El gobernador Luis Fortuño convocó a la prensa esta tarde en La Fortaleza para anunciar el fin del histórico caso Morales Feliciano, sin embargo luego lo que dijo fue que había llegado a un acuerdo con la corte federal en sólo uno de los más de 10 puntos que quedan por resolverse, el del hacinamiento carcelario. El final del caso no está consignado en el expediente del caso.

Después de tres décadas de litigio carcelario, el gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño anunció hoy que 'tenía una excelente noticia que comunicar al pueblo'. Según explicó se pudiera aproximar el cierre del caso Morales Feliciano que se remonta al año 1979.

'Hemos terminado con el problema de hacinamiento en nuestras cárceles. Hemos cerrado la llave que ha entorpecido la rehabilitación de miles de seres humanos y que ha tenido un costo económico inmenso'.

Según detalló Fortuño, 'ayer las partes informaron al Tribunal Federal que el gobierno de Puerto Rico había alcanzado el cumplimiento en el área de hacinamiento. Esto representa la aceptación de la clase demandante que se encuentra en cumplimiento con los requerimientos tanto de la constitución de los Estados Unidos como la de Puerto Rico en cuanto a lo que conlleva el trato de los confinados'.

Es decir, hubo un acuerdo pero todavía queda que el juez Pérez Jimenez determine si hay una sentencia parcial en torno al caso. Pues, todavía no está consignado en el expediente.

Además, señaló que en los próximos 90 días el Departamento de Correción debe abandonar la costumbre de encarcelar a dos confinados de máxima seguridad por celda.

Aún quedan por resolver más de 10 renglones relacionados al caso en el que se alega que las condiciones de confinamiento provistas por el Estado constituían una violación de sus garantías constitucionales, entre ellos: acceso a las cortes, clasificación, visitas de familiares, servicios médicos, lavandería, celdas de tensión y administración, uso de fuerza, disciplina, Junta de Libertad de Palabra, acceso a áreas recreativas y programas vocacionales.

Como todos los gobernadores que le han antecedido en las pasadas tres décadas, Fortuño aseguró que pondrá fin al pleito que ha durado más de 30 años y que le ha costado alrededor $260 millones en multas por incumplimientos al Gobierno de Puerto Rico.