El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) comenzará a trabajar como intermediario con la Policía de Puerto Rico e instituciones sin fines de lucro y de base de fe para el recogido de armas de fuego bajo a fin de viabilizar la amnistía.

El gobernador Luis G. Fortuño firmó hoy un acuerdo colaborativo para la implementación de una amnistía a las armas ilegales durante una actividad en el Centro Comunal del Barrio Pájaros de Toa Baja, donde en mayo de 2009 ocurrió una masacre.

'Con esta amnistía, que será efectiva el 19 de febrero, estamos habilitando más herramientas a todos los puertorriqueños para que sean parte del esfuerzo de devolverle la paz y la seguridad a nuestras comunidades. Más allá de pedir su apoyo a esta iniciativa, le pido a todos su participación activa para que rieguen la voz. En cada comunidad, conocemos de alguien que está considerando sucumbir a la vida del crimen. Le estamos dando una oportunidad para que opten por escoger una vida de bien', expresó Fortuño.

Las armas se podrán entregar en los cuarteles policiacos o en las instituciones sin fines de lucro y de base de fe que sean designadas por la Policía y DRD. Durante los próximos 30 días, se confeccionará un calendario con los horarios de entrega en centros comunitarios a través de toda la Isla. Luego, las armas serán decomisadas de conformidad con el proceso que establezca la Policía.

'El proceso es sencillo. La persona lleva el arma y la deposita en el lugar destinado para ello. Tendremos también patrullaje preventivo y oficiales civiles en los centros de acopio para asegurar la protección de las personas alrededor y evitar cualquier incidente', informó el Gobernador.

Fortuño recordó que la comunidad de Pájaros sufrió uno de los eventos más violentos de la historia del país.

'Aquí en esta comunidad y no muy lejos de este lugar murieron inocentes, incluyendo una pequeña de 2 años, por venganza. Con esta amnistía, buscamos sacar de nuestras calles armas que están siendo usadas irresponsablemente y negligentemente para herir y matar a nuestros niños y nuestra gente. Esto lo vamos a parar y nos compete a todos en Puerto Rico evitar que sucesos como los que recordamos aquí se repitan', expresó.

'Exhorto a todo aquel quien tiene un arma ilegal que aproveche de esta amnistía, que se comunique con los líderes comunitarios o religiosos de su área, y que nos permitan darle la mano para retomar control de sus vidas', señaló Fortuño.

Concilio de Iglesias no lo ve tan bien

El Concilio de Iglesias de Puerto Rico (CIPR) se expresó preocupado sobre esta amnistía y la entrega de armas con la mediación de instituciones sin fines de lucro y organizaciones de base de fe porque no se consideró su parecer, informó Cybernews.

El organismo apuntó que la ley contiene serias omisiones e imprecisiones que colocan a pastores y líderes eclesiales, así como a las comunidades de fe, en un riesgo a sus vidas y propiedades.

'De entrada, nos preocupa que una legislación como la citada involucre a nuestras comunidades de fe, las cuales nunca fueron consultadas en torno a sus preocupaciones ante las implicaciones que tiene una gesta como ésta. Del expediente del trámite legislativo no surge una convocatoria a vistas públicas o una gestión de diálogo con quienes, a fin de cuentas, cargarían con gran parte de la responsabilidad en la ejecución de esta iniciativa', manifestó el presidente del Concilio, obispo Felipe Lozada Montañez, en declaraciones escritas.

Argumentó que gran parte del armamento que se encuentra en manos de la ciudadanía no cumple con el perfil dispuesto en esta ley, pues la mayoría de las armas en cuestión no se poseen de la forma 'incidental' que menciona el estatuto. Además, indicaron que la ley ignora por completo el trasiego de armas ilegales y no establece el tratamiento que se dará a armas que se hayan utilizado en la comisión de delitos.

'Tenemos un temor fundado a que esta entrega de armas no elimine, de por sí, la circulación de las mismas por otros medios. Como si lo anteriormente señalado fuera poco, la legislación adolece de márgenes de seguridad, acompañamiento, escolta, apoyo, logística y responsabilidad en el momento de entrega de las armas. A la vista está que, en la actualidad, pesan sobre la Policía de Puerto Rico demasiados señalamientos en torno a su ineficiencia para paliar la ola criminal que padecemos como para generar seguridad y confianza en la ciudadanía para la ejecución de esta amnistía, a la luz de lo anteriormente señalado', sostuvo Lozada Montañez.

Consideró que esta iniciativa tiene el potencial de causar más daños que beneficios e hicieron un llamado al gobierno a no aprobar la ley o dejarla sin efecto hasta que se discutan todos los planteamientos, pero la medida ya había sido firmada por el Gobernador.