La pugna por el veredicto en el caso contra el exsenador novoprogresista Hector Martínez y el empresario de la industria de seguridad, Juan Bravo, sigue viva despues de que la fiscalía federal le pidiera al Juez Francisco Besosa que corrigiera su dictamen de absolución total.

Después de una decisión del Primer Circuito de Apelaciones el miércoles pasado en la que dictaba que algunos cargos contra el dúo serían revocados y otros serían dejados sin efecto para dejar espacio a cualquier otro procedimiento posterior pertinente, el juez Besosa emitió una orden en la que absolvía a los acusados de todo los delitos.

El viernes tarde, el fiscal federal Peter Koski levantó la alerta en una moción en la que le pedía al juez que corrigiera su dictamen para reflejar que lo que pasó con los cargo de pago ilegal es que quedaron sin efecto y adelantando que la fiscalía mantenía la capacidad de volver a enjuiciar al dúo. En ese nuevo juicio, la fiscalía seguiría la instrucción del Circuito de usar una instrucción distinta a la hora de someter el caso al jurado para que, en vez de pedirles que deliberen sobre hechos constitutivos de pagos de regalía, lo hagan sobre la modalidad de soborno.

En respuesta a la solicitud, el juez corrigió su dictamen para reflejar que las convicciones por los pagos ilegales sólo quedaban sin efecto.

La defensa protestó y le pidió a Besosa que volviera a su dictamen original como obligación constitucional del derecho que tienen los acusados a no ser procesados dos veces por el mismo delito.

'No hay autoridad legal alguna que autorice a este tribunal a dejar sin efecto una orden previa de absolución, y el Gobierno no ha, y no puede, sostener lo contrario. Este caso debe terminar', sostuvieron los abogados de defensa encabezados por Sonia Torres.