El representante del Partido Nuevo Progresista, Ángel 'Gary' Rodríguez Miranda denunció el martes que la administración de Alejandro García Padilla suspendió este julio la ley que estableció como política pública la detección temprana de infecciones en todas facilidades hospitalarias mediante la realización de una prueba rápida de diagnóstico molecular MRSA al momento de la admisión.

'El pasado 1 de julio, la desorganizada administración del partido popular pospuso por un año la entrada en vigor de la de Ley 298-2012, la cual les requería a todas las instalaciones médicas en Puerto Rico, realizar una prueba rápida de diagnóstico molecular de MRSA a todo paciente al momento de entrar a una facilidad de salud en un término no mayor de 24 horas, luego de ser ingresado. Es una pena que por estar politiqueando este Gobierno permitiera la derogación de este importante requisito que ahora vemos lo tan necesario que hubiese resultado en vista de lo ocurrido en el hospital de Carolina', explicó el legislador estadista mediante un parte de prensa.

La revelación surge en momentos que el estado evalúa la situación en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ocurrieron 32 muertes sospechosas relacionadas con la bacteria Acinetobacter Baumannii. El director del hospital, Domingo Nevárez fue destituido la noche del lunes.

El legislador dijo que la administración del exgobernador Luis Fortuño desarrolló la implantación de esta regulación el pasado año, mejor conocida como Ley para el Control y Prevención de Infecciones en Instalaciones Médicas de Puerto Rico, para así evitar la propagación de bacterias en facilidades de cuido de salud. Según la ley, todo hospital tendría que realizar las pruebas a cualquier paciente que se encuentre programado para una cirugía y/o tenga una condición de salud documentada que lo hace susceptible a infecciones.

También se harían las pruebas cuando se ha documentado que el paciente fue dado de alta anteriormente de un hospital en un término menor de 30 días, cuando el paciente será ingresado en una unidad de cuidado intensivo o en una unidad de quemaduras del hospital, cuando el paciente recibe tratamiento de diálisis; y cuando el paciente ha sido transferido de un centro de enfermería especializada.

Además de la prueba, se facultó al estado a fomentar la evaluación temprana, prevención y preparación de informes de ciertas infecciones específicas adquiridas en facilidades de salud para desarrollar planes de acción concretos.

García Padilla firmó en julio el proyecto que derogó hasta el julio del 2014 la entrada en vigor de la ley de pruebas obligatorias.

Rodríguez Miranda culminó exhortando al primer mandatario a restablecer la vigencia de la ley y añadirle mayores poderes.