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Tribunales

Acusan a empleado de Administración de Veteranos por esquema de fraude

Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 49 cargos contra 10 personas por obtener fraudulentamente beneficios por discapacidad.

Los cargos presentados por conspiración y fraude por correo y electrónico conllevan penas de hasta cinco años de prisión por conspiración y hasta 20 años por fraude.
Foto: CyberNews

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de 49 cargos contra 10 personas, incluyendo un empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos, por participar en un esquema para obtener fraudulentamente beneficios por discapacidad, informó la Fiscalía Federal.

“Los acusados crearon y ejecutaron un esquema para defraudar a la Administración de Beneficios para Veteranos de los Estados Unidos”, expresó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, en conferencia de prensa.

De acuerdo con la acusación, Ángel Carrer Rivera, empleado del VA y supervisor en el Sistema de Gestión de Beneficios para Veteranos, trabajó junto a Richard Rivera Maitín, facilitador y veterano, para someter reclamaciones con condiciones médicas falsas a favor de varios veteranos, quienes recibieron pagos por beneficios de discapacidad sin cumplir con los criterios.

Carrer Rivera y Rivera Maitín recibieron pagos por facilitar las solicitudes, mientras los veteranos involucrados recibieron compensaciones mensuales y retroactivas. El esquema, que operó desde 2020 hasta 2025, ocasionó pérdidas económicas sustanciales al gobierno federal.

El listado de acusados incluye a Ángel Carrer Rivera, Richard Rivera Maitín, Víctor García Soto, Brenda García, Gabriel García, Randolph Báez, José Torres Rosado, Eladio Pagán, Ignacio Ramos Class y Félix Arroyo Rivera.

Los cargos presentados por conspiración y fraude por correo y electrónico conllevan penas de hasta cinco años de prisión por conspiración y hasta 20 años por fraude.

Las expresiones de la Fiscalía fueron respaldadas por las agencias investigadoras, incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del VA, que señalaron el compromiso de erradicar esquemas que se aprovechan de programas diseñados para servir a veteranos vulnerables.