Según la designada secretaria del Departamento de la Familia (DF), Idalia Colón, la prioridad de la Alianza 42k será atender las 27,282 querellas de maltrato que no fueron investigadas bajo la pasada administración, que corresponden a menores de edad de 7 años o menos. De este grupo, unas 6,696 querellas son por abuso sexual y maltrato físico.

Sin embargo, Colón precisó a NotiCelque también entre las 42,143 querellas que en total estaban sin investigar al cierre del pasado cuatrienio, hay por maltrato de personas de edad avanzada, maltrato institucional y menores de edad mayores de 7 años.

Ante el cuadro de estas querellas, el DF ha iniciado una pesquisa administrativa para auscultar sobre las 11,000 querellas que fueron cerradas bajo un presunto esquema, sin ser investigadas, entre el 7 de diciembre al 31 de diciembre.

De acuerdo a Colón, la información preliminar que manejan es que a un empleado de la Región de Mayagüez le dieron acceso a todo el sistema, para que cerrara querellas en base a tres parámetros:que no había fundamentos, que no había sido ubicada la persona u otras.

Al hacer una muestra aleatoria de las querellas cerradas se dieron cuenta que 'en efecto había indicios de abuso sexual de menores de 7 años y de maltrato físico. Así que todas las querellas las vamos a investigar', dijo Colón.

De hecho, planteó que la experiencia en general es que, usualmente, entre un 30% a 35% de las querellas que recibe el DF, son válidas las alegaciones de maltrato u abuso sexual.

Las regiones con los mayores números de querellas que no fueron investigadas en este cuatrienio, son: Bayamón con 9,731, San Juan con 7,396, Caguas con 5,820 y Ponce con 3,533.

Colón destacó que en menos de un mes, cerca de 3,000 querellas fueron cerradas en la región de Bayamón, por este individuo, sin ser investigadas.

'En estos momentos nosotros encomendamos una investigación administrativa. Va haber un recurso externo, que se va a contratar para hacer una investigación de la Secretaria (Yanitsia Irizarry), para entonces entrar en el detalle. Esa investigación la vamos a trabajar en coordinación con el Departamento de Justicia. Nosotros estamos en la fase administrativa y dependerá de unas informaciones y unos hallazgos para que entonces Justicia determine si hay alguna acción de tipo criminal en todo este proyecto, que lo llamaron 'FN81'', explicó Colón.

De otra parte, Colón aseguró que tras la asignación de $1 millón por parte de la Cámara de Representantes, los gastos para investigar estas querellas están cubiertos, al menos por este año fiscal, ya que estará haciendo esfuerzo para tener ahorros en el Departamento en relación a los contratos. Con esta asignación, se piensa contratar a personal externo para asistir a los empleados del Departamento en tres de las regiones con la mayor cantidad de querellas sin investigar.

'Los $16 millones es lo que nos cuesta con todos los recursos que necesitamos. Cada investigación con el trabajador social tiene un costo de $350 a $385. Nosotros no anticipamos para este año fiscal tener que pedir fondos adicionales a la Asamblea Legislativa', puntualizó.

Entretanto, dijo que igualmente estarán revisando el contrato otorgado a la empresa Softtek, que tiene a cargo la creación y la administración de la base de datos de las querellas.