Un grupo de maestros de la Escuela Loaíza Cordero de San Juan presentaron una demanda contra el secretario de Educación, Edward Moreno, la directora del plantel y otro personal de la agencia por entender que han violado sus derechos de libertad de expresión y han sido acosados laboralmente.

Los demandantes son los maestros Gabriel Olivo Medina, Félix De Jesús y Vanessa Pastrana. Olivo y De Jesús, ambos ciegos, y Pastrana, son maestros de estudiantes con limitaciones visuales.

Los tres, coordinadamente, han hecho denuncias públicas sobre el fracaso de varias administraciones para suplir los materiales educativos de los estudiantes ciegos con tiempo; las condiciones físicas y sanitarias deprimentes del instituto, y la falta de seguridad personal para los alumnos. Alegan que por reclamar la justa atención a sus estudiantes han sido sancionados, acosados y ridiculizados.

El 29 de noviembre de 2010, mientras el gobernador Luis Fortuño realizaba una reunión el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré con los directores del Departamento de Educación y personal administrativo, los demandantes hicieron una demostración pública para denunciar, entre otras cosas, la falta de conserjes en la escuela por más de un año.

La misma tarde, dos conserjes fueron asignados a la escuela, pero, de acuerdo con los demandantes, la gestión resultó ser solo un parcho y no un compromiso honesto de atender permanentemente la situación.

Cerca de un año más tarde, Olivo envió una carta al gobernador Fortuño en el que lo ponía al tanto de varios asuntos que enfrentaban los estudiantes ciegos: como la administración de las Pruebas Puertorriqueñas bajo un método en el que los estudiantes no eran adiestrados; la falta de maestros entrenados en el Código Nemeth, para el que un maestro tiene que estar certificado por las Autoridades de Braile en Norteamérica. Además, señalaba que los estudiantes no tenían sus libros de texto de Braile o con tipografía agrandada, que en la escuela había una plaga de ratas, que la basura no se recogía y que la directora nombrada no tenía la debida preparación académica ni experiencia para trabajar con niños con limitaciones visuales.

Como parte de sus denuncias, las senadoras Sila Mari González y Kimmey Raschke, así como la periodista de Univisión, Yolanda Vélez Arcelay, visitaron la escuela para corroborar la situación. Los maestros sirvieron de guía para mostrarles las condiciones de la institución.

Los demandados aducen que a raíz de estas acciones, fueron amonestados, acosados y ridiculizados por la directora y por personal del Departamento de Educación.

'Como resultado de la conducta ilegal de los demandantes, Olivo y Pastrana viven en constante temor por represalias y trabajan en un ambiente hostil y son sujetos de la ridiculización de frente a sus compañeros de trabajo', indica el pliego radicado en el Tribunal Federal.

De Jesús fue forzado a retirarse del Departamento de Educación en julio de 2012, luego de 33 años de servicios, debido a su temor de que los demandados tomarían acciones que afectarían sus beneficios y sus derechos de continuar empleado.

Por tal razón, reclaman una indemnización de $100,000 para cada uno.

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