Ya suman seis alcaldes, o exalcaldes, procesados por el esquema de corrupción con desperdicios sólidos y asfalto en lo que las autoridades llaman no el comienzo ni el final, sino la continuación de sus esfuerzos anticorrupción en la isla.

El esquema bipartidista y multicuatrienios que echó a correr el contratista Oscar Santamaría Torres, quien comenzó su carrera en la Asamblea Legislativa, junto con su discípulo, el codueño de la empresa J.R. Asphalt, Inc., Raymond Rodríguez Santos, produjo hoy dos arrestos adicionales: los ya suspendidos alcaldes de Humacao, Reinaldo "Rey" Vargas Rodríguez, y de Aguas Buenas, Javier García Pérez.

La retahíla que comenzó el 30 de noviembre pasado con la aceptación de culpa de Santamaría Torres, Rodríguez Santos y el exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado, ya suma hoy seis alcaldes o exacaldes, que se dividen en cuatro del Partido Nuevo Progresista (PNP) y dos del Partido Popular Democrático (PPD).

Los pliegos dejan claro que ambos alcaldes pudieron haber sido arrestados desde el año pasado, ya que los últimos sobornos que imputan fueron en septiembre de 2021, dos meses antes de que se revelara el esquema públicamente. En todo este tiempo, particularmente Vargas Rodríguez, negó que tuviera razones para renunciar.

Las acusaciones de gran jurado emitidas ayer traen una nueva dimensión en la serie que no parece tener un fin cercano, y es que presentan el primer municipio donde la corrupción tocó al alcalde PPD y a su sucesor PNP sin perder pie ni pisada.

Se trata de Aguas Buenas, cuyo exalcalde popular, Luis Arroyo Chiqués, ya se había declarado culpable y espera sentencia por acordar con Rodríguez Santos un pago de $5,000 mensuales para darle a la empresa de Santamaría Torres, Waste Collection Corp., un contrato de $10.4 millones para recogido de desperdicios sólidos. El contrato duraba hasta el 2026 y Arroyo Chiques recibiría su pago hasta el final del contrato, aún cuando dejó la alcaldía en 2016.

Su sucesor penepé, García Pérez, mantuvo el contrato desde que llegó al cargo en 2017 hasta que lo canceló el 31 de enero de 2022, un mes después de que se conociera el caso contra su antecesor. Según la acusación de gran jurado de cuatro cargos, recibió dinero en tres ocasiones de parte de los contratistas para pagarle facturas pendientes a sus empresas. Los sobornos imputados son $20,000 en agosto de 2020 de parte de Santamaría Torres, $10,000 en marzo de 2021 de parte de ambos contratistas y $2,000 en septiembre de 2021 de parte de Rodríguez Santos. A cambio, el oficial electo de 46 años hizo que el municipio pagara facturas pendientes a Waste por $507,629.55 y a Asphalt por $350,000.

El fiscal federal Scott Anderson dijo en la vista de fianza que tenían a García Pérez grabado en audio y video pidiendo y recibiendo dinero a cambio de personalmente aprobar las facturas.

En Humacao, la que venía con mejor racha de contratos desde la administración popular anterior era Asphalt. Según el pliego de cuatro cargos, tan pronto llegó a la alcaldía en 2021, después de pasar por la Cámara de Representantes, Vargas Rodríguez comenzó a participar en la conspiración criminal.

Vargas Rodríguez supuestamente recibió un pago de $5,000 de parte de Santamaría Torres el 18 de marzo de 2021, y un pago de $10,000 por parte de ambos contratistas el 15 de abril de 2021. Tras esto, el oficial electo de 48 años extendió a Asphalt un contrato el 6 de agosto por $3.8 millones, el mayor que la empresa había tenido en ese municipio y el más grande que el ayuntamiento había otorgado por concepto de pavimentación y asfalto.

Ambos alcaldes fueron suspendidos sumariamente por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. Ambos están representados por el exfiscal federal, Osvaldo Carlo Linares, salieron bajo fianza de $10,000 que tienen hasta el 19 de mayo para prestar, tuvieron que entregar sus pasaportes y se les suspendió sus respectivas licencias de portación de armas, obligando a desprenderse de dos armas, en el caso de Vargas Rodríguez, y de una pistola, en el caso de García Pérez.

Los políticos enfrentan hasta 20 años de cárcel cada uno.

Cuando el magistrado federal Marcos López le hizo la pregunta rutinaria de si había ingerido medicamentos o drogas en las últimas 24 horas, García Pérez dijo que anoche se había tomado una copa de vino.

Para ver la acusación de García Pérez, pulse aquí.

Para ver la acusación de Vargas Rodríguez, pulse aquí.

En la conferencia de prensa sobre estos casos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, cedió el podio para su mensaje principal al oficial del Departamento de Justicia en la capital federal que atiende todas las investigaciones de corrupción pública sensitivas, especialmente las que involucran a oficiales electos, el jefe de la sección de Integridad Pública, Corey Admunson.

"Vamos a seguir asignando cualquier recurso necesario para apoyar al Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en sus esfuerzos (en Puerto Rico", dijo. "No es el comienzo de nada, ni el final de nada, es la continuación de nuestros esfuerzos (anticorrupción)", subrayó al reiterar el mensaje de que espera que las personas involucradas en actos de corrupción se entreguen y cooperen.

"(La corrupción) le hace daño a la gente que quiere hacer las cosas de manera correcta", afirmó.

De las 53 personas que la fiscalía federal en Puerto Rico ha procesado por corrupción desde enero de 2020, Integridad Pública participa directamente en 20 y son específicamente los tres casos de exrepresentantes, todos los resultantes de la cooperación de Santamaría Torres y Rodríguez Santos y el más reciente, procesado también hoy, que implica al recaudador Joseph Fuentes Fernández y el comité de acción política Salvemos a Puerto Rico, Inc., que hizo campaña a favor del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Resalta que Integridad Pública encabeza también el procesamiento del productor Sixto Jorge Díaz Colón, donde todavía no se ha involucrado oficialmente a ningún oficial electo.

Admunson argumentó que no tomaba la estadística de 53 personas procesada en dos años y medio como "que la corrupción es peor en Puerto Rico", sino "como una señal de que las autoridades están haciendo su trabajo".

Cuando se le preguntó al jefe de la fiscalía federal en San Juan, W. Stephen Muldrow, si quedaban más casos de alcaldes por procesar, contestó que sí.

-“¿Bastantes?”

-“Suficientes”.

Al pedírsele detalles, dijo que "no voy a entrar en eso hoy, pero... hoy no".

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