La Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) radicó el miercoles una moción para intervenir en la demanda presentada por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF), que fue creada bajo la ley PROMESA por el Congreso de los Estados Unidos.

'La APRUM establece que la decisión que emita la jueza Laura Taylor Swain en el pleito iniciado por el ejecutivo afectará directamente la demanda que, hace un año (julio de 2017), la APRUM radicó ante el tribunal del Título III de PROMESA', dijo en declaraciones escritas el presidente del organismo, Marcel Castro Sitiriche.

Detalló que la APRUM, representada por los licenciados Rolando Emmanuelli Jimenez, Yasmin Colón Colón y Jessica E. Mendez Colberg, impugna la legalidad de los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) consignados en el presupuesto impuesto en julio de 2017 y nuevamente, en el del 2018. La APRUM argumenta que la JCF no puede violar las leyes vigentes en Puerto Rico ni legislar a traves del plan fiscal.

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'La demanda de la APRUM fue enmendada en mayo de 2018, luego de una pausa establecida por las partes hasta que culminara el proceso de certificación de los planes fiscales tras los huracanes Irma y María. La demanda enmendada establece que los recortes a la UPR son ilegales, ya que la ley vigente (Leyes 66-2014 (vigente hasta el 1 de julio de 2017) y 3-2017) fija el presupuesto de la institución en 834 millones de dólares anuales. La demanda incluye como alegación que el presupuesto aprobado en el 2017, así como el del 2018, no pueden contravenir el proceso requerido para cambiar una ley. Plantea, además, que la Junta federal tampoco tiene la facultad para legislar, argumento en sintonía con la demanda del gobernador que se verá en corte el próximo miercoles, 25 de julio de 2018', explicó Castro Sitiriche.

'En estos momentos, el pueblo tiene que unirse en contra de la injusticia que nos imponen y los atropellos a la democracia y a nuestra voluntad en las urnas. En este asunto tiene que sumarse todo el pueblo, independientemente de su ideología, de su partido y de sus creencias, pues intentamos proteger la democracia y, en especial, nuestro patrimonio, la Universidad pública del país', puntualizó.

Asimismo, alegó que la APRUM ha demostrado consistencia y visión en sus reclamos, ya que hace más de un año decidió, de forma unánime, que era imprescindible defender los intereses del país y su educación superior en el tribunal de Título III de PROMESA. 'Este mes, otros sectores -que incluyen a la Fortaleza y al Senado de Puerto Rico- se han percatado de la necesidad de retar la autoridad antidemocrática de la junta federal', dijo.

Asimismo, dijo que la APRUM ha señalado por mucho tiempo la necesidad de que la universidad pública tenga una estabilidad financiera mínima para poder cumplir con su misión y mantener las acreditaciones de sus programas. Sostuvo que recientemente, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) le dio la razón a la organización docente, pues informó que mantendrá ocho recintos en probatoria debido a la inestabilidad financiera y a la incertidumbre generada por los recortes que ha retado la APRUM.

'En consonancia, la demanda radicada por la APRUM defiende la protección de la UPR como servicio esencial (según se establece en el Plan SoS UPR (1.0 y 2.0) y ahora exige que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso, de modo que pueda garantizarse la continuidad de los servicios educativos y su impacto positivo como motor de vitalidad económica y movilidad social, en especial para las comunidades y sectores más vulnerables del país', dijo Lissette Rolón Collazo del colectivo PROTESTAmos y de APRUM.