La desconfianza en el gobierno de Puerto Rico y en su capacidad de hacer que la Isla prospere económicamente debido a su trayectoria de despilfarro en las últimas decadas sigue siendo razón de peso para que los congresistas estadounidenses insistan en la necesidad de una Junta de Control Fiscal.

Eso afirman desde Washington D.C., miembros de una delegación universitaria que ha acudido a la capital federal para manifestarse en contra de la imposición de la Junta de Control Fiscal y de toda medida que perjudique a la juventud puertorriqueña contenida en el proyecto denominado 'Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act' (Promesa).

En contra de lo previsto, la delegación no logró obtener un turno para deponer en la vista pública que se celebró el miércoles ante el Congreso, pero la abultada agenda de cabildeo del grupo estudiantil incluye 37 reuniones confirmadas en oficinas de congresistas estadounidenses. Miembros de la delegación concuerdan en que las reacciones varían marcadamente entre republicanos y demócratas.

Por un lado, los demócratas han expresado que 'ningún tipo de ayuda se va a aprobar para Puerto Rico a menos que esté atada a una Junta de Control Fiscal' debido a que los republicanos no lo van a permitir, explicó René Vargas Martínez, vicepresidente asociado de Asuntos Estudiantiles del sistema de la UPR, que acompaña a los estudiantes en representación de la institución.

La estrategia demócrata entonces es forjar una Junta lo más 'liberal' posible, reduciendo sus poderes e intentando que sus miembros sean residentes puertorriqueños electos por el pueblo puertorriqueño. No obstante, develaron que han enfrentado como congresistas un intenso cabildeo con intereses opuestos sobre la crisis fiscal puertorriqueña, entre ellos, uniones obreras estadounidenses, bancos, bonistas, grupos políticos y comerciales, entre otros.

Entre los demócratas con los que ya se reunieron figuran el senador Joe Manchin de West Virginia, y los representantes José Serrano de New York, Luis Gutiérrez de Illinois, Albio Sires de New Jersey, Jared Polis de Colorado y Xavier Becerra de California.

A su vez, el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Humacao, José R. Jiménez Castro, manifestó que también se puede entrever que los demócratas 'buscan velar por los constituyentes puertorriqueños y latinos que tienen en sus propios distritos'. 'Velan por sus propios intereses', aseguró.

Por otro lado, los republicanos se mantienen firmes en su desconfianza del gobierno de Puerto Rico y en la necesidad de que se cree 'una Junta de Control Fiscal fuerte para tomar las decisiones que el Gobierno [de Puerto Rico] no ha podido tomar por miedo a perder su franquicia electoral', explicó Vargas Martínez.

Entre los republicanos con los que han hablado, se encuentran los senadores Chuck Grassley de Iowa y John Cornyn de Texas, así como los representantes Jody Hice de Georgia, BruceWesterman de Arizona, Rob Bishop de Utah y Glenn Thompson de Pennsylvania.

Han manifestado que el pueblo de Puerto Rico es víctima de su clase política, de un gobierno que continúa despilfarrando, en el cual no confían y por lo tanto, no aprobarían ninguna medida, ya sea rescate o reestructuración de la deuda, a menos que garantice que Puerto Rico no estará en la misma posición en cinco años. 'Es un asunto radical que requiere medidas radicales' y 'Si se toman las medidas necesarias, su gobierno va a salir del poder y alguien tiene que tomar esas decisiones por ustedes' son algunas de las frases que han soltado.

No obstante, el reclamo principal de los estudiantes sigue siendo la férrea oposición a la Junta de Control Fiscal, con poderes amplios o mínimos, por representar 'un atropello a los procesos democráticos', tal cual sostuvo el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Guillermo Guasp Pérez. Bajo esta estructura, los poderes decisionales sobre asignaciones presupuestarias, por ejemplo, se delegaría a un cuerpo sobre el cual los legisladores puertorriqueños carecerían de injerencia, quedando como una figura decorativa.

Por lo tanto, en las reuniones proponen en su lugar la reestructuración de la deuda para facilitarle al Gobierno cumplir con los servicios sociales aún atendiendo la deuda, así como la necesidad de recursos y herramientas que impulsen el desarrollo económico de Puerto Rico, como la eliminación de las leyes de cabotaje. Incluso, concuerdan con que el Congreso de Estados Unidos provea un sólido servicio de auditoría.

Jiménez Castro hizo hincapié en que el denominador común entre todos los congresistas ha sido la sorpresa 'al ver estudiantes puertorriqueños haciendo este trabajo, y haciéndolo alejado del resto de la delegación puertorriqueña', sentando, a juicio del representante estudiantil, pautas y precedentes del deber ciudadano de cada puertorriqueño.

'Los jóvenes son nuestros mejores representantes porque son los que menos contaminados han estado por el juego político', aseguró Vargas Martínez, también destacado exlíder estudiantil.

La delegación no solo acude a Washington en representación de los estudiantes universitarios, sino de toda la juventud puertorriqueña. La reducción del salario mínimopara menores de 25 años de $7.25 la hora a $4.25 es una de las medidas que 'haría las condiciones de vida improbables para los jóvenes' - sobre todo en un contexto socioeconómico que ya adolece de oportunidades laborales, incitando más el éxodo masivo de la juventud -, afirmó Guasp Pérez, también estudiante de economía.

En torno a este asunto, algunos congresistas expresaron que la reducción del salario mínimo responde al interés de aumentar la inversión en Puerto Rico y convertirlo en un mercado más competitivo en comparación con las islas que lo rodean. Sin embargo, cuando se topaban con la posibilidad de la migración masiva de jóvenes profesionales a Estados Unidos, de alguna forma 'rebobinaban', indicó Vargas Martínez.

La Junta de Gobierno de la UPR ya se ha manifestado en contra de la imposición de la Junta de Control Fiscal, y ese también ha sido el reclamo contundente de los estudiantes universitarios a través de sus asambleas generales.

Por ese motivo, se suscitó la iniciativa de que representantes estudiantiles tomaran las riendas del asunto y ejercieran presión en Washington. La institución universitaria pagó por el viaje de los estudiantes, exceptuando el caso de Vargas Martínez, representante administrativo, quien costeó su pasaje y estadía.

Completan la delegación en Washington la estudiante de educación elemental del Recinto de Cayey, María de Lourdes Dávila Andino y la representante estudiantil del Recinto de Arecibo Melissa Villanueva.