Aunque el Departamento de Justicia aceptó que el caso de Miguel Ocasio Santiago fuera transmitido, ahora pide protección para sus testigos.

Después de que el Tribunal Supremo autorizó la transmisión pública de la vista preliminar y juicio contra Miguel Ángel Ocasio Santiago, imputado de asesinar a su expareja, Andrea Ruiz Costas, en parte porque la Oficina del Procurador General había dicho que el estado no tenía reparos con la transmisión, los fiscales del caso pidieron y obtuvieron del tribunal la protección de algunos de sus testigos, cuya imagen no será transmitida durante su tiempo en el estrado.

La base de la solicitud de los fiscales Yamil Juarbe Molina, Juan C. Goyco Rodríguez y María T. Caballero García es un reclamo de temor por su seguridad que algunos testigos le han expresado, pero que no está especificado.

La moción de los fiscales pidiendo protección fue sometida el 22 de julio pasado, dos días después de que el Supremo autorizara la transmisión por solicitud de Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. El mismo 22, el juez superior de Caguas, Edwin Flores Sellés, quien preside la vista preliminar, otorgó la solicitud de fiscalía y prohibió “la captura, reproducción y transmisión de la imagen de aquellos testigos de cargo que testifiquen durante la vista preliminar y que no sean funcionarios públicos”.

Sin especificar personas, los fiscales alegaron en su moción que “los testigos de cargo han informado al Ministerio Público su temor por su vida y seguridad propia y la de sus familiares, que sienten que están en riesgo por razón de su participación en dicha causa”. “[E]l riesgo a la seguridad de estos en el presente caso no es uno especulativo, sino real, patente e inminente”, añadieron sin detalles.

Estos reclamos de peligro de parte de la fiscalía ocurrieron seis días después de que el Procurador General Fernando Figueroa Santiago dijo al Supremo que “el Ministerio Público no tiene reparos con la petición” de los periodistas para transmitir.

El primer día de vista, el viernes, contó con el testimonio del agente investigador, Roberto Ayala Vega, de Homicidios Guayama. Por ser un funcionario público, no le cubría la petición de los fiscales y su testimonio fue transmitido en audio y video.

Las denuncias contra Ocasio Santiago por los delitos de asesinato, uso de arma blanca y destrucción de evidencia adelantan que testificarán también Gabriela Marie Rosado Sandoval, la amiga de Ruiz Costas que acudió a la Policía con pistas de que Ocasio Santiago estaba usando el teléfono de su amiga y haciéndose pasar por ella con mensajes llenos de fallas ortográficas, y José Andrés Meléndez González, el técnico que cobró $45 a Ocasio Santiago por desbloquear un celular que resultó ser el de Ruiz Costas.

Pero el mismo viernes, los fiscales anunciaron dos testigos nuevos: Bianca Relta Pabón, amiga de Ruiz Costas que también trabajaba junto a ella en el centro comercial Montehiedra, y Héctor Luis Caraballo López, una expareja de Ruiz Costas que se texteó con ella en lo que aparentemente fue su última noche con vida.

La continuación de la vista está pautada para la semana del 9 de agosto, pero ese señalamiento está en el aire debido a que el viernes en la tarde el Tribunal de Apelaciones suspendió el proceso para resolver unas controversias pendientes sobre si la representación de Ocasio Santiago seguirá en manos de la Sociedad de Asistencia Legal.

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