Ricardo Rosselló Nevares y Christian Sobrino Vega ya tienen listo su equipo legal para defenderse de las imputaciones que se le hacen como producto de la investigación por el chat de Telegram y por la cual la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) designó un fiscal para investigar las actuaciones de los involucrados.

La pesquisa de la OPFEI incluye, además del exgobernador Rosselló Nevares y a Sobrino Vega, exrepresentante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal, al exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, el publicista Edwin Miranda Reyes y el cabildero Elías Sánchez Sifonte.

El veterano abogado Harry Padilla será el abogado de Rosselló Nevares, supo NotiCel. Padilla fue abogado del exgobernador Pedro Rosselló González, padre de Rosselló Nevares, en el caso que enfrentó el exmandatario por el fraude con su pensión 'Cadillac'. Ese caso no pasó de la etapa de causa para arresto, en la cual no se encontró causa contra Rosselló González. Padilla ha sido abogado de defensa en varios casos de amplia repercusión pública como el de Pablo Casellas Toro, quien resultó culpable por haber asesinado a su esposa Carmen Paredes en 2012.

También defendió al contable Lutgardo Acevedo en un caso de homicidio negligente, caso en el que el juez Manuel Acevedo Hernández recibió sobornos a cambio de beneficiar a Acevedo. El juez absolvió a Acevedo, quien había sido acusado por la muerte de otro conductor mientras él conducía ebrio. Ni Padilla ni su compañera de defensa, Mayra López Mulero, fueron vinculados nunca con el soborno al juez Acevedo Hernández.

Padilla también es defensor del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill en su caso por hostigamiento sexual que precisamente maneja la OPFEI.

Mientras, Sobrino Vega estará representado por el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía y su hijo Carlos.

Antonio Sagardía fue nombrado secretario de Justicia por el exgobernador Luis Fortuño en enero de 2009, pero renunció el 23 de diciembre de ese mismo año en medio de alegaciones de conflictos de interés luego de que se descubriera que había sido abogado de Alexis Candelario Santana, acusado principal por la famosa matanza del negocio La Tómbola.

El exsecretario de Justicia también tiene su cuenta de escándalos personales. En 2013 fue acusado por el Panel del FEI de 14 cargos que incluyeron Intervención Indebida de Operaciones Gubernamentales y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental bajo falsificación ideológica, malversación de fondos públicos en viajes a Washington, Chicago, Florida, Arizona y Colorado. Otros dos cargos por perjurio y malversación de fondos públicos correspondían a membresía en un club de golf.

Sin embargo, en septiembre de 2013, la jueza superior de San Juan, Ladi Buono de Jesús, determinó no causa para 7 de los 14 cargos. Y en febrero de 2014, la jueza Elizabeth Linares Santiago determinó no causa para juicio contra Sagardía por cargos de malversación de fondos públicos.

A fines del 2014, el Tribunal Supremo amonestó a Sagardía por un incidente ocurrido en el año 2009 cuando llamó “pichón de abogado” al representante Luis Vega Ramos.

En julio de 2017, padre e hijo, renunciaron a la representación legal del exadministrador de Servicios Generales Luis Castro Agis en el caso de corrupción gubernamental vinculado a contratos otorgados al convicto recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.

Sagardía fue abogado de Hernández, por lo que solicitó se relevara su representación legal para evitar posibles conflictos de intereses.

A continuación detallamos los delitos que el Panel del FEI entiende que pudieron haber cometido Rosselló Nevares y a Sobrino Vega:

Rosselló Nevares: violación al Artículo 262 (incumplimiento del deber) y al Artículo 263 (negligencia en el cumplimiento del deber) del Código Penal del 2012 (CP). 

Sobrino Vega: violaciones al CP en su Artículo 177 (amenaza); Artículo 262 (incumplimiento del deber); Artículo 263 (negligencia en el cumplimiento del deber). Además, deben considerarse posibles infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La pesquisa quedó a cargo ahora de los fiscales Miguel A. Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz, quienes tendrán 90 días para realizar su investigación a fondo.