La próxima decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el Affordable Care Act (ACA) tiene a muchos en la incertidumbre, no sólo por el impacto que pueda tener en cuanto a los fondos federales que recibe la Isla, sino que también desvanecería la oportunidad de que las mujeres logren tener acceso a una mejor cubierta que incluya los servicios de salud preventiva.

La licenciada Patricia Otón, presidenta de la Junta Directiva de PROFAMILIA, dijo a NotiCel que la preocupación es que si la Corte Suprema encuentra que el ACA no es legal, 'este sueño que parece que puede ocurrir de tener servicios preventivos especialmente para la mujer, no va a ocurrir, se retrasa esa agenda hasta que vuelva otra vez a legislarse en el Congreso con toda la oposición que eso conlleva, y entonces el retroceso de que las mujeres de nuevo siguen sin cubierta'.

Al mismo tiempo añadió que 'veríamos un poco eso esfumarse, de que no hayan personas sin seguro si se elimina el Exchange'.

El Health Insurance Exchange es una de las cláusulas de ACA cuyo objetivo es qque los ciudadanos que no cualifican para la Reforma de Salud, pero tampoco pueden costear un seguro médico privado, puedan estar asegurados gracias a una aportación del Gobierno.

Waleska Crespo, directora ejecutiva del Centro de Diabetes de Puerto Rico, manifestó que se estima que en Estados Unidos hay 13 millones de mujeres sin seguro médico, que en su mayoría están en edad reproductiva.

El otro problema que dejaría en el aire la decisión del Tribunal Supremo es que la Reforma de Salud impulsada por el presidente Barack Obama, estableció un mandato a las aseguradoras privadas para que cubran a sus beneficiarios a partir del 1 de agosto todos los métodos anticonceptivos sin requerirles un copago.

De otro lado, Julianna Gonen, asesora en política de legislación federal en el Center for Reproductive Rights, descartó a este medio digital que si se declara inconstitucional ACA, esto tenga un efecto adverso en el denominado 'Grandfather Clause'.

Otón explicó que 'la cláusula del Grandfather permite que la aseguradora no cubra los anticonceptivos que empieza en agosto, a menos que ellos hagan cambios en las cubiertas o que contraten o añadan o quiten servicios, o cambien los costos'. De hecho, aún las aseguradoras suscritas al acuerdo del Health Insurance Exchange que cumplan con la cláusula del Grandfather estarían eximidas de proveer los métodos anticonceptivos a sus beneficiarios.

Maritza Espada, de la Administración de Servicios de Salud (ASES), indicó que la agencia no puede entrar a negociar este aspecto con las aseguradoras porque para los efectos el Departamento de Salud (DS) es el proveedor de los métodos anticonceptivos en Puerto Rico, al igual que las vacunas y de los inhibidores de proteasa del VIH. Hizo la salvedad de que aunque el DS provea los métodos anticonceptivos estos pueden requerir un copago por parte del beneficiario.

'Para que ASES pueda negociar con las aseguradora el state plan tiene que cambiar y enviar ese documento a CMS', puntualizó Espada.

Gonen planteó que si el Supremo cuelga la mandatoriedad, la regla del Grandfather sobrevivirá.

A su vez, el licenciado Homero Monsanto apuntó que en la medida que no estén disponibles los métodos anticonceptivos el paciente debe pagarlo de su bolsillo.

En otros aspectos, Gonen sostuvo que ACA no cubre los servicios de aborto con el dinero federal.

'Si tu recibes asistencia federal para pagar un seguro de salud (Health Insurance Exchange), tu no puedes usar ese dinero para pagar un aborto', determinó.

Sin embargo, aclaró que está a discreción de los territorios si quieren usar los fondos de Medicaid para financiar el aborto.

A juicio de Otón 'esto no afecta como está hoy en día, aquí (en Puerto Rico) se cubre el aborto solamente en casos de incesto o violación o que esté en riesgo la vida de la mujer'.

Actualmente en la Isla el costo por el aborto depende del tiempo de gestación. Inicialmente se cobre $250 y luego de la octava semana $25 por cada semana adicional.

Mientras esto ocurre, Blanca Cuevas, directora ejecutiva interina de PROFAMILIA, reconoció que hay mucha incertidumbre entre los profesionales de la Salud por la determinación de la Corte Suprema y el impacto que esto tendrá en la prestación de los servicios de salud y prevención.

Cuevas mostró preocupación que a las aseguradoras al ser obligadas a proveer métodos anticonceptivos a sus beneficiarios a partir del 1 de agosto, estas aumenten la aportación patronal y de los empleados a su cubierta de salud.

Se espera que el Supremo publique su fallo a finales de este mes, o principios del próximo.

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