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Tribunales

Designan FEI para investigar a la expresidenta de la CEE

Justicia había enviado un referido.

La licenciada Liza M. García Vélez durante su vista de confirmación al cargo de presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones.
Foto: Archivo

El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó a los fiscales especiales independientes Zulma Fúster Troche y Manuel Núñez Corrada para investigar a la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza M. García Vélez.

Fúster Troche dirigirá la investigación, mientras que Núñez Corrada se desempeñará como FEI delegado.

El pasado 28 de agosto, NotiCel reportó que el Departamento de Justicia había enviado un referido al Panel relacionado a una contratación que la CEE extendió a la agencia de relaciones públicas Perfect Partners, después de que la dueña de la agencia y un grupo de sus empleadas diera servicios de relaciones públicas, protocolares y de prensa a García Vélez de manera gratuita antes de que se formalizara la contratación.

Al prestar sus servicios gratuitos durante el periodo de confirmación legislativa del nombramiento de García Vélez, así como al organizar y ejecutar la ceremonia de juramentación de la exfuncionaria en 2015, y luego obtener el contrato en la agencia, se pudieron haber violentado varias disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental y del Código Penal.

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Los exjueces que componen el PFEI, Nydia M. Cotto Vives, Rubén Vélez Torres e Ygrí Rivera Sánchez, emitieron una resolución que señala que el informe preliminar de Justicia “contiene prueba conducente a demostrar que las alegaciones contra Ia exfuncionaria podría ser objeto de presentación de cargos criminales”.

En un comunicado de prensa informando la designación de los fiscales especiales, el Panel detalla que las alegaciones tienen su génesis en la contratación de una empresa privada para realizar labores que alegadamente están establecidas coma parte de las funciones de varios empleados de la CEE. Aduce también que se efectuaron pagos por otros servicios prestados que se alega no tenían un “fin público”, requisito indispensable para la contratación.

“A esto se suma otra serie de situaciones sobre el pago retroactivo por servicios prestados, sin que mediara el trámite establecido legalmente que hiciera posible que dichos pagos se efectuaran correctamente. Esto, a su vez, ocasionó otras actuaciones administrativas, que resultan en un desvío del procedimiento establecido, con sus posibles consecuencias penales”, indican los exjueces.

La fiscal Wanda Meléndez Santos y por Ia fiscal Phoebe Isales Forsythe, directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia suscribieron el referido.

Los fiscales especiales Fúster Troche y Núñez Corrada tienen 90 días para realizar la investigación a fondo.

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