La Jueza Presidenta del Tribunal Federal expresó la semana pasada que las autoridades continentales están en conversaciones con las entidades correccionales de Puerto Rico para buscar acomodo carcelario para aquellos que están en custodia de los alguaciles federales.

La información surgió de una entrevista que concedió la jueza federal Aida Delgado Colón al periódico puertorriqueño en inglés Caribbean Business, en la cual mencionó que los alguaciles federales están buscando espacios carcelarios para alquilarlos a las referidas entidades porque la Cárcel Federal de Guaynabo, también llamada Centro Metropolitano de Detención (MDC), está muy cerca de su capacidad máxima.

'Durante los pasados tres años, el número de casos criminals ha estado aumentando y la capacidad de MDC es fija', dijo Delgado Colón al referido semanario.

El artículo menciona que la Carcel Federal tiene capacidad para 1,600 confinados pero el Servicio Federal de Alguaciles trata de limitar el número a 1,200 para tener algún margen para aceptar nuevos ingresos.

Sin embargo, esa no ha funcionado y ha obligado a los alguaciles federales a obtener una asignación presupuestaria suplementaria para transportar confinados federales a cárceles de Atlanta y Miami pero el espacio penitenciario en esas instituciones asignado a Puerto Rico también está casi lleno su capacidad.

'El Servicio de Alguaciles federales está explorando la capacidad de arrendar espacio en alguna institución estatal para albergar a esos confinados', agregó Delgado Colón. 'Están considerando una institución en Salinas y están discutiendo esa alternativa con el Secretario de Corrección'.

'Yo no diría que han excedido su capacidad, pero es muy probable que también se beneficien del acuerdo', expresó la jueza. 'El Gobierno federal estará pagando por ese espacio y se le proveerán todos los servicios'.

El Secretario de Corrección José Negrón Fernández coincide en que Puerto Rico se puede beneficiar del acuerdo, afirmó la Jueza Presidenta Federal, y las autoridades de ambos sistemas están colaborando en áreas de beneficios mutuos.

Por ejemplo, la Oficina de Probatoria Federal tiene cerca de 19 empleados menos de los que necesita, así que el Gobierno de Puerto Rico le ha ofrecido en calidad de préstamo a diez de los suyos. A cambio de eso, las autoridades federales están adiestrando a los empleados del Gobierno de Puerto Rico y enseñándole técnicas de supervisión e investigación a todos los oficiales de probatoria de la Isla.

'Esa es la clase de acuerdo en que ambos nos beneficiamos', dijo Delgado Colón.

Evitar el hacinamiento en la cárcel federal ha sido un tremendo dolor de cabeza para la Jueza Presidenta, en gran medida, porque el trabajo adicional ha conllevado la supervisión del acarreo de los confinados a prisiones fuera de la Isla a la vez que se vela porque se respeten sus derechos, así como la preservación de un manejo efectivo de los casos.

Por ejemplo, un confinado no puede ser transferido fuera de una jurisdicción hasta que sea entrevistado por un oficial de probatoria que deberá rendir un informe presentencia al juez del caso y también se le tiene que asegurar su libre acceso a sus abogados.

'Eso significa que los Alguaciles no pueden transferir a quien les de la gana, cuando les de la gana', afirmó Delgado Colón. 'En la práctica, llegó a un punto en el cual yo estaba contando cabezas. Ha requerido mucha coordinación y mucho tiempo que en situaciones normales habría sido manejado por los jefes de cada agencia'.

En medio de las constantes incertidumbres con el presupuesto federal, al presente no hay planes para construir una nueva cárcel federal en Puerto Rico, aunque Delgado Colón tampoco descarta que la situación prevaleciente demuestre su necesidad.