Mientras miembros de la mayoría parlamentaria en el Senado de Puerto Rico insisten en establecer políticas públicas dirigidas a fortalecer los valores cristianos y la promoción exclusiva de la familia heterosexual tradicional, un reputado abogado y profesor de derecho constitucional expresó que la oposición gubernamental al matrimonio entre personas del mismo sexo no puede basarse en fundamentos religiosos de ningún tipo.

De igual forma, dijo que la opinión emitida ayer por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston en torno a la inconstitucionalidad de una ley federal que pretendía definir el matrimonio entre la unión exclusiva de un hombre y una mujer representa un acto de sensibilidad hacia una comunidad históricamente marginada por su orientación sexual.

En entrevista con NotiCel, el Prof. Carlos Ramos comentó que si bien la opinión de Boston es ahora vista principalmente como un planteamiento en espera de una posible consideración del Tribunal Supremo (TS) estadounidense, debe haber un impacto en Puerto Rico, territorio que forma parte de la jurisdicción del Primer Circuito localizado en el estado de Massachusetts.

'De prevalecer Boston, esos empleados federales de Puerto Rico y otros territorios que han decidido unirse en matrimonio homosexual, ahora podrán reclamar una serie de beneficios conyugales que actualmente no pueden recibir tales como seguro social, veteranos, entre otros. Ya no habría ley federal que impida pedir esos beneficios', arguyó Ramos, quien imparte cursos de Derecho Constitucional y otras áreas relacionadas en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey.

'Desde el punto de vista inmediato, hay un impacto importante en cualquier lugar de los Estados Unidos donde haya parejas del mismo sexo casadas', añadió.

Dijo además que si el TS federal lo acoge y confirma, el veredicto aplicaría a toda la nación estadounidense. No obstante, si el máximo foro judicial de los Estados Unidos opta por no considerar la opinión de Boston, la decisión del Primer Circuito también se convertiría en el estado de derecho vigente, aunque sólo para las jurisdicciones que son parte de esa corte de apelaciones, incluyendo al territorio no-incorporado de Puerto Rico.

'Con su opinión, vemos un Primer Circuito que, contrario a otros asuntos, no está siendo conservador. Yo creo que va a tener un impacto de litigio de derechos civiles', comentó Ramos.

Asimismo, Ramos elogió la opinión judicial porque abre la puerta para que se desista de cualquier intento de promover una agenda de discrimen sin fundamento en contra de miembros de las comunidades Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero de Puerto Rico.

'Lo que sucedió en Boston es muy importante porque si esta opinión prevalece como ley en todo el Primer Circuito, habrá espacio para enfrentar problemas de la comunidad gay en Puerto Rico', acotó el constitucionalista.

A preguntas de NotiCel sobre la validez de los argumentos esbozados el jueves por la senadora del Partido Nuevo Progresista, Itzamar Peña, sobre el supuesto deber que tiene el gobierno federal para imponer una definición nacional sobre el matrimonio como acuerdo meramente heterosexual, Ramos rechazó tales planteamientos y se reafirmó en argüir que la decisión de Boston regirá a Puerto Rico, a menos que el TS la revoque.

'Si (el TS) lo revoca, habrá que ver en qué términos se basa porque ya tenemos una idea de lo que dice el Circuito. En ese tema no tenemos un Primer Circuito conservador', planteó el profesor de la Inter.

A pesar de sus diferencias interpretativas con la legisladora del PNP, Ramos le dio la razón a Peña cuando ésta expresó que la opinión de Boston no cambia el hecho de que los estados y territorios dentro de la bandera estadounidense aún conservan la facultad para legislar o definir el matrimonio a nivel constitucional en sus respectivas jurisdicciones.

Finalmente, Ramos hizo referencia al caso de Lawrence vs. Texas de 2003, en el cual el TS de los Estados Unidos declaró inconstitucional una ley que prohibía la sodomía en el estado de Texas. Comentó el abogado que esa decisión creó un precedente para prohibir que la política pública de un estado o territorio sea diseñada a la luz de consideraciones de índole judeo-cristianas.

'Lo que dijo el Primer Circuito ayer repite lo expresado por el Supremo anteriormente, de que asuntos tales como la oposición al matrimonio homosexual no pueden estar fundamentados en principios bíblicos o de ninguna religión', dijo Ramos.

'La moralidad cristiana no puede ser el fundamento para defender el matrimonio heterosexual y condenar el homosexual. De esos dogmas viven las instituciones religiosas, pero el estado no puede hacerlo así. Cada legislador puede decir en hemiciclo que cree en Dios, pero su fe no debe ser fundamento para legislar', concluyó el académico.