Edgardo Román, portavoz de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, se mostró confiado en que un jurado puertorriqueño no autorice al gobierno estadounidense a ejecutar a Edison Burgos Montes, convicto por desparecer asesinar a su novia que era informante de la Administración Federal Antinarcóticos (DEA, en ingles), Madelyn Semidey, en hechos ocurridos en julio de 2005.

Burgos ya fue encontrado culpable por los hechos, y en esta segunda etapa, el mismo jurado que lo encontró culpable escuchará los agravantes que presente el ministerio público federal y los atenuantes por parte de la defensa para decidir si lo condenan a la pena capital o a cadena perpetua.

De aplicarse la pena capital, sería la primera vez que un jurado lo hace en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Desde el 2003 hasta el presente, la fiscalía federal encabezada por Rosa Emilia Rodríguez ha tratado sin éxito que diferentes jurados les autoricen a ejecutar a cuatro convictos en la jurisdicción estadounidense.

Ninguno de los casos ratificados por el Departamento de Justicia federal para la imposición de la pena de muerte ha culminado en un fallo positivo para el gobierno estadounidense.

La pena de muerte está prohibida bajo la Constitución de Puerto Rico, pero es permitida en la esfera federal.

El caso está a cargo de las fiscales Julie Mosley y Marcela Mateo. Entretanto, Burgos es representado por los abogados Steven Potolsky y Rachel Brill. Las partes se encontraban reunidas esta mañana en cámara discutiendo pormenores del procedimiento judicial.

La defensa de Burgos ha cuestionado la aplicabilidad y la constitucionalidad de la pena capital en Puerto Rico, así como la alegada autorización inapropiada del caso por parte del ex secretario de Justicia bajo la administración de George Bush, Alberto González.

El juez federal Salvador Casellas, notorio ahora por la acusación de asesinato contra su hijo, ha sido el único juez federal en Puerto Rico que ha resuelto en un caso que es inconstitucional aplicar la pena de muerte en la isla por la vía federal. Dicha decisión fue revocada.

'La readopción de la pena de muerte en Puerto Rico entendemos que es una terrible opción, es una alternativa que agrega elementos a la espiral de violencia que hay en el país, es contestar la violencia con más violencia, es agregar el asesinato del estado a los asesinatos de las personas y eso nos preocupa muchísimo porque al final del día no tendremos un mecanismo que nos ayude a remediar nuestro terrible mal de asesinatos', sostuvo Román, quien subrayó que todos los días habrá vigilia de 5:00 a 6:00 de la tarde en el Tribunal Federal mientras se celebre la segunda fase del juicio contra Burgos.

Para Román, restituir la pena de muerte no resuelve el problema de la criminalidad que arropa el país. La pena capital se abolió en la isla en el 1929 y fue se prohibió expresamente en la Constitución puertorriqueña.

'(La pena de muerte) no agrega elementos para corregir el problema social que tenemos en el país, sino que se suma a una manera muy particular a la violencia existente una violencia adicional', sostuvo.

'Nosotros creemos que en Puerto Rico existe una experiencia, una cultura, una oposición muy firme en contra de la pena de muerte, lo que ha significado que en casos anteriores no ha habido condenas de pena de muerte en la jurisdicción federal', destacó.