El gobierno pretende que los ciudadanos esperen hasta noviembre para conocer cuántas personas fallecieron en Puerto Tico tras el paso del huracán María, ya que esas estadísticas no 'serían finales' hasta que sean validadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta.

La teoría legal fue esbozada por la representación legal del Registro Demográfico de Puerto Puerto Rico durante la vista judicial de la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo para obligar al gobierno a entregar la información relacionada a las muertes posteriores al ciclón.

Aunque inicialmente se hizo público un listado de los nombres de las personas fallecidas y los municipios, la abogada explicó que la registradora ejerció su discreción para determinar que no se hará público el dato hasta tanto el CDC lo valide en noviembre.

'Esa es una información preliminar. Quien tabula y valida es el CDC. Hasta que eso no se haga esos números no son finales ni concluyentes. No se ha negado a proveer la información. Estará disponible en noviembre', dijo Cristina M. Abella Díaz representante legal del Registro Demográfico.

El CPI radicó en febrero una demanda contra la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz tras meses de fallidas gestiones para que la agencia hiciera pública la información detallada de las defunciones en la isla luego del ciclón.

En la demanda, a la que se ha unido CNN, el CPI solicita a la dirección del Registro Demográfico acceso a la información en detalle sobre las defunciones registradas en Puerto Rico en 2017, en formato de base de datos completa, hasta la fecha más reciente entrada en el sistema del Registro Demográfico; los certificados de defunción emitidos en Puerto Rico desde el 18 de septiembre hasta el presente; las defunciones registradas, desglosadas por día y municipio; los permisos de enterramiento otorgados desde el 18 de septiembre; los permisos de cremación otorgados desde el 18 de septiembre; así como autorización para acceder la libreta manual en la que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico de Puerto Rico.

De acuerdo con el gobierno, tampoco podrían entregar los certificados de defunción, permisos de enterramiento ni otras certificaciones en su base de datos porque son documentos confidenciales con información altamente sensitiva que violentaría el derecho a la intimidad de terceros, que son los informantes que llenan los formularios tras el deceso.

La representación legal del Registro Demográfico se amparó en la Ley del Instituto de Estadísticas, leyes federales y disposiciones del CDC para reclamar que los documentos son confidenciales.

Por su parte, el Lcdo. Luis Jose Torres Asencio, de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana cuestionó que el gobierno considere que los documentos sean confidenciales puesto que no existe disposición de confidencialidad en la ley orgánica del Registro Demográfico.

El abogado citó casos similares en otros estados y jurisdicciones en EEUU donde se resolvió que esa información es pública. Recordó que en Puerto Rico el derecho al acceso a la información es de rango constitucional, por lo que todo documento e información se presume pública, salvo por contadas excepciones.

'No está en controversia que la información solicitada cumple con la definición de documento público. Además, la información que se envía al CDC es final, solo para un protocolo de validación de una agencia externa al gobierno. No hay fuente que impida tal divulgación', indicó el representante legal del CPI.

Torres Asencio cuestionó la teoría legal del gobierno para negar el acceso a la información en una materia tan importante pero que evidentemente le resulta incómodo porque está en cuestionamiento la gestión pública.

Sostuvo que el derecho a la información no se basa en si es cómodo o no para el gobierno. 'Eso sería acceso a las relaciones públicas y eso no es lo que el CPI busca', planteó el abogado.

En esa misma línea, el representante legal de CNN, Juan Márquez cuestionó que el gobierno pretenda condicionar la entrega de información a un medio basado en para que el medio la va a utilizar. Defendió el derecho de los ciudadanos a saber el dato de cuántos fallecieron luego de un evento catastrófico como el ciclón.

'Es la información más importante luego de un evento como este. Es crucial saber para medir la magnitud de la catástrofe', insistió el abogado.

Más temprano, en un intento de último minuto por detener la vista judicial el gobierno radicó una moción de paralizar el proceso amparándose en un tecnicismo legal. Cuarenta y cinco minutos antes de la vista ante la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo, los abogados del Registro Demográfico radicaron una moción de paralización por la falta de pago de fianza de The Cable News Network (CNN), por ser parte demandante que no reside en la jurisdicción donde se ve el caso.

'Me parece curioso, y lo tengo que decir que se haya presentado hoy (la moción de paralización) cuando la orden del Tribunal fue hace casi un mes... no veo la razón por la que se haya esperado hasta el día de hoy', dijo la jueza Roques Arroyo en sala antes de declarar un receso en lo que se tramitaba el pago de la fianza.

El caso quedó sometido en espera de a determinación de la jueza Roques Arroyo.