La Unión General de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) condenó hoy la movida del Gobierno de radicarle cargo a cinco de sus miembros por presuntamente obstaculizar la labor de la Corporación, y apuntó que cualquier situación que se registre en el país donde haya una suspensión en el servicio de la electricidad, esta bajo la responsabilidad del gobernador Luis Fortuño y de los dirigentes de la dependencia, de quienes dijeron están intentado manipular la opinión publica dando información errónea al país.

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, indicó que la radicación de cargos contra dichos empleados se produjeron durante la medianoche, pese a que las citaciones para comparecer al Tribunal se habían expedido el día anterior.

Añadió que 'desde muy temprano en la tarde (del viernes), nuestros abogados y compañeros citados, se presentaron a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Ponce. Luego de aguardar por espacio de más de cinco horas, y luego de varias llamadas a la Fiscalía de Ponce para saber si se iban o no a someter acusaciones, se coordinó con el juez Luis Vélez Vélez, recién nombrado y confirmado por la administración de Luis Fortuño el 30 de marzo del 2012, para que los compañeros citados y sus abogados pudieran retirarse a sus casas, comprometiéndose a comparecer al Tribunal cuando finalmente se fueran a someter sus casos. La Fiscalía de Ponce también estaba en conocimiento de esto'.

Sin embargo, expuso que a la medianoche a los cinco empleados se le radicaron cargos en ausencia, y el mismo juez dictaminó causa para arresto y le fijó una fianza a cada uno. Este precisó a este diario digital que las fianzas fluctúan entre los $50 mil a $100 mil.

Para Figueroa Jaramillo esta movida representa una violación a los derechos de los empleados y es contrario a la Regla 6 de Procedimiento Criminal. Además opinó que era una estrategia del Gobierno para intimidar a los trabajadores que están en huelga, al buscar que estos empleados quedaran presos durante el fin de semana, pues sostuvo que no todos los tribunales están en funcionamiento.

Fue enfático que no será hasta el lunes que dichos empleados se entregarán a las autoridades y no descartó radicar querellas en el Tribunal Supremo contra el Ministerio Publico y el juez Vélez Vélez.

De hecho, manifestó que han recibido información de que el Gobierno pretende activar la Unidad de Arrestos Especiales 'para lanzarla como perros de presa contra nuestros afiliado. Nuestra matricula la constituyen hombres y mujeres dedicadas a la prestación de sus servicios al pueblo, no somos delincuentes ni criminales. Los verdaderos delincuentes y criminales son precisamente aquellos que pretenden robarse la Autoridad para entregarla a sus amigos y privatizadores'.

Asimismo, rechazó toda imputación de que miembros de la UTIER estén obstaculizando la entrada de suministros importantes para asegurar que el servicio de la electricidad no se vea interrumpido. Más aún argumentó que la AEE en coordinación con los unionados que están en huelga han podido entrar sus camiones de suministro.

En ese sentido, determinó que 'están exagerando lasituación para crear una conmoción en el pueblo'.

A su vez, Ricardo Santos señaló que 'los operadores de las plantas son empleados gerenciales, no unionados. Los unionados dan mantenimiento a las plantas y ayudan a los operadores'.

Tanto Figueroa Jaramillo como Santos aseguraron que ahora mismo la AEE 'tocando un botón, dejan al país sin luz'. Por lo que responsabilizaron tanto al Primer Mandatario como al director de la corporación, Josué Colón, como al presidente de la Junta de Gobierno, José Ortiz, de cualquier cosa que ocurra en cuanto al servicio de la electricidad.

Mientras tanto, la UTIER sigue a la espera de alguna oferta por parte del patrono sobre las negociaciones del convenio colectivo, en relación al tranque por aspectos de salud, seguridad y salarios.