En una mañana desorganizada cuyos procesos se vieron dilatados por estrategias judiciales, quedó estipulado que el caso contra siete estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) --señalados por irrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la institución educativa-- comenzará en enero de 2019.

La determinación, tomada en sala ante la jueza Wanda Cruz Ayala, fue sugerencia del fiscal a cargo ya que aún resta por resolverse una vista preliminar en alzada contra dos de los alumnos, además de que tanto la testigo estrella como la magistrada a cargo cuentan con un calendario de limitada disponibilidad.

Precisamente hoy, miercoles, la vista de los estudiantes estaba pautada para las nueve de la mañana, pero no fue hasta cerca del medio día que se atendió en sala, pues Cruz Ayala tenía 23 casos asignados.

En ese sentido, para el mes de enero del año entrante se verán las vistas preliminares en alzada de los jóvenes Alexa Paola Figueroa Carrasquillo y Juan C. Collazo Vázquez, a quienes el Ministerio busca imputarle cargos de daño agravado y motín.

Hasta que no se esclarezca ese asunto, según el fiscal Ángel García Rodríguez, los otros cinco casos se mantendrían paralizados.

'Cuando hay varios cargos criminales imputados, habían cargos de la naturaleza grave y menos grave. Cada uno tiene su naturaleza y sus procedimientos. En el caso de los menos graves, desde la fecha que se radicó el caso, que fue el 9 de mayo de 2017, se suponía que dentro de 120 días se celebrara el juicio de esos cargos', explicó el fiscal García Rodríguez al salir de sala.

'Pero que pasa, como hay unos cargos graves relacionados, pues hasta que no se resuelvan esos cargos graves pues eso tecnicamente se interrumpen hasta tanto se resuelvan los cargos graves relacionados', argumentó el fiscal.

Debido a esta fragmentación, el caso de los estudiantes se ha visto en dos salas judiciales de manera simultánea. Las próximas cuatro fechas señaladas, en ese sentido, consisten de tres continuaciones a las vistas en alzada y una respecto al caso general con los demás involucrados.

El resto del grupo es conformado por: Francisco A. Santiago Cintrón, quien se le encontró causa por violación al Artículo 156 (restricción a la libertad agravado); Randiel Negrón Torres, por violentar el Artículo 156 y el 245 (violencia e intimidación contra la autoridad pública); y a Thaliangelly Torres González y Verónica del C. Figueroa Huertas, por ambos artículos.

Aunque la defensa aboga por la independencia de los procedimientos, el fiscal defendió el vínculo entre caso y caso y su interes por mantenerlos unidos a lo largo del proceso, uno que se aproxima a los dos años de presentado sin clara resolución a la vista.

'Es un tanto complicado. Estos son cosas que siempre se sobreentienden pero la realidad es que la jurisprudencia ni las reglas lo atienden. Se entiende que están los terminos suspendidos, pero no hay una regla que dice que tan pronto se radique una solicitud en alzada o haya cargos graves relacionados, los terminos se suspenderán. Eso no está escrito en blanco y negro, pero se sobreentiende. Entendemos que la lógica y el derecho están de nuestra parte', aseguró García Rodríguez.

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La testigo principal del fiscal es la licenciada Sandra Espada Santos, quien al momento de los hechos se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de la UPR. En sala, la jueza Cruz Ayala tomó juramento de la prueba para 'adelantar' los procedimientos dentro del poco tiempo disponible y dar por comenzado formalmente el caso.

Además de Espada Santos, el fiscal presentó otros 12 testigos, entre las que se encuentra la entonces presidenta de la UPR, Nivia Fernández Hernández, agentes de la Policía y la seguridad universitaria y personal del Jardín Botánico de Río Piedras.

Los hechos surgieron el pasado 27 de abril de 2017 cuando más de una veintena de alumnos interrumpieron una reunión del ente rector, celebrada en el Jardín Botánico, a modo de protestar los recortes presupuestarios para la Universidad del Estado. Aunque se trataba de una multitud, solo siete estudiantes fueron encausados.

En una vista previa, el fiscal García Rodríguez había planteado un problema de 'logística' con sus más de 25 testigos porque no podía 'rastrearlos ni localizarlos'. Entre ellos se encontraban otros miembros de la Junta de Gobierno que no se dieron cita hoy.

'El fiscal, en las etapas anteriores, ha presentado unos testigos distintos a los que estaban aquí hoy. Ya el dijo que estaba preparado con la prueba aquí presente hoy. Él no puede venir despues a añadir testigos diferentes, por eso se le llamó la atención. Si eventualmente el quisiera llamar a otro testigo de los que no estuvieron aquí presente y nosotros haríamos los planteamientos que procedieran', advirtió la abogada María Soledad Sáez Matos, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

La licenciada representa a la joven Figueroa Carrasquillo quien tiene pendiente su caso en alzada, luego de que no prosperara en vista preliminar regular.

'El fiscal quiere todo, alega que está preparado en todo, pero no se empieza nada. Lo que pasa es que el sistema de derecho nuestro funciona así. Fiscalía tiene varios turnos y se le permite. Para nosotros ha resultado opresivo, para nuestra representada ha sido una agonía, pero las reglas se lo permiten y el tribunal tambien porque las reglas proveen para eso', añadió Sáez Matos.

La abogada mencionó que el fiscal ha entregado parte del descubrimiento de prueba, según ordenado por el tribunal, aunque no lo ha hecho en las fechas previamente acordadas.