Propietarios y desarrolladores de 11 complejos para adultos mayores con sede en Puerto Rico tendrán que reparar sus estructuras para resolver reclamos que indican que los apartamentos desarrollados son inaccesibles para personas con discapacidades. 

La movida hace parte de un acuerdo entre los propietarios de los complejos y el Departamento de Justicia federal, en el que se aborda también que el grupo de complejos tendrá que pagar un total combinado de $ 335,000 tras una demanda presentada. También se pagará una multa civil de $ 10,000 a los Estados Unidos.

Los complejos en cuestión, que fueron todos construidos con asistencia financiera del Programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos del gobierno federal u otros programas federales, son:

Fernando L. Sumaza & Co., Inc. Propiedades afiliadas

La Inmaculada Ancianos, San Juan, PR

Jardines Marie, Cabo Rojo, PR

San Cristóbal, San Juan, PR

Centro de Ancianos San Fernando, Mayagüez, PR

Virgen del Pozo, Sabana Grande, PR

Propiedades afiliadas de Star Management Corp.

Ancianos de Florida, Florida, PR

Isabela Ancianos, Isabela, PR

Monserrate Ancianos, PR

Morovis Ancianos, PR

Patillas Ancianos, Patillas, PR

Sunrise Elderly, San Juan, PR

El acuerdo, que aún deben ser aprobado por el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, incluye a los desarrolladores con sede en Puerto Rico, Fernando L. Sumaza & Co. Inc. y Star Management Corp, además de sus compañías afiliadas. 

Las acciones correctivas que los complejos deberán realizar incluyen: un reemplazo de porciones excesivamente inclinadas de las aceras, la instalación de rampas y aceras con pendientes adecuadas para permitir que las personas con discapacidad accedan a las unidades, reemplazar los gabinetes en baños y cocinas para proporcionar espacio suficiente para los usuarios de sillas de ruedas y eliminar las barreras de accesibilidad en áreas de uso público y común en los complejos.  

"El acceso a una vivienda libre de discriminación es un derecho otorgado a todos los estadounidenses y es crucial para el desarrollo de nuestras comunidades", dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico.

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