Se expresaron firmas de bonistas a favor y en contra del acuerdo.

La vista en el Tribunal Federal en que se evaluará el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) arrancó ayer al mediodía ante la jueza Laura Taylor Swain con un reclamo del ente fiscal al que apruebe el documento porque el plan de pagos es viable y cumple con el plan fiscal la Ley Promesa.

Además, indicó el abogado Martin Bienenstock, abogado de la JSF, que el PDA-AEE permitirá que la corporación pública siga funcionando en un país donde gran parte de la población está bajo los niveles de pobreza.

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El PDA-AEE, reportó El Nuevo Día, es apoyado por seis clases de acreedores y, según la postura de la JSF, la condición económica del país no permite se aumente considerablemente la factura para repagar la deuda. El PAD-AEE, según la Junta, implicaría un aumento de unos $100 al año para una residencia con un consumo de hasta 425 kilovatio/hora.

Ese cargo recaudaría unos $2,760 millones al cabo de 35 años, mientras que el PAD-AEE propone que la deuda a repagar sea de $2,500 millones. Según la JSF, los bonistas que se oponen al acuerdo no han demostrado que se puede pagar más que lo propuesto.

Los prestamistas de líneas para la compra de combustible han endosado el acuerdo, al igual que National Public Finance Guaranty, el Comité de Acreedores no Asegurados, Blackrock y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

En este último caso, su representación legal sostuvo que si el Negociado de Energía no aprueba el cargo legado, necesitarían certeza de que el tribunal atendería un reclamo para que el acuerdo se cumpla.

En el caso de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), su abogado sostuvo que si se diera paso a lo que piden los bonistas, el país se expone a un cuadro de precariedad, pondría en peligro el financiamiento de la reconstrucción del sistema eléctrico, habría que aumentar aún más la tarifa de la luz y aumentarían otros costos como los precios, afectando mayormente a los más pobres.

Por su parte, Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE sostuvo que el PAD-AEE no debe ser aprobado debido a que los ciudadanos intentarían abandonar la red eléctrica y no podrían pagar sus factores.

Firmas como Golde Tree Asset Managemet, White & Case. Entre otras cosas, reclamaron que los estimados contracción económica de la JSF para Puerto Rico serían nunca antes vistos en la historia. También señalaron que ha habido un trato distinto de la JSF hacia diferentes grupos de bonistas y que los bonistas pueden recuperar más dinero.

También objetan el acuerdo en Comité Ad-Hoc AEE y Assured Guaranty.