Voces que objetan la transacción cuestionan que la alianza público-privada se cuajara a puerta cerrada, en medio de la quiebra de la corporación pública y otorgando cientos de millones en contratos.

Luego de obtener la bendición de la Junta de Control Fiscal (JCF), y mediante una alianza público-privada con un término inicial de 15 años, ayer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cedió la transmisión, distribución eléctrica y la administración del servicio al cliente a la empresa Luma Energy, LLC (LUMA) a partir del 2021.

La corporación pública mantendrá la generación de energía.

Pero tanto la UTIER, mediante su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, como el representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, cuestionaron la secretividad y falta de participación que permeó durante el proceso de selección del consorcio.

También advirtieron sobre los nefastos efectos que podría traer para el pueblo de Puerto Rico este acuerdo de privatización, tramitado en medio de la quiebra de la agencia, y que la gobernadora Wanda Vázquez catalogó como una "transformación sin precedentes".

"Primero, que lo hicieron sin consultarlo", subrayó Torres Placa, antes de detallar que, siendo el único proveedor de electricidad en Puerto Rico, el proceso debió contar con la participación de los clientes, que son quienes recibirán el impacto de las medidas.

"Desde el 18 de junio esa petición está en el Negociado de Energía, y en lugar de hacer un proceso público con participación del público, lo mantuvieron escondido", denunció el representante del consumidor, coincidiendo con planteamientos que más temprano diera Figueroa Jaramillo a este medio digital.

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Figueroa Jaramillo, quien representa a los empleados del sindicato de la AEE, contó que se enteró de a transacción hace más de una semana.

"Me entero el 12 de junio [...] me llaman para que yo reaccione a una resolución del Negociado (de Energía de Puerto Rico) declarando confidencial los documentos del acuerdo de privatización", había contado a NotiCel tras narrar cómo le hicieron un acercamiento que lo puso al tanto de ese trámite; y cuya documentación procedió a buscar en el Negociado de Energía, mas esta no apareció.

No fue hasta que varios abogados intervinieron que pudo confirmar la información.

"El 15 de junio yo radico una moción como parte perjudicada, el 17 de junio me la deniegan, y el 18 de junio, que te estoy hablando de la semana pasada, el Negociado aprueba el acuerdo", describió, abundando sobre lo rápido de la aprobación, a puertas cerradas.

A juicio de Torres Placa, el proceso se realizó con sigilo amparado en la Ley 120 de 2018, que "desplazó y eliminó todos los poderes del regulador", es decir, del Negociado de Energía, para solo permitir que quien funja como entidad reguladora emita un certificado de cumplimiento para “certificar” que el acuerdo cumple con los requerimientos.

"Esta es la primera preocupación, que en este proceso, que es uno de los más importantes en la historia, en los casi 79 años de Energía Eléctrica, y no se provee ningún tipo de participación ciudadana", dijo.

Tampoco permitió un debate amplio sobre las implicaciones de privatizar el sistema público de distribución y transmisión eléctrica más grande de Estados Unidos.

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Recordó que la AEE está en quiebra, y que para que el acuerdo de la alianza público privada se complete, la corporación pública tiene que salir de ese proceso de insolvencia.

Para reforzar su punto, mencionó los estudios del economista Ramón Cao, quien concluyó que el Acuerdo Definitivo de Reestructuración (RSA en inglés), según planteado, podría pasarle factura al pueblo mediante un alza de precio en el servicio. Según el análisis de Cao, el RSA provocaría un golpe en su bolsillo de los consumidores, que comenzaría en 13 por ciento y llegaría a 47 por ciento en el año fiscal 2024.

Al hablar con NotiCel Torres Placa detalló que aún cuando se eliminara la deuda de emisiones de bono, ascendente a $8,300 millones, y aún cuando se inyectaran millones en fondos de FEMA, que iban a ser destinados a distribución del servicio y que nunca llegaron, la AEE quedaría insolvente.

"En esta posición de extrema insolvencia nadie puede operar. ¿Qué es lo que va a causar esto? Que haya una presión indebida para que se acepte el acuerdo que sea para salir de la quiebra", advirtió, urgiendo sobre la necesidad de presentar un "plan de insolvencia profunda" mediante el Título III de la Ley PROMESA ante un tribunal federal.

Procedió entonces a explicar cómo el déficit actual y el acuerdo de la alianza público-privada traerían consigo la probabilidad de un aumento en la tarifa del servicio.

Indicó que, si el operador, en este caso LUMA Energy, no genera ahorros que neutralicen el costo adicional que representa el acuerdo, éste tendría el derecho de peticionar al regulador, es decir, la AEE, un incremento en tarifas.

“Si se entiende que el acuerdo de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución pudiera traer algún tipo de beneficio a la AEE, entonces ejecutar esta alternativa en medio de la quiebra de la Autoridad no solo frustraría este esfuerzo, sino que también desincentivaría cualquier otro esfuerzo futuro”, había insistido más temprano.

Torres Placa lamentó que se haya excluido de gestionar el acuerdo precisamente a quienes sufrirían el golpe que ha probado vendría en el futuro.

Ayer, tanto la gobernadora Wanda Vázquez Garced como Natalie Jaresko y José Carrión III, directora ejecutiva y presidente de la Junta de Control Fiscal, respectivamente, aplaudieron el acuerdo.

“La selección de LUMA como el futuro operador del sistema de transmisión y distribución es el comienzo de una transformación sin precedentes de nuestro sistema energético. No son anuncios, ni mucho menos promesas, esto es parte de los resultados y la ejecución a la cual nos hemos comprometido”, afirmó Vázquez Garced en conferencia de prensa para anunciar la transacción.

El presidente de la JCF, José Carrión III, dijo en declaraciones escritas que la transformación “es importante para cada persona, cada negocio y cada posible inversionista”.

Sobre LUMA Energy

Según lo que ha informado el gobierno, LUMA es una empresa nacida del consorcio de Quanta Services, ATCO e IEM.

Su contrato incluye un período estimado de transición de 12 meses, cobrando vigencia por 15 años en el 2021. No obstante, el período de transición se puede extender si la AEE no ha completado el proceso de quiebra mediante el Título III de la Ley PROMESA.

Este contrato le costará al gobierno alrededor de $70 millones durante el primer año, y puede ascender hasta $125 millones anuales para el cuarto año. Esto si la empresa logra los objetivos de eficiencia y recibe la bonificación de $20 millones.

Solicitarán reconsiderar el acuerdo

Igual que Torres Placa, Figueroa Jaramillo condenó la falta de transparencia del gobierno al tomar senda decisión en la industria más grande del país.

"De entrada debe crear dudas en lo beneficioso o no del acuerdo al pueblo de Puerto Rico", sentenció el líder sindical.

Ante la falta de fiscalización y participación ciudadana, Torres Placa anticipó tomar acciones que van desde gestionar, como representante de los consumidores, una petición en el Negociado de Energía, hasta solicitar a las partes afectadas, incluyendo ciudadanos, que también tomen parte en la solicitud de reconsideración ante el ente.

"Ellos pueden ir sobre este contrato en un proceso público [...] en esa dirección nos estamos moviendo", amplió.

Esto equilibraría la balanza con la participación ciudadana que careció la contratación desde su inicio, según Torres Placa, quien recordó que la presión pública puede rendir buenos frutos.

"Los consumidores no pueden depender de un acuerdo que no les hace justicia", culminó.