La Ley de Municipios Autónomos cumple en agosto 21 años de haber sido implantada. Sin embargo, como lo evidencian casos recientes de ayuntamientos que ni siquiera pueden tener el pago del recogido de basura al día, hay municipios que aún con la mayoría de edad no han logrado la madurez que la legislación pretendía.

Principalmente, la Ley 81 del 30 de agosto de 1991 perseguía transferir competencia de planificación y reglamentación, prestación de servicios básicos y otras responsabilidades del Gobierno Central a los municipios. Esto, pues se entiende que son las estructuras municipales las que más posiblemente pueden satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Para ello, se declaró como política pública 'otorgar a los municipios el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas financieras, así como los poderes y facultades necesarias para asumir una función central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico'.

Para el arquitecto Roberto Alsina, profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, el diseño de la ley, en su origen, es bueno en la perspectiva de que le da poder a los gobiernos municipales para intervenir en asuntos de planificación que antes eran terreno exclusivo de la Junta de Planificación. Hay varios aspectos de la legislación, sin embargo, que han quedado como puntos suspensivos en el aire. Uno de estos es el asunto de recaudación de fondos, que debía ser más directa para cada pueblo, pero para muchos, la creación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no se ha convertido en lo que se esperaba.

'Esta parte ha resultado ser no tan positiva', analiza Alsina. 'Los municipios son muchos y, a la misma vez, los municipios más pequeños o con menor población son los que más han sufrido y los que más desventajas han tenido que enfrentar porque el poder redunda en la capacidad de recaudar y eso se convierte en un problema'. Resulta que en muchos de los 78 municipios los límites territoriales realmente no van relacionados con la población.

Arecibo y Utuado, por ejemplo, son dos pueblos con una gran extensión territorial, pero no con tanta población. 'Eso tiene unos efectos económicos que representan retos. A los municipios con menor cantidad poblacional se les hace más complicada la tarea de tener un gobierno municipal más efectivo'.

Por otro lado, el sistema de la ley ha permitido que municipios del área metropolitana y cercanos, como Carolina, Bayamón, San Juan y Caguas han podido ser más progresivos en sus proyectos urbanos y sociales. 'San Juan está entrando en el tema de educación, tiene también un sistema de servicios sociales bien complejo. Eso son cosas que el municipio de Las Marías, no puede hacer, depende más de la estructura gubernamental central actual', apuntó el experto en urbanismo. 'Es una combinación de cosas que hacen que uno sea más o menos efectivo que otro'.

El planificador Jardany Díaz Salgado considera que la autonomía que se le ha dado a los pueblos para desarrollar cada cual sus proyectos se presta para el desparrame urbano 'porque pretende que haya 78 oficinas de ordenamiento territorial a nivel municipal, lo cual en el intento de ley es bueno, porque se establece que tiene que haber una conectividad y planes regionales, pero la realidad es que eso no se está haciendo'.

'Eso contribuye, además, a la contaminación ambiental, porque por ejemplo, com proyectos como los incineradores, no se establecen mecanismos para evitar que los polvos fugitivos afecten a municipios cercanos'.

Díaz Salgado también mencionó que la ley faculta para que los alcaldes se asignen sus sueldos e incurran en gastos innecesarios que debilitan las arcas gubernamentales. 'Hay alcaldes que invierten en monumentos, estatuas y en parques en lugares donde no son necesarios y no tienen la infraestructura básica para atender las necesidades de sus comunidades. La Ley de Municipios Autónomos debería establecer municipios para regular eso'.

Supresión y Consolidación de Municipios

Otro tema que ha quedado en suspenso en estos casi 21 años es la consolidación de Municipios, partiendo principalmente de la premisa de que en cuestiones de planificación urbana, 78 municipios, en el espacio territorial que comprende Puerto Rico, es mucho.

En la ley se establece cómo se podrán suprimir y consolidar municipios y, aunque han habido esfuerzos de organismos regionales, estos no han sido constantes ni generado los resultados deseables. 'La famosa regionalización, que a eso iba dirigido en principio, no ha cuajado al 100%. No hay una consolidación municipal, que era lo que la ley en su principio buscaba a través de los procesos de ordenación territorial, pero nunca se diseñaron o se hicieron las gestiones mandatorias, se tomó como algo más sugestivo'. Se suma la estructura político partidista que encuentra en los municipios sus soportes, por lo que es difícil de eliminar.

Municipios en busca de autonomía

A la fecha, cerca de nueve municipios todavía no han completado sus procesos de ordenación, que requiere ordenar el uso del suelo de ateas que requieran atención especial y programar los proyectos de rehabilitación en el centro urbano. Estos planes, se supone, serían elaborados o revisados por los municipios en estrecha colaboración con la Junta de Planificación y con otras agencias para asegurar la compatibilidad con planes estatales, regionales y de otros municipios. Entre los que no lo han finalizado todavía se incluyen Arecibo, Luquillo y Utuado.

Las razones, son muchas, entre estas, los mismos efectos de la ley: no todos los municipios tienen la capacidad económica de subsidiar el confeccionar un plan que cuesta no menos de $200,000. Otros, señala Alsina, han tenido problemas con el liderato político, alcaldes que no han tenido la capacidad de la función que tienen como tal.

De acuerdo con Alsina, han sido más los aspectos positivos de la ley que los negativos. Previno, no obstante, dos asuntos que continuarán generando discusión próximamente.

'El próximo paso en la autonomía municipal sería la transferencia final de los recaudos a gobierno municipales. El único problema que hay, y que se discute en la Asociación y en la Federación de Alcaldes, es que la derogación del CRIM podría poner en jaque los balanceos económicos que se han hecho para subsidiar a los municipios con menos ingresos', dijo.

Otro asunto, son los poderes que la Junta de Planificación se ha reservado para la implementación de proyectos de gran impacto, como lo puede ser un centro comercial de gran extensión, y proyectos gubernamentales, como la construcción y remodelación de escuelas, 'los municipios participan, pero sigue siendo un asunto del gobierno estatal'.

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