La jueza Ilyana Blanco Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa contra los hermanos Angelica y Alfonso Questell tras ser arrestados el pasado 1 de mayo como parte de las detenciones ocurridas luego de las manifestaciones contra las medidas de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la administración de Ricardo Rosselló en la Milla de Oro.

El fiscal Ángel Luis García Rodríguez radicó cargos contra Gabriel S. González Melendez, Manfred A. Perez Caldera, Alfonso Questell Ortiz y Angelica Questell Ortiz por violaciones a los Artículos 245 y 246 del Código Penal, empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y resistencia u obstrucción a la autoridad pública.

A todos se les impuso una fianza de $100 y la vista preliminar fue señalada para el 5 de junio.

Según informó mediante su cuenta de Facebook la exlegisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, el proceso se trabajó mediante declaraciones juradas.

'Una enorme indignación en un país donde hay tanto delicuente con corbata y una corrupción tan rampante... dos jóvenes están siendo acusados por el estado en un proceso que no permitió el interrogatorio por parte de los abogados de defensa', detalló la letrada.

Al momento, se han radicado cargos contra ocho personas relacionado a los actos del 1 de mayo.

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Contra Ediel Robles Rivera, se radicaron cargos por violación a los Artículos 245 y 248 del Código Penal, empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y por uso de disfraz en la comisión del delito; y por violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas (portación y uso de armas blanca). La vista preliminar en su contra está pautada para el 7 de junio.

La vista preliminar contra Frank Seguí González, Jean C. Figueroa Marrero y Luis Pacheco Marrero está pautada para el 8 de junio.

Seguí González enfrenta cargos por violación al Artículo 246 del Código Penal (resistencia u obstrucción a la autoridad pública), mientras que Figueroa Marrero y Pacheco Marrero enfrentan cargos por violaciones a los artículos 189 (robo) y 246, además de violaciones a la Ley 30 por entrar sin autorización a una escuela.

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