Ante una de las solicitudes de castigo más altas que la fiscalía federal ha hecho en años recientes para casos de corrupción, una jueza federal apretó el freno.

Los 15 años de cárcel que el Departamento de Justicia federal pidió para la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, fueron una de las solicitudes de castigo más altas en décadas recientes para casos de corrupción pública en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Había que remontarse a los 12 años y siete meses que el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo Vélez, recibió en 2002 para encontrar un paralelo a las posibilidades reales de encierro que enfrentaba la mujer de 60 años.

Cuando ayer la jueza, y exfiscal federal, Silvia Carreño Coll dictó sentencia por ocho años, la fiscalía no salió con todo el castigo que el gobierno, y un sector vocal del público, entendía que merecía, pero comoquiera dejó a Charbonier Laureano en el tope de las penas por corrupción más alta en años recientes a nivel federal en la isla.

Al explicar su razonamiento para la sentencia, la jueza no se apartó mucho del libreto usual que se escucha en estos casos. Resaltó algunas características personales de la convicta, como sus “fuertes creencias religiosas” y también sus “acciones antiéticas y criminales”.

Cuando comenzó a decir que “este tribunal cree firmemente”, lo esperado era que impusiera una sentencia cerca de la solicitud de la fiscalía. Especialmente, después de que, en argumentación minutos antes con el abogado de defensa Francisco Rebollo Casalduc, la jueza le recordó que el promedio nacional de sentencia para delitos como los de su clienta eran 10 años.

El fiscal Jonathan Jacobson le había pedido una “medicina más fuerte” que ayudara a atajar la corrupción pública en la isla porque los agentes no podían atrapar a cada uno de los funcionarios que cometían crímenes.

Pero entonces vino la sorpresa.

Porque lo que la jueza creía “firmemente” era que la sentencia no podía ser “ejemplarizante” porque no iba a “penalizarla por ir a juicio”, en referencia a la decisión de la acusada de enfrentar el proceso completo a pesar de la prueba en su contra en vez de llegar a un acuerdo. Carreño Coll comentó que los acusados tienen derecho a ir a juicio y obligar a que el gobierno pruebe su caso más allá de toda duda razonable.

Era la primera vez en toda la vista de sentencia que se mencionaba este aspecto, que fue uno de los que más se repitió en la discusión pública desde que se supo el tipo de prueba que había contra la exlegisladora y que incluyó mensajes de texto, grabaciones de audio, transacciones bancarias y la implicación en los delitos tanto de su esposo como de su hijo.

La jueza también dijo que había tomado en cuenta las sentencias en casos similares y que el castigo estaba hecho “a la medida” para Charbonier Laureano.

La comparación con casos de corrupción recientes todavía deja a Charbonier a la cabeza en cuanto a la cantidad de años en cárcel. Por ejemplo, hubo otros dos legisladores del PNP procesados por el mismo esquema de inflar salarios a empleados para que les devolvieran parte del dinero en pagos ilegales, aunque en ambos casos fueron menos delitos y menos cantidad de dinero. Nelson del Valle Colón se declaró culpable y recibió cuatro años y nueve meses, mientras que Néstor Alonso Vega fue a juicio y recibió cinco años y tres meses.

Otro que fue a juicio, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, recibió también cinco años y tres meses. En el mismo universo delictivo de Pérez Otero estaban el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, y el contratista Oscar Santamaría Torres. El primero cooperó con las autoridades federales para lograr la convicción de otros alcaldes y funcionarios públicos. Su sentencia fueron 12 meses y el mismo jefe de la fiscalía, Stephen Muldrow, compareció al tribunal para abogar a favor de su cooperador. El segundo también cooperó y recibió sentencia de dos años y medio.

En la órbita de Charbonier Laureano, la jueza Carreño Coll emitió otras dos sentencias. A la exempleada legislativa de la convicta, Frances Acevedo Ceballos, le impuso tres años y un mes después de que esta se declarara culpable poco antes de comenzar el juicio y sin comparecer como testigo en contra de su exjefa.

Entonces, ayer mismo, la jueza impuso cuatro años y nueve meses de cárcel al esposo de Charbonier Laureano, Orlando Montes Rivera, justo por debajo de lo que fueron las sentencias de Pérez Otero y Alonso Vega, pero exactamente la misma sentencia de Del Valle Colón. Contra el hombre de 62 años pesaban los agravantes de lavado de dinero y de que delinquió en una trama que involucraba a una funcionaria pública, su esposa.

Ambos, Charbonier Laureano y el marido, se entregarán luego para cumplir la condena y anticiparon que apelarían. La exfuncionaria tiene pendientes una moción de nuevo juicio y otra para fianza en apelación. También, tiene pendiente que la jueza determine cuánto tendrá que devolver de los $136,500 que la fiscalía asegura que se robó.

La jueza Carreño Coll los sentenció por debajo de lo que solicitaba la fiscalía federal sin que ninguno de los dos ejerciera su derecho a dirigirse al tribunal para pedir clemencia y sin que ninguno de los dos se inmutara el escuchar la pena.

A las afueras del tribunal, un manifestante le recordó a gritos a la mujer que su sentencia ocurrió el mismo Día Internacional contra la Homofobia. Un giro irónico del calendario para quien, como funcionaria, fue una de las promoventes principales del discrimen contra la comunidad LGBTTQ+.

Vea:

Ocho años de cárcel para “Tata” Charbonier y 57 meses para su esposo