La empresa Mech-Tech College asegura que la agencia los mantuvo a la expectativa de renovarles el contrato por más de dos años.

La empresa Mech-Tech College LLC demandó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) porque esta agencia abandonó un proyecto de rehabilitación mediante el que se adiestraría en mecánica automotriz a un grupo de confinados y por mantenerles la expectativa de que el contrato sería renovado durante más de dos años.

Mech-Tech tiene 2,000 estudiantes en recintos ubicados en Caguas, Mayagüez, Vega Baja, Ponce, Bayamón y Orlando (Florida).

Según la demanda, desde 2018 han tenido contrato con el DCR bajo un programa de 25 cursos que buscaba adiestrar en mecánica automotriz a 40 confinados con la expectativa de que pudieran dar servicios a la flota del gobierno y, al cumplir condena, salieran a la calle con mejores oportunidades de emplearse.

Como parte del acuerdo, se hizo una inversión de casi $500,000 por parte de la agencia para crear y equipar dos talleres de mecánica dentro de los penales, uno en Ponce y otro en Bayamón. Esto, a manera de piloto con la expectativa de expandirlo a otros penales.

Los cursos cubrían temas como suspensión, trabajo en motor superior y en motor inferior, componentes electrónicos, herramientas de diagnóstico, control de inventario y mantenimiento de equipo, electricidad, ruedas y llantas, frenos y sistema de encendido.

La agencia llegó a pactar tres contratos anuales, el último con vigencia hasta junio de 2021. Pero de ahí en adelante el programa quedó en suspenso, y los confinados fueron dados de baja de los cursos, aunque la agencia mantenía a Mech-Tech a la expectativa de que se reanudaría.

La reclamación plantea que el DCR mintió a la Cámara de Representantes porque dijo mediante carta al representante Jesús Manuel Ortiz González en 2022 que el curso de mecánica se mantenía “aunque ya para ese entonces el contrato con la institución llevaba 1 año y medio vencido y aclarando que el supuesto nuevo contrato para el 2023 estaba en proceso”. La misma semana en que plantearon eso por carta al legislador, le dijeron a los confinados que el contrato con Mech-Tech no se reanudaría.

La empresa detalló al tribunal una lista larga de gestiones que supuestamente hizo con la agencia para lograr la reanudación del contrato. “En el caso de autos, los tratos preliminares entre las partes duraron tres años. Decenas y decenas fueron las llamadas, textos y correos electrónicos de seguimiento que se le hicieron a la parte demandada, se sometieron cerca de veinte informes, se intercambiaron borradores de contratos, se enviaron varias propuestas y se celebraron numerosas reuniones con personal tanto de la institución educativa y la Secretaria de Programas y Servicios del Departamento de Corrección, habiéndose preparado muchos de estos informes y reuniones a solicitud de la propia parte demandada”, resumieron.

Dos de los puntos más conflictivos en la discusión aparentan ser la necesidad de revisar los equipos en los talleres para certificar que siguen aptos para usarlos en los cursos y el que la agencia trastocó el plan porque se supone que los asistentes fueran los mismos 40 confinados que comenzaron el plan piloto pero, “el propio DCR, a su discreción, fue liberando y sustituyendo confinados ya matriculados en el proceso, lo que incrementó los costos del demandante”.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados por la parte demandante, la parte demandada se ha negado a cumplir con lo establecido en el proceso de negociación dejando en suspenso y sin explicación la continuidad del programa de rehabilitación en un claro menosprecio a la educación que es un derecho fundamental y pieza integral del proceso de rehabilitación, especialmente a aquellos que buscan redimirse y reintegrarse a la sociedad”, concluye la petición que reclama daños y compensación por $4.5 millones.