Argumenta a juez que el caso debe seguir y no ser desestimado en etapa preliminar.

Ante un ataque de la exrepresentante María Milagros "Tata" Charbonier Laureano que puede tener consecuencias también en los casos de otros dos representantes acusados de fraude, la fiscalía federal defendió que su pliego acusatorio está correctamente presentado y que el caso debe seguir hacia juicio, en vez de ser desestimado en etapa preliminar.

El mes pasado, Charbonier Laureano imputó "errores fatales" en el pliego acusatorio que, desde su punto de vista, debían desembocar en la desestimación de tres cargos y adelantó que presentaría argumentos de desestimación para otros cargos. Mediante esquemas separados, pero similares, Charbonier Laureano y los exrepresentantes novoprogresistas Nelson del Valle Colón y Néstor Alonso Vega, enfrentan cargos por inflar el salario de algunos empleados legislativos y luego exigirles que compartieron con ellos parte del dinero del salario, mediante pagos en efectivo, pagos electrónicos o cubrirle gastos. Charbonier Laureano enfrenta la particularidad de que su esposo e hijo están acusados como parte del esquema, que incluye imputaciones de lavado de dinero.

La abogada de la exrepresentante es la exfiscal federal Sonia Torres, quien fue abogada también del exsenador Héctor Martínez en un proceso que duró 10 años y como parte del cual fue encontrado culpable dos veces y cumplió cárcel antes de que la acusación fuera desestimada a nivel apelativo.

Torres echó mano de su experiencia en ese caso para atacar el pliego de Charbonier Laureano con argumentos de que la exlegisladora no era una "agente" del Gobierno de Puerto Rico, la Cámara de Representantes no había recibido fondos federales que permitieran la jurisdicción federal y que no hubo soborno porque el salario de su exempleada y coacusada, Frances Acevedo Ceballos, era legítimo o "bona fide".

En una moción tarde el miércoles, la fiscalía federal usó los precedentes del propio caso de Martínez para decirle al juez Daniel R. Domínguez que no debe conceder la moción de desestimación.

"Igual que los senadores de Puerto Rico son 'agentes' del Gobierno (como se estableció en el caso de Martínez), de la misma manera lo son los representantes de Puerto Rico, particularmente los representantes por acumulación, como la acusada, cuyos constituyentes son literalmente, todo Puerto Rico", sostuvo la fiscalía. En cuanto a que se requería que la Cámara hubiera recibido fondos federales para que se justificara la jurisdicción federal, la fiscalía apuntó a que está establecido que lo que tienen que hacer es probar que el Gobierno de Puerto Rico recibió fondos federales, porque el dinero de la Asamblea Legislativa viene del Fondo General del gobierno, no que tienen que probar que específicamente la Cámara recibió dinero federal.

Añade que Charbonier Laureano llevó a cabo actos oficiales que le ayudaron a ejecutar el esquema. "La acusada no meramente usó el prestigio de su posición legislativa para llevar a cabo su actividad criminal. Como legisladora estatal, era directamente responsable de asignar los fondos gubernamentales en cuestión y, a la vez, usó el poder derivado de su rol legislativo para inflar fraudulentamente el salario de su ayudante", sostiene.

Sobre si el salario de Acevedo Ceballos no es parte de un esquema ilegal porque es "bona fide", la fiscalía recordó que eso es un punto que lo debe decidir el jurado y que un salario inflado fraudulentamente no puede ser razonablemente "bona fide" ni tampoco "parte del curso normal de los negocios".

"Si seguimos la lógica de la acusada, aún si hubiera inflado el salario de Acevedo a $1,000,000, no habría ilegalidad siempre y cuando los pagos estuvieran estructurados como salario y Acevedo hiciera algo de trabajo legítimo. Dicha conclusión sería inconsistente con la intención congresional (del estatuto antisoborno), que es asegurar que los fondos de los contribuyentes no son malgastados en corrupción, como lo fueron en este caso", subrayó la fiscalía.

El hijo de la legisladora, Orlando Gabriel Montes Charbonier se unió a la moción de desestimación para añadir que la participación que se le imputa no es suficiente para sustentar la acusación y la fiscalía le ripostó que no están obligados a poner toda su prueba en la acusación y que la lista de actos que se le imputa no es exclusiva de los actos en los que estaría involucrados, según su prueba.

"La acusada y Acevedo acordaron un negocio corrupto en el que Acevedo le remitiría una cantidad significativa de su pago de nómina a la propia acusada, muchas veces en efectivo, con Orlando Montes Rivera (esposo y coacusado) y Montes Charbonier (hijo y coacusado) como intermediarios. La acusada, Montes Rivera y Montes Charbonier entonces lavaron esos fondos a través de varias cuentas bancarias. La acusada entonces obstruyó la investigación mediante borrar data de su teléfono celular, con pleno conocimiento de que había una orden de incautación contra el aparato... De 2014 hasta temprano en 2017, a Acevedo se le pagaban $800 quincenales. Pero, para el final del esquema de los acusados en julio de 2020, la acusada le pagaba a Acevedo tanto como $2,900 quincenales (un aumento de casi cuatro veces motivado por el esquema de robo y soborno) y Acevedo le estaba devolviendo a la acusada una porción significativa de esos fondos", resumió la fiscalía al reiterar los hechos de su acusación.

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Vea:

Peligran cargos federales contra exrepresentantes por errores “fatales” en acusación