28 de mayo de 2008 por $1,058,634,613.05 y el 26 de junio de 2008 por $300,202,930.

A pesar de que el informe de investigación de la deuda que sometió Kobre & Kim el lunes exime a funcionarios de Retiro y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de actuar con 'mala fe', la realidad es que desde el principio las emisiones se diseñaron con el propósito expreso de evadir la revisión de la Legislatura de Puerto Rico, la cual ya había detenido un intento de emitir bonos de Retiro.

El muñeco lo montó el banco de inversiones UBS en una forma que sería ilegal bajo la ley federal de transacciones financieras de no ser por que la ley había hecho una excepción para que no aplicara en Puerto Rico. Esa excepción permitió que UBS fungiera, a la vez, como asesor de Retiro, como banco suscribiente de la emisión y como comprador de la emisión.

A pesar de que la intención era vender la emisión fuera de Puerto Rico y usar los recaudos para realizar inversiones que dieran respiro a largo plazo a los fondos de Retiro, la realidad es que se vendió completamente en Puerto Rico y que los $1,300 millones que recaudó se quedaron congelados en el BGF para seguir pagando las pensiones día a día en vez de invertirlo.

La venta de los bonos completamente en Puerto Rico le da una nueva dimensión a la decisión de Swain de negarle a esos bonistas derecho a reclamar acceso a los ingresos de Retiro para conseguir su repago. El fallo de Swain no afectó a bonistas de ningún otro lugar, afectó exclusivamente a puertorriqueños que compraron esos bonos a traves de los fondos de inversión de UBS.

En esta decisión, los bonistas locales quedaron sacrificados en el altar de la Ley PROMESA ya que la jueza decidió que ese era el curso más apropiado para garantizarle a la Junta de Control Fiscal (JCF) la flexibilidad suficiente para poder eliminar compromisos de repago que existieran sobre cualquier tipo de transacción financiera del Gobierno de Puerto Rico en el caso de quiebra. Para poder dar oportunidad de sacar chavos para pagar las pensiones de hoy, la jueza sacrificó a los puertorriqueños que compraron bonos de Retiro ayer, algunos de los cuales pueden ser personas que compraron los bonos precisamente como un mecanismo para tener dinero en su retiro.

De la decisión de la jueza resalta que fue una omisión, error o negligencia del propio gobierno, asesorado por UBS, lo que resolvió el caso: tan sencillo como que en los documentos que constituyen el ofrecimiento del bono no se identificó apropiadamente el nombre de la entidad que emite el bono ni se especifica sobre que activo de la agencia es que se perfeccionaría el gravamen para asegurarle el pago a los bonistas. La decisión ocurrió a pesar de que, en un pleito anterior, el propio Sistema de Retiro había admitido que si, que los bonistas tenían un gravamen perfeccionado para cobrar su deuda.

Las actuaciones llamativas no son solo estas. El informe de Kobre & Kim establece la posible responsabilidad de otros actores privados.

'[L]a evidencia demuestra que, previo a emitir los bonos, los Sistemas de Retiro habían contratado a una filial de UBS PR para consultar sobre su cartera de inversiones y que parte de esa cartera era manejada por los afiliados de manejo financiero de Mesirow, Santander Securities y Popular Securities. Se puede argumentar que cada una de estas entidades iban a tener ganancias con los recaudos de esos bonos. Así que, cuando otras afiliadas de UBS, Santander Securities y Popular Securities suscribieron los bonos de Retiro, y otra afiliada de Mesirow actuó como asesor financiero del BGF para la transacción, se creó un conflicto de interes potencial entre los intereses lucrativos de sus afiliadas y los mejores intereses de sus clientes, a saber, el BGF y Retiro', plantea el informe de investigación de deuda.

'Al aplicar la ley a estas circunstancias, Retiro, el BGF, cada uno de sus asesores (incluyendo a Mesirow), sus suscribientes (incluyendo UBS, Santander y Popular) están o estuvieron sujetos a responsabilidad potencial por cualquier omisión o declaraciones erróneas en los ofrecimientos de bonos de 2008', añadió. Pero, a la vez, el informe adelanta que las reclamaciones pueden estar ya expiradas en ley por el tiempo que ha pasado y que impugnar el juicio de los funcionarios del BGF y Retiro que intervinieron implica probar negligencia o mala fe para que no se defiendan diciendo que fue un 'juicio de negocio' aceptable.

Ausente otras alegaciones o circunstancias, el camino que quedaría para recobrar algo de toda esta trama es, para los bonistas, comparecer al caso de quiebra como un acreedor más y, si ganan, obtener un repago a plazos. Para los que aleguen mala actuación de los bancos, asesores o funcionarios, el camino sería comparecer al caso y, si alguna de esas entidades comparece a cobrar tambien del gobierno, entonces que su responsabilidad por estas emisiones se le pueda restar de lo que vayan a cobrar del gobierno en el caso de quiebra.

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Para leer la decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre los bonos de Retiro, pulse aquí: