Tras la destitución del juez superior Reinaldo Santiago Concepción por violencia domestica y abuso de drogas, el gobernador Alejandro García Padilla ordenó hoy establecer pruebas de dopaje a los aspirantes a la judicatura.

En particular, el mandato es a la Oficina de Nombramientos Judiciales de Fortaleza, que deberá de desarrollar el protocolo que aplicará a los que quieran ocupar posiciones de fiscales, procuradores y registradores en el Departamento de Justicia.

Por su parte la administradora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez, dijo a NotiCel que esta posibilidad requiere análisis ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido que esto es una invasión a la privacidad. La OAT reconoció que no realiza pruebas de dopaje a los jueces y juezas, y que sí las hace a algunos empleados tales como alguaciles y choferes, pero Vélez sostuvo que en estos casos se justifica porque se trata de un asunto de seguridad.

'La rama judicial no tiene opinión sobre esto ahora. Sin lugar a dudas, hay que abrir el espacio y analizar las misma, hacer consultas. Esto es porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que es una invasión a la privacidad', dijo Vélez.

La administradora se refiere a decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que establecen que a falta de una necesidad apremiante, las pruebas de dopaje a empleados constituyen un registro irrazonable en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege contra registros irrazonables.

NotiCel supo que el Senado sometió al ex juez a pruebas sicológicas y consultó a compañeros de trabajo y otras personas pero no le requirió hacerse pruebas de dopaje.

Hoy el presidente de la Comisión de Gobierno José 'Conny' Varela anunció que radicó un proyecto de ley dirigido a que la Judicatura se someta obligatoriamente a pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas.La medida propone agregar un artículo a la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley 201-2003).

'Todo funcionario que forme parte de nuestra Judicatura, debe estar dispuesto a someterse a pruebas de dopaje. Resulta sorprendente que no se trate de un requisito indispensable; particularmente cuando la labor de los jueces debe caracterizarse por gran confianza, total transparencia y el más alto apego a los cánones de ética judicial y profesional', expresó en declaraciones escritas.

Varela recalcó que también gestó el mencionado proyecto porque resulta cónsono con la política pública del gobierno de Puerto Rico. La medida dispone que los jueces se realicen pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas, al menos una vez por año. Además, provee un lapso de treinta días después de la aprobación de la propuesta ley, para que la Rama Judicial establezca la reglamentación necesaria para dar cumplimiento a esta legislación.

'Se trata de un interés apremiante por parte de la Asamblea Legislativa. Propende a la salud y el orden público. Es una medida necesaria e indispensable', dijo Varela.

Otro que sometió un proyecto para requerir pruebas de dopaje a los jueces lo fue el representante penepé Angel Rodríguez.

No obstante, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara, Jose L. Báez Rivera, señaló que el proyecto sufre defectos, ya que el mismo propone que el análisis capilar para la detección del uso de sustancias controladas sea sufragado por la Oficina de Administración de los Tribunales, cuando la Rama Judicial durante el proceso de nombramiento de un juez no tiene inherencia.

'Este Proyecto de la Cámara 319 es una copia exacta del Proyecto de la Cámara 3216, el cual el representante Gary Rodríguez presentó en marzo del 2011. La medida original fue evaluada por la Comisión de lo Jurídico y de Ética, que era dirigida por la entonces mayoría novoprogresista. Dicha Comisión rindió un informe negativo explicando el defecto de la medida. El representante Rodríguez, a sabiendas de que su propuesta tenía un error que le habían traído a su atención sus compañeros de Partido, somete nuevamente el mismo sin considerar las recomendaciones hechas por la anterior Comisión de lo Jurídico y de Ética y de la Oficina de Administración de los Tribunales', argumentó Báez Rivera.

No obstante, habría que ver si la medida no se convertiría en una intromisión indebida de una rama judicial sobre la otra.

Las medidas pidiendo pruebas de dopaje a los jueces vienen luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ayer destituyera a Santiago Concepción y lo desaforara del ejercicio de la abogacía por actos continuos de violencia doméstica y abuso de cocaína. Los jueces refirieron el caso de Santiago al Departamento de Justicia.

Vélez dijo que la rama judicial está dolida y consternada con la situación por el impacto hacia los otros jueces y juezas que laboran con dignidad en la rama judicial.

'Es un día triste pero nos vamos a levantar', dijo.