Las vistas para permitirle a los jueces la discreción al momento de otorgar o denegar la fianza a los acusados de asesinato comenzaron el martes con el apoyo de todos los deponentes, que reclamaron un mecanismo que permita al pueblo ?el derecho a la vida?. La Comisión de Gobierno del Senado, presidida por el senador Carmelo Ríos, tiene a cargo las vistas.

La Resolución Concurrente del Senado 60 propone que se consulte al pueblo, mediante referéndum, sobre una enmienda a la Constitución para otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinatos cometidos con premeditación, deliberación o acecho; a los acusados de asesinatos cometidos en medios de robo en el hogar, en el curso de una agresión sexual o secuestro; a los acusados de asesinar mediante un arma de fuego desde un vehículo en marcha o en lugares abiertos o cuando la víctima sea un agente del orden público en el cumplimiento de su deber.

La enmienda terminaría con el llamado 'derecho absoluto' a la fianza, que ha sido prácticamente eliminado en los estados, y no se contempla en la jurisdicción federal.

Zoé Laboy, exsecretaria de Corrección y Rehabilitación y experta en asuntos de seguridad, expresó hoy que aunque la limitación al derecho de la fianza no es el único factor responsable para reducir la criminalidad, 'es definitivamente uno de los factores responsables de la misma'.

Laboy se basa en investigaciones del Departamento de Justicia federal que demuestran que en los estados donde se limita el derecho a la fianza la criminalidad ha mermado. El estudio fue reseñado en su ponencia.

La ex secretaria de Corrección afirmó que esta iniciativa debe formar parte de otra serie de gestiones dirigidas a menguar la actividad criminal. Laboy afirmó que las leyes se deben atemperar a las nuevas realidades.

Por otro lado, ante los ataques de un senador del PPD en la Comisión a los jueces, el senador del distrito de Carolina Roger Iglesias afirmó que 'los jueces no son el problema, es el sistema' porque no tienen 'una herramienta adicional'.

El senador Alejandro García Padilla dijo que 'los jueces no hacen cumplir las leyes'. Dijo también el senador de minoría que 'el problema son los jueces, y le estamos dando discreción a los mismos que son el problema'. Este indicó que prefiere que las fianzas se aumenten considerablemente. No obstante, un deponente le aclaró que las fianzas excesivas son inconstitucionales.

García Padilla llegó a decir que si ahora los jueces 'abusan de su discreción' al imponer fianzas bajas, también abusarán de su discreción de no otorgar fianzas. Mientras, el senador Carmelo Ríos le aclaró a García Padilla que OSAJ no difiere fianzas a acusados de asesinato, como dijera el senador de minoría. También se le aclaró a García Padilla que en la mayor de las ocasiones las dilaciones en los juicios las causan los abogados de defensa.

Para el senador Iglesias, más allá de las estadísticas que se puedan proveer, existe la necesidad de proteger a la población. 'Aquí no caben las estadísticas. Si esta medida salva una sola vida, vale entonces la pena'. Nuestro derecho más fundamental, dijo, 'es el derecho a la vida'. El senador Luis Berdiel se sumó a esta visión, al indicar que 'una vida vale mucho'.

En ese mismo tono la agrupación Basta Ya se dirigió a la Comisión. El grupo, que preside Luis G. Romero Font y padre de un joven asesinado, señaló que limitar el derecho a la fianza 'ayudará a preservar la vida de personas inocentes, a testigos de crímenes y a motivar que más testigos cooperen con las autoridades en el esclarecimiento de los casos'. El ex superintendente de la Policía José Figueroa Sancha pertenece a este grupo y estuvo en las vistas.

'No comprendemos cómo es posible que en Puerto Rico se le confiera un derecho absoluto a la fianza a un acusado de asesinato que sea un riesgo inminente a las víctimas y que presentan una amenaza a testigos y al resto de la comunidad… Tenemos que corregir los errores', afirmó Romero Font, y dijo que su posición representa 'el enfoque del pueblo'. Agregó que la limitación de fianza según se propone balancea el derecho a la libertad del acusado con el derecho a la vida y seguridad de los ciudadanos.

Laboy había indicado que 'los jueces (en Estados Unidos) toman en consideración como factor determinante para otorgar o denegar libertad bajo fianza, entre otros, la peligrosidad que representa dicho acusado a la sociedad. Lamentablemente, en Puerto rico nuestros jueces no tienen la autoridad en ley para ejercer ese mismo grado de discreción (de denegar fianza)… Los delincuentes en Puerto Rico tiene mayor respeto, incluso temor, a ser acusados en la jurisdicción federal que la estatal', añadió.

Esta aprovechó para someter una enmienda para que se incluyan todo delito violento contra la persona en el cual el acusado sea un adulto y la victima sea una (un) menor de edad; y que se evalúe si se puede negar fianza a un agresor conyugal, si éste tiene récord. 'La medida lleva un mensaje claro y contundente a los criminales de que Puerto Rico nos pertenece y que el Estado va a utilizar todos los recursos para proteger a nuestros ciudadanos', comentó al final de su ponencia.

Por su parte, el ex fiscal y ex fiscal especial independiente, Ernie Cabán, que la medida 'está enmarcada en un adecuado balance de intereses, entre el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la intimidad, al uso y disfrute de la propiedad'.

Cabán dijo que esta enmienda representa un respaldo a los derechos y la seguridad de las víctimas del crimen y los testigos potenciales. 'Esta protección ciudadana debe tener un efecto directo en la confianza del pueblo y en su consecuencia contribuirá a que muchas más personas estén dispuestas a cooperar con las autoridades en el esclarecimiento de los casos, en el procesamiento de más personas y en la convicción de más acusados'.