Ante el anuncio por parte de la Presidenta del Fideicomiso Perpetuo para el Desarrollo de la Comunidades Especiales, Ciení Rodríguez, sobre la posible liquidación del fondo creado bajo la administración de Sila María Calderón, la ex gobernadora se expresó sobre la ilegalidad de esta acción y la calificó de mezquina.

Según explicó Calderón, el Fideicomiso Perpetuo, por ser uno sin fines de lucro, no se puede extinguir fácilmente. Mencionó que de acuerdo a la Ley, sección 2559 del Título 31, (Art. 852 del Código Civil) que establece las formas de extinguir un Fideicomiso, únicamente se puede liquidar mediante un convenio expreso entre todas las partes, que en este caso incluyen al Banco Gubernamental de Fomento que funge como fiduciario y fideicomitente y a los beneficiarios directos, que son los residentes de las Comunidades Especiales. 'Su anuencia se requeriría para poder extinguir el Fideicomiso. Así que son ellos (los residentes de las Comunidades Especiales) a los que se debe consultar y son los mismos residentes de las Comunidades Especiales quienes deben tomar las medidas legales', agregó.

A partir de las expresiones de Calderón, durante toda la semana, políticos populares y penepés aprovecharon la coyuntura para pescar en río revuelto, acusándose unos a otros por los resultados del proyecto de Comunidades Especiales. La Alianza de Líderes Comunitarios, Un Solo Movimiento y la Coalición de Líderes comunitarios convocaron para el próximo martes, 6 de septiembre, a una conferencia de prensa donde harán sus expresiones sobre el asunto.

Bajo la administración de Calderón se estableció la Ley Núm. 271 del 21 de noviembre de 2002 la cual creó el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales. Con el establecimiento de esta Ley, se impactarían alrededor de 686 comunidades de toda la isla que fueron identificadas como bolsillos de pobreza. Con la creación del Fideicomiso se invertirían sobre $560 millones para la rehabilitación y construcción de 20,000 viviendas, $130 millones en obras y facilidades nuevas, y otros $310 millones para las restantes 486 comunidades para un total de $1,000 millones para proyectos y obras adicionales en todas las Comunidades Especiales de Puerto Rico.

El Fideicomiso fue una inversión designada para mejorar la infraestructura de las comunidades especiales, en la construcción y rehabilitación de viviendas, se añadirían habitaciones, acueductos y alcantarillados, pavimentación de calles y aceras, facilidades recreativas y energía eléctrica. Se sembrarían árboles y se constituirán las comunidades en lugares agradables para sus residentes. El Fideicomiso también permitiría financiar actividades de desarrollo económico y otras gestiones locales que generaran empleos, así como fomentar gestiones e iniciativas de autosuficiencia económica entre los residentes de dichas comunidades.

En reacción a los señalamientos de que el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales ha 'quebrado' la ex gobernadora dijo: 'Siendo yo la persona que implanté el Fideicomiso Perpetuo como un complemento al Proyecto de las Comunidades Especiales, quiero decir que el Fideicomiso no ha quebrado. Si acaso 'lo quebraron' y si fue así pudo haber sido por desinterés, por negligencia o por alguna razón de índole política', expuso.

Calderón aprovechó para desmentir señalamientos de que no había suficientes fondos para todas las obras. Explicó que había dinero para más de 14,500

proyectos entre las 686 comunidades. 'Si posterior a mi salida del cargo se añadieron 56 comunidades, entonces el Fondo requería una inyección de más de $80 millones adicionales, lo que no ocurrió', añadió en referencia a las nuevas Comunidades Especiales designadas por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá durante su incumbencia.

A indicaciones de que el Fondo no tenía de dónde seguir nutriéndose, Calderón defendió la permanencia del mismo aludiendo que el Artículo 10 de la Ley 271 establece los mecanismos para sustentar el funcionamiento del Fideicomiso, cosa que según alegó, no se llevó a cabo. El fondo debía nutrirse de los intereses ganados de los 1,000 millones de dólares que se habían destinado. 'No se siguió la Ley, no fue fiscalizado,' dijo.

La ex mandataria solicitó al Gobernador Luis Fortuño que asuma su responsabilidad, ya que según alegó, es indispensable que se haga un informe imparcial y transparente de la obra que se realizó y el manejo que se le dio a esos fondos, pues los ciudadanos desean conocer esa información. Propuso la creación de un grupo multisectorial que incluya ciudadanos sin intereses partidistas para que auditen la obra llevada a cabo por el Fideicomiso Perpetuo, lo que falta por hacer y el uso que se le ha dado a los 1,000 millones de dólares que se destinaron. Añadió también que ese grupo debe incluir a líderes comunitarios que han participado activamente de ese proceso y señaló que estos han estado solicitando información durante los últimos años sin poder conseguirla. 'Ellos (los líderes comunitarios) son los mejores cualificados para decir la verdad porque ellos solo responden a sus comunidades y a sus propias conciencias' expresó.

Luis Ponce de León, un vecino de la Comunidad Especial Dulces Labios en Mayagüez, donde residen unas 800 familias, explicó que cuando se anunció el proyecto se instaló un mapa en la cancha de la comunidad que detallaba lo que ellos tenían planificado hacer con el dinero asignado del Fideicomiso. Al día de hoy, según dijo, lo construido no cumple con lo prometido. Según explicó el ofrecimiento inicial era de 380 unidades de vivienda, pero luego indicaron que se construirían 69, y de esas se llegaron a construir solo 18 casas completamente nuevas. 'El proyecto se dijo se haría en dos fases; la primera fase era remodelar casas y otra segunda fase que era crear viviendas nuevas. También hablaron de la construcción de dos plazas, que se hicieron, pero prometieron un pequeño centro comercial que no se hizo', mencionó De León.

Las casas ya construidas debían ser entregadas hace 3 años, pero estas 18 familias aún no han podido ocuparlas. Por el tiempo que llevan sin ser habitadas se están deteriorando, y falta hacerle mejoras al cableado eléctrico. Al ser entrevistado, Ponce De León se encontraba en espera de la policía porque las casas que no han sido entregadas en Dulces Labios son saqueadas por individuos que entran a robar y dañan la propiedad, algunos usuarios de droga que las utilizan como hospitalillo. 'Estas casas que se construyeron era con el propósito de ayudar a personas que tenían necesidades… pero han tardado en la entrega y estamos viviendo en casas alquiladas en lo que nos las entregan', afirmó De León.

Según dijo, el atraso en la entrega de estas casas se debe a problemas con títulos de propiedad, declaratoria de herederos y atrasos en el pago del CRIM. Estas situaciones surgieron de casos particulares de algunos de los beneficiados del proyecto. Lo establecido para obtener las casas exigía que la persona fuera dueño de la propiedad que se iba a reponer y estar pagando la casa. La casa inicial donde residía, se tasaría y esa tasación se enviaría a un Banco. Al entregársele la casa nueva, entonces se le acreditaba la tasación inicial y el propietario seguía pagando la diferencia. 'Son muchas las fallas del proceso. Esperaron demasiado para el desarrollo de las casas y por eso se aguantaba en lo que se investigaban los títulos de propiedad. A muchos de ellos el terreno no les pertenecía y con el trajín de que tenían que tazar las casas, la tasación caducaba', añadió.

Sobre su experiencia con este proyecto De León dijo: 'El programa se veía bien en un principio, tenían la buena intención, pero esto ha tardado mucho y en mi caso me siento en una situación difícil. Vivo alquilado en una casa de dos cuartos y tengo tres hijas, quisiéramos se acelere la entrega para poder mudarnos.' Añadió que adjudican la tardanza en parte a problemas de falta de supervisión de los trabajos y problemas con los contratistas. 'Como cerraron la oficina de Comunidades Especiales no hubo más reuniones y dejaron de comunicarse con nosotros. Los de Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) quedaron en reunirse con nosotros y han pasado tres meses de eso. Ellos no han venido y siempre nos solicitan papeles nuevos porque dicen que expiran y mencionan que los permisos están listos pero no recibimos nada.'

José 'Tito' Figueroa, líder de la comunidad Toro Negro de Ciales, y portavoz de la Alianza de Líderes Comunitarios, comentó que 'A diferencia de otras administraciones, en el caso de la administración de la gobernadora Sila Calderón pues no se le dedicó dinero a la promoción en los medios a este gran proyecto y por lo tanto esa obra, las miles de obras en todas las comunidades, en gran parte no fueron conocidas. Pero nosotros dimos fe, estuvimos visitando comunidades dentro de ese proceso de construcción de todas esas obras, observando toda esa dinámica de la organización en torno a esos proyectos, y obviamente como cualquier proyecto de construcción publica o privado pues genera unos problemas, la inspección, detalles de construcción, de tiempo, cambio de órdenes, y más cuando son unos proyectos que responden a unas necesidades vivas e inmediatas de las comunidades.'

Figueroa opinó además que: 'El Fideicomiso ha sido una de las herramientas con las que ha contado el movimiento comunitario para adelantar el desarrollo de todas estas comunidades en desventaja que existen en Puerto Rico. Desde el inicio nosotros como líderes activos dentro de las comunidades especiales hemos estado al tanto, y trabajando y dándole seguimiento a este proyecto monumental que se llevó a cabo con los fondos de este Fideicomiso que todo el mundo sabe que son los mil millones.'

Por su parte, Wilfredo López Montañez, presidente de la Junta Comunitaria del Sonadora en Acción, de Aguas Buenas, dijo que 'La Ley #1 y la Ley 232, y el Fideicomiso son buenos instrumentos para atender y afrontar uno de los problemas mas graves que tiene nuestro país que es la pobreza, esa pobreza que hay en este país que todo el mundo le da la espalda. Definitivamente estos instrumentos ofrecieron una gran oportunidad y todavía le ofrecen una gran oportunidad para atender ese problema. Lo que pasa es que definitivamente, por lo menos en estas dos últimas administraciones, no le dieron prioridad, incluso abandonaron el programa y lo desmantelaron, quitándole el peso, a no darle la atención debida desde el punto de vista de política pública para continuar mejorando las condiciones de vida de nuestra gente y de nuestras comunidades.'