Mientras el exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza, se apresta a enfrentar una vista en alzada hoy, jueves, por alegadamente cometer el delito de regateo, por el cual no se encontró causa en vista de regla seis en hechos que ocurrieron a mediados de septiembre, resulta ser que la suerte que tuvo el exfuncionario fue una excepción hecha a su talla.

Este medio supo de dos casos de regateo cuyos desenlaces fueron matizados por altos costos legales, prueba testifical incongruente por parte de la Policía y un fallo favorable para los acusados, aunque al cabo de un trámite largo y lleno de tensión.

Luego que Somoza prevaleciera en su vista de causa, este medio supo de otro caso en el que ni tan siquiera medió el exceso de velocidad y la evidencia testifical que dio paso a la confiscación del vehículo, consistió en un ruido que escuchó un agente de la Policía. Se trata de Samuel Santiago, un ingeniero en sistemas de información, que vio por última vez su vehículo BMW en la medianoche del 23 de mayo del 2015 en la carretera PR-1 en Caguas.

Según Samuel, esa noche transitaba en esa vía y lo rebasó un vehículo Acura con modificaciones. Al detenerse en una luz roja cercano al negocio Cantinflas -detrás del Acura- una patrulla bloqueó el tránsito y los agentes ordenaron a ambos conductores a bajarse.

'Nos detienen a ambos carros por regateo. Me sometí a todo el proceso, que fue bien atropellado, nos arrestaron. En eso llegaron un sinnúmero de patrullas de tránsito, mi carro se lo llevaron en grúa, estuve desde las 2 hasta las 6 de la mañana en tránsito Caguas Sur con el vehículo confiscado', contó Samuel.

Durante la vista de causa, la evidencia de la Policía consistió exclusivamente del testimonio del agente que detuvo a ambos vehículos y se consignó la falta de una lectura de velocidad, y video de la patrulla, que, aunque tenía cámaras, no estaban activadas.

'Él escucha que un vehículo pasa haciendo ruido. Eso es lo que el dice. Y cuando mira lo que ve es el BMW blanco. Cuando llega a la luz el asume que el BMW blanco es del ruido y que iba regateando con un Acura RSX azul que iba frente, no al lado, frente a mí', explicó Samuel. Pese a que el fiscal destacó la falta de evidencia concreta para sustentar el testimonio del agente, se determinó causa para juicio y se procedió con la confiscación del BMW.

Cuando el vehículo se declara confiscado, pasa a manos de la Junta de Confiscaciones -dependencia adscrita al Departamento de Justicia (DJ)- que procede con emitir una notificación de subasta al dueño del vehículo, indicando un valor estimado de la propiedad y la opción de pagar esa cuantía para retener la propiedad y evitar que sea subastada. De pagarse, esto activa un procedimiento civil, aparte del caso criminal por regateo, dirigido a recuperar la propiedad.

Por ley, la Junta de Confiscaciones, debe emitir la notificación de subasta dentro un termino de 30 días posterior a la confiscación del vehículo. En el caso de Samuel, esa notificación llegó 52 días despues.

Para el caso criminal, el ministerio público no contaba con prueba alguna, por lo que solicitaron una extensión para el proceso de descubrimiento, pero nunca encontraron prueba. Así las cosas, el caso criminal quedó archivado en diciembre del 2014, pero la demanda civil se extendió por 4 años más.

En el 2016 Samuel contrató un detective para dar con el paradero de su vehículo confiscado y encontró que el mismo fue subastado el 30 de septiembre de ese año. 'Logre identificar que el vehículo mío fue subastado, aun estando bajo un caso, y la Junta de Confiscaciones no le había notificado al DJ que nosotros teníamos interes en la propiedad', explicó Samuel, señalando que pagó $24,000 para garantizar el BMW.

Mientras el caso civil se tramitaba, un nuevo marco estatutario descendió en la Isla en la forma de la ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica (PROMESA por sus siglas en ingles). Según Samuel, el estado paralizó el procedimiento al amparo de la ley PROMESA, y extendió la resolución del caso hasta que finalmente bajó en enero de este año.

'Cuando baja la sentencia, ahora en enero 2018, llame a 23 números diferentes del DJ tratando de conseguir dónde y con quien yo podía orientarme con la Junta de Confiscaciones para, con la sentencia en mano, original, ponchada y firmada, ir a recuperar mi propiedad', indicó Samuel. Tras finalmente conseguir una cita con la Junta, y luego de un largo tiempo de espera incómoda, le indicaron que su vehículo fue subastado.

'Me dicen que la totalidad del dinero que dice la sentencia, que es $24,000 si la propiedad no está disponible, no saben cuándo me podrán pagar eso y que el vehículo no estaba disponible. Que, si quería más información que llamara un abogado', sostuvo.

'Pague $24,000 para un vehículo que lo estaba usando otra persona', añadió.

Durante todo este proceso de más de tres años, Samuel no falló en sus mensualidades, perdió clientes por falta de transportación y no pudo adquirir otro carro pues el BMW comprometió su credito. Entre la fianza del carro y gastos legales, Samuel estimó sus gastos en más de $35,000.

Actualmente, Samuel mantiene una demanda abierta contra el DJ y la Junta de Confiscaciones por incumplir con la retención de su vehículo y por no pagar la cantidad que dispuso la sentencia del pleito civil. Sin embargo, su demanda aguarda por la respuesta del gobierno.

'Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo tengo una demanda porque yo necesito recuperar todo el dinero perdido más todos los daños que yo he sufrido. Yo he perdido trabajos por consecuencia de esto, aquí nadie me probó nada y aun así vendieron mi propiedad. Nadie me ha pagado por la venta de mi propiedad, ni algo tan simple como eso', sentenció Samuel.