La organización Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico señaló el martes que la Policía de Puerto Rico debe revisar la nueva orden general referente al uso de fuerza permitido al intervenir con la ciudadanía.

El ente expuso que la orden general que entra en vigor hoy viene agravar la ya delicada situación en la Policía de Puerto Rico, por lo que han denunciado como el uso indiscriminado de la fuerza, el discrimen con algunos sectores de la sociedad y la falta de supervisión adecuada.

'El que la autorización de usar fuerza letal contra la ciudadanía esté sujeta a la percepción del policía, abre una puerta hacia el discrimen contra comunidades tradicionalmente marginadas, como son la comunidad dominicana, la comunidad con escasos recursos económicos y la comunidad LGBTT, entre otras. Por otro lado, esta orden aumenta el sentido de impunidad, y la falta de rendición de cuentas por parte del agente de la Policía de Puerto Rico', manifestó Osvaldo Burgos, presidente de la Sección de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico.

Asimismo, sostuvo que lejos de atender estos reclamos, la nueva orden le brinda más poder a un cuerpo que, a su entender, no ha dado señales de comenzar un proceso de restructuración que incluya tanto el proceso de reclutamiento, adiestramiento, supervisión y evaluación del recluta, así como del propio superintendente.

'Seguir pretendiendo enfrentarse a la criminalidad utilizando mayor represión, mayores castigos y eliminando protecciones es una estrategia destinada al fracaso. Esta nueva orden va en contraposición directa de la función principal de la policía: proteger y servir. Entendemos que es importante velar por la seguridad de nuestros policías pero no debe ser poniendo en riesgo la vida del ciudadano', sentenció el director ejecutivo, Pedro Santiago Torres.

Finalmente, expuso que sí es necesario revisar los protocolos de la Policía, aunque aclaró que los cambios deben ser utilizando como marco de referencias los derechos humanos.