A las paralizaciones de pleitos que está autorizando el Tribunal Supremo, y las ronchas que eso está levantando en el Alto Foro, se suma la denuncia de que el Tribunal de Apelaciones federal en Boston tambien está paralizando pleitos en los que se está reclamando la violación de un derecho civil y no solamente un asunto monetario.

Se trata del caso de Rafael Pabón Ortega, un exsupervisor en el Centro de Mediación de Conflictos de la región de San Juan, quien demandó a la Administración de Tribunales porque lo despidieron por expresiones que hizo en sus cuentas de redes sociales personales. La carta alegaba que se burló con 'tono descriptivo y gráfico' y 'lenguaje ofensivo, grosero, estereotipado y discriminatorio' del público que busca los servicios del Centro, pero Pabón sostiene que no identificó a personas particulares y que sus comentarios están cobijados por la libertad de expresión.

Según un comunicado del abogado de Pabón, Carlos del Valle, hace más de un año que el tribunal en Boston atendió los argumentos de la apelación, pero recientemente ordenaron la paralización del caso por la disposición de paralización de pleitos del proceso de quiebras bajo el Título III de PROMESA.

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Pabón solicitó la reconsideración del tribunal apelativo con el argumento de que la Constitución de Estados Unidos no permite la suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Puerto Rico. En este caso, la suspensión de la litigación de los derechos de Pabón es indefinida porque el tribunal sólo dispuso que las partes le sometieran reportes periódicos presumiblemente sobre si sigue en pie la paralización de pleitos.

'[H]emos retrocedido a una epoca peor que la de la Ley Foraker de 1900. En estos momentos el país se rige por una entidad federal no electa por el pueblo, y no aplica a Puerto Rico ni los derechos fundamentales de la Constitución federal. Aunque en la apariencia, se vive la fantasía de consumo neoliberal, en la substancia jurídica, hay poca diferencia entre el estado actual y un gobierno militar provisional', argumentó Del Valle al alertar de los efectos que el uso de la paralización de pleitos puede tener en cientos otros casos pendientes en los tribunales donde se litiga la violación de derechos por parte del gobierno para con un ciudadano.