El juez federal de quiebras Edward Godoy decidió que la solicitud de la Arquidiócesis de San Juan para acogerse a la quiebra mediante el capítulo 11 aplicará a todas las diócesis de la Iglesia Católica en Puerto Rico.

La protección de quiebra bajo este capítulo permite la reorganización financiera de modo que los maestros pensionados se convierten en acreedores que tendrán que pelear por su dinero frente a otros como el Banco Popular y la Autoridad de Energía Electrica (AEE). Los activos de la Iglesia se estiman entre $10 y $50 millones con igual cantidad en deudas. Tras someter la solicitud de quiebra, la Iglesia se salvó de la disputa legal para pagar las pensiones de los educadores retirados de los colegios católicos luego que el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, determinara paralizar y archivar el caso que embargaría sus bienes.

Aunque las diócesis de Ponce y Mayagüez presentaron un recurso legal ante la Corte de Distrito federal de Puerto Rico para detener el embargo de sus bienes como parte del caso entre los educadores y la arquidiócesis de San Juan, el Tribunal Supremo estipuló que la Iglesia era un solo ente, por lo que tambien les aplicaba el embargo que se paralizó con la radicación de quiebra.

'El tribunal de quiebras concluye que su jurisdicción en este caso se extiende a todos los activos y pasivos de la Iglesia Católica Romana de Puerto Rico, el alivio solicitado en la moción de orden de restricción temporal es innecesario y, por lo tanto, la moción es denegada, sin perjuicio', concluyó Godoy.

'En la medida que las entidades creadas por la Iglesia Catolica funjan como alter egos o entidades de esta, sin someterse independientemente a un proceso ordinario de incorporacion (como en su momento lo hizo la Academia Perpetuo Socorro) constituiran meras fragmentaciones indivisibles de la Iglesia Catolica, sin personalidad juridica propia', reza parte de la determinación de Godoy. Para propósitos de la quiebra, la Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico es una sola personalidad jurídica, reiteró el Juez.

La Iglesia asegura no contar con fondos para pagar las pensiones de quienes fueron sus maestros durante decadas, algunos de edad avanzada, que pueden oscilar entre los 100 y 300 dólares para llegar a fin de mes.

Lea la decisión de Godoy a continuación.