Debido a las expresiones tímidas sobre la pena de muerte que vertió el nominado Secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, ante la Comisión de lo Jurídico del Senado que evalúa su nombramiento, Pedro Santiago, director ejecutivo de Amnistía Internacional en la isla, pidió que abogado sea claro en su posición.

'Nada aporta en la lucha por la justicia que en su carácter personal esté en contra de la pena de muerte, si no puede poner esas convicciones en la lucha por la abolición de tan cruel e inhumana sentencia (castigo). Una posición tan crucial como es la del Secretario de Justicia no da espacio para la neutralidad; abstenerse de defender la idiosincrasia constitucional de Puerto Rico y los derechos humanos de las y los puertorriqueños ante tan importante asunto, es estar a favor', dijo Santiago.

La Organización le solicita al licenciado Sánchez Betances que, cónsono con sus expresiones de defender la Constitución de Puerto Rico, exprese, de forma contundente, su oposición a la pena de muerte y emule acciones de pasados secretarios de Justicia que han retenido bajo la jurisdicción estatal los casos con posibilidad de que, en el foro federal, sean certificados para la aplicación de la pena máxima.

Evelyn Michelle Román, coordinadora del Comité Contra la Pena de Muerte, la Tortura y los Malos Tratos de AIPR, añadió, 'esperamos más del Secretario de Justicia. Los estados tienen el poder de reclamar jurisdicción ante determinados delitos, más aun si existe la posibilidad de que individuos sean sentenciados a muerte por los mismos. Puerto Rico es un país abolicionista, y así está expresado en nuestra Constitución. El gobernador y el secretario de Justicia deben exigir al gobierno federal respeto por nuestra Constitución, leyes y reglamentos'.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.L a aplicación de la pena capital no ha generado menos criminalidad, en ningún lugar. Lo que marca la diferencia será un enfoque que mire la situación de criminalidad como un problema sostenido en la desigualdad y con el que se desarrollen programas de prevención (desde diversos sectores) enfocados a fomentar el civismo, la inclusión, el respeto por los derechos humanos, la equidad y la autosuficiencia. Eso, junto con el ofrecimiento de mejores herramientas de trabajo y de adiestramiento a la Policía y la Judicatura, formaría un sistema de justicia efectivo.