El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eder Ortiz, solicitó el viernes al secretario de Justicia Guillermo Somoza, y al superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, que le den protección a los dos policías que son perseguidos por declarar en la investigación que se lleva a cabo en el municipio de Guaynabo por alegado fraude en el precinto 6 durante las primarias.

'No podemos permitir que traten de intimidar a los policías que están ayudando a esclarecer este caso en el que evidentemente hubo un esquema fraudulento que involucra a más de 30 policías, incluyendo algunos de alto rango. Es inaceptable que mientras los tenientes hacen reuniones para intimidar a estos policías, y que mientras hay cobardes que se esconden en la oscuridad de la noche para vandalizar propiedad y realizar llamadas intimidantes, nadie se preocupe por darle seguridad a estos policías que solo quieren que salga a relucir la verdad', sentenció Ortiz en declaraciones escritas.

Para sostener su argumento, Ortiz se amparó en la ley 115, conocida como la 'Ley de represalias contra empleado por ofrecer testimonio y causa de acción'.

Según el comisionado, la ley expresa claramente que ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra un empleado con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico.

La primaria del distrito seis de Guaynabo está bajo fuego por un alegado fraude electoral en el que alegadamente agentes municipales de ese municipio cambiaron sus direcciones para votar a favor de Antonio Soto, candidato preferido del alcalde Héctor O'Neill y así derrotar a su contrincante, el representante Ángel Pérez.

'Es increíble que estas amenazas por medio de actos de vandalismo e intimidación hayan salido a relucir desde hace tantas horas y todavía el gobernador Fortuño, el secretario de Justicia ni el superintendente hayan ordenado que se le brinde protección a estos policías que tratan de cooperar. Todos ellos saben lo que está ocurriendo en la policía de Guaynabo, más sin embargo, se han quedado de brazos cruzados poniendo en riesgo la seguridad de estos dos oficiales', subrayó Ortiz.