Diversas organizaciones y coaliciones entre ellas el Frente de Rescate Agrícola se manifestaron hoy en apoyo al Proyecto de la Cámara 230 y el Proyecto de la Senado 22 que buscan derogar el Artículo 200 del Código Penal mejor conocido como 'Ley Tito Kayak'.

'La nueva Ley de Permisos limita de diversas maneras la participación ciudadana en el proceso de otorgación de permisos. No le exige a los proyectistas a celebrar vistas públicas, produce documentos voluminosos y de conocimiento altamente especializados con poco tiempo para comentarios, entre otras estrategias. Por lo que la manifestación pacífica se convierte en una de las únicas herramientas para que el ciudadano participe de este proceso', expresó en un comunicado Katia Avilés, ecóloga.

Esta ley le impone de seis meses a tres años de cárcel a toda persona que intente impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada. En Puerto Rico se otorgan permisos de construcción todos los días sin consulta alguna a vecinos, organizaciones ambientales y en momentos a agencias pertinentes.

El Proyecto de la Cámara 230 presentado por el representante Luis Vega Ramos y Carlos Vargas Ferrer y el Proyecto de la Senado 22 presentado por el senador Fas Alzamora tendrían el miércoles sus vistas públicas.

El Frente de Rescate Agrícola, organizaciones a fin e individuos expresarían en ponencias y en la manifestación a celebrarse en la mañana frente las escalinatas del Capitolio, un claro apoyo a ambos proyectos por la derogación de esta ley.

'Ante la falta de espacios efectivos de participación, los ciudadanos necesitamos poder manifestar nuestras opiniones. La Ley Tito Kayak funciona en contra de nuestra libertad de expresión criminalizando el derecho a fiscalizar al gobierno a través de la manifestación pacífica, un deber de todo ciudadano', sostuvo Karla Acosta, abogada.

La amenaza de esta ley se ejemplifica con los seis ciudadanos entre ellos estudiantes universitarios, un agrónomo y un profesor del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que actualmente enfrentan juicio acusados bajo la misma. Estas personas fueron arrestadas el 15 de diciembre 2011 mientras se manifestaban pacíficamente en Santa Isabel llamando la atención sobre la construcción de un proyecto industrial de energía eólica incompatible con las 3,700 cuerdas de la mejor tierra agrícola del país donde se estableció.

'El caso de los seis arrestados en defensa de los terrenos agrícolas de Santa Isabel es la primera aplicación de esta ley antidemocrática, y estamos hoy aquí para revertir la misma. Estos 6 ciudadanos reanudan el proceso judicial el próximo 11 marzo en el Tribunal de Ponce, de no ser derogada con urgencia se exponen hasta tres años de cárcel. Ciudadanos cuyo único delito ha sido proteger nuestros mejores terrenos agrícolas', declaró el agrónomo Ian Pagán Roig, portavoz del FRA.