La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), presentó hoy una demanda civil en el Tribunal Federal de Puerto Rico, contra la Policía por entender que miembros de la Uniformada violaron los derechos constitucionales de estudiantes y otros ciudadanos al ejercer un uso excesivo de la fuerza durante este cuatrienio, principalmente en el conflicto huelgario de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

ACLU y el bufete Kirkland <><><><><><>& Ellis, en representación del Consejo General de Estudiantes de la UPR, Recinto de Río Piedras, y de la Federación Central de Trabajadores, plantea en la demanda que la Policía de Puerto Rico, violentó el derecho a la libertad de palabra y de expresión de los ciudadanos, que están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Además, le imputan violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todo ciudadano será libre de incautaciones y allanamientos irrazonables./p

pEn la demanda, que también participan como litigantes la licenciada Nora Vargas Acosta y el licenciado Christopher Hansen, reza que tanto el Consejo de Estudiantes como la Federación Central de Trabajadores, haciendo valer sus derechos constitucionales, hicieron manifestaciones públicas pacíficas a partir del 2009, en repudio a las políticas implantadas por el Gobierno y los cambios que estaban ocurriendo en el Primer Centro Docente del país./p

pLa respuesta de la Policía, específicamente a través de su llamada Fuerza de Choque o lo mismo que Unidad de Operaciones Tácticas, fue de reprimir la libertad de expresión, mediante el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma, macanazos, dolorosas técnicas a los puntos de presión y distintas formas de intimidación, se argumenta./p

pEntre los incidentes violentos que son señalados en la demanda, están la intervención de la Fuerza de Choque en la manifestación que hicieran en el 2009 la Federación, durante una protesta en contra de la Ley 7 frente al Banco Gubernamental de Fomento; el conflicto huelgario contra la cuota estudiantil por $800 dentro del recinto riopedrense; la polémica intervención de la Policía en el Hotel Sheraton en el Distrito del Centro de Convenciones, durante una recaudación de fondos del Partido Nuevo Progresista; y la protesta masiva en el Capitolio que se realizó en enero del 2011 y donde fueron agredidos no solo ciudadanos sino también periodistas y fotoperiodistas que cubrían las manifestaciones.

'La conducta de la Policía de Puerto Rico, como se alega en la demanda, no es algo aislado. Tampoco esto representa las acciones no autorizadas de los oficiales, en su carácter individual. En cambio, esto es un modelo extendido y bien organizado de interrumpir actividades públicas mediante el uso irrazonable de fuerza', puntualiza el recurso legal.

De otro lado, plantea que los ex superintendentes de la Policía, José Figueroa Sancha y Emilio Díaz Colón, tuvieron ante su atención dichas alegaciones, y fueron increpados para que establecieran una reforma dentro de la Uniformada.

Los demandantes persiguen que el Tribunal determine que la Policía de Puerto Rico tiene un patrón de uso excesivo de la fuerza. De igual forma, solicitan que el Tribunal ordene que, entre otras cosas, la Policía cree nuevas políticas de intervención para manifestaciones públicas, que se provean adiestramientos a sus miembros sobre el uso de la fuerza y que la Uniformada establezca mecanismos de supervisión adecuados.

El director ejecutivo de la ACLU, el licenciado William Ramírez, adelantó a NotiCel la semana pasada que la demanda surgía ante la falta de acción del Departamento de Justicia Federal, en hacer que el Gobierno de Puerto Rico cumpliera con las recomendaciones establecidas en el informe federal del pasado septiembre.

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