La jueza administrativa Brenda P. Murray desestimó esta tarde los cargos que pesaban contra el exjefe de UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico, Miguel Ferrer, y el ejecutivo Carlos Ortiz por supuestamente engañar a inversionistas sobre el verdadero estado de los fondos de inversión que los ejecutivos estaban manejando.

Por esta misma orden, y por el mismo esquema, el banco UBS Puerto Rico había aceptado transar los cargos administrativos mediante pagar $26.6 millones a un pote para compensar a los clientes afectados, se había anunciado el 1 de mayo de 2012.

Al centro de la controversia están los mismos instrumentos de inversión que recientemente sufrieron una sangría y han causado millones de dólares en pérdidas a inversionistas puertorriqueños por la debacle en el valor de los bonos de la Isla. Ese tipo de instrumento permite que por cada dólar invertido, los fondos puedan comprar dos dólares de inversiones y que el segundo dólar esté garantizado con dinero prestado. Hay toda una racha de demandas y reclamaciones recién radicadas que podrína verse influenciadas por la decisión de hoy.

El caso ante la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) es que entre 2008 y 2009, durante la crisis en los mercados, UBS hizo ajustes en los precios de sus instrumentos que provocaron una reducción en su valor, sin notificarle estos movimientos a sus clientes, quienes principalmente son personas mayores que invierten su dinero de retiro.

Para los años de la controversia, los Fondos en cuestión tenían entre $9 mil y $10 mil millones, y UBS cobraba entre 4.5% y 4.7% por manejarlos. La compensación total de Ferrer en los años de la controversia fueron $4.5 millones.

Entre 2008 y 2009, y por la política de UBS de ajustar los precios de las acciones de los Fondos, el dinero en los Fondos redujo su valor por entre 10% y 12%. Típicamente, alguien que invirtió $100,000 en 2008, tenía sólo $88,000 en 2009, aunque sus pagos de dividendos no se afectaron.

Mientras le decían a sus 14,000 clientes que aguantaran sus inversiones y no las vendieran, los asesores financieros de UBS no le dijeron que la causa de la reducción de valor era un ajuste de precios que ellos mismos habían hecho. En vez, les decían que era por factores externos del mercado.

Pero la jueza Murray concluyó que 'no hay ni pizca de evidencia de que UBS PR, Ferrer, y Ortiz se embarcaron en una conducta engañosa o para engañar a los inversionistas mediante esconder o encubrir el hecho de que UBS PR estaba en un período en el que no estaba comprando acciones de los Fondos y estaba reduciendo el precio de las acciones de esos Fondos'.

En su orden de 95 páginas, la jueza argumentó que, 'este caso es poco usual'.

'La controversia es una diferencia de opinión seria sobre el nivel de información que se requiere proveer a los inversionistas sobre una decisión de política hecha por la compañía matriz y si las acciones de Ferrer y Ortiz en respuesta a esa decisión de política violentaron las disposiciones antifraude de los estatutos de inversiones', enmarcó.

La orden ocurre después de 13 días de vista con 29 testigos y 536 piezas de evidencia. Los testigos incluyeron clientes y asesores financieros de UBS, incluyendo Federico Hernández Picó, hijo del Juez Presidente Federico Hernández Denton, quien fue asesor en estos años aunque luego fue separado del cargo en un episodio que todavía es objeto de una disputa laboral.

En una comunicación difundida tras la publicación original de NotiCel, UBS Puerto Rico dijo estar 'complacido' con la decisión. 'Como hemos mantenido desde divulgar originalmente la investigación en 2010, las alegaciones contra el Sr. Ferrer y el Sr. Ortiz eran inmeritorias, y la decisión de la jueza hoy confirma nuestra posición'.

En una reacción emitida el miércoles, Ferrer dijo sentirse 'vindicado y aliviado'.

*Actualizada.

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Orden de Jueza Administrativa de la SEC sobre Ferrer y Ortiz - NotiCel_4444