La alianza de uniones que se creó recientemente para defender la imagen del empleado público y en contra de la privatización de servicios esenciales, solo podrá ser efectiva si hay apertura de ideas y una buena campaña de educación y concientización hacia la ciudadanía.

Así opinaron analistas y líderes políticos sobre la histórica alianza sindical para combatir intentos del gobierno de desacreditar el servicio público, privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y reformar el sistema de pensiones para maestros para reducir beneficios

Fusiones sindicalistas en el pasado han tenido éxito, aunque no siempre.

En el 1990, grupos sindicales apoyados por la oposición política se unieron para detener los intentos del ex gobernador Rafael Hernández Colón de vender la Compañía Telefónica en lo que se llamó la Huelga del Pueblo en la cual se paralizaron servicios de transportación, escuelas y agencias de gobierno.

La Fortaleza en aquel tiempo había radicado una medida para vender la Telefónica en tres meses para levantar $2,000 millones para proyectos de infraestructura y educación. Debido a las protestas y los esfuerzos de un frente de uniones, el Gobernador retiró la idea.

'Aparte de las manifestaciones, el movimiento sindical hizo campaña con los compradores. Fue combativo,' recordó Federico Torres Montalvo, presidente de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores.

No empece una campaña agresiva para defender lo que muchos llamaban parte del 'patrimonio nacional', las manifestaciones y paralización del servicio público, los telefonistas, quienes tenían el apoyo de unas 53 uniones, no pudieron detener la venta de la Puerto Rico Telephone Company. La transacción de compraventa a GTE cerró en el 1998 bajo el segundo mandato del ex gobernador Pedro Rosselló, quien no se dejó amedrentar por el movimiento obrero.

Por qué un esfuerzo funcionó y el otro no?

'A Pedro Rosselló no le importaba nada. Eso le costó la candidatura a la Gobernación y su entierro político: la confrontación con el movimiento obrero', opinó Torres Montalvo.

La Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) dijo en un escrito interno que la huelga del 1998 ayudó a subir el precio de venta, logró garantías de empleos y demostró que el movimiento obrero tiene convocatoria. Aunque ha habido avances en el servicio de telefonía y mejoras en la infraestructura, la venta no detuvo aumentos en las tarifas de servicio, tal y como advirtieron las uniones.

En la actualidad, el movimiento obrero enfrenta el reto de convencer al comercio y a la ciudadanía cansada de los altos costos energéticos de que la privatización de la AEE, como propone el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, no es la solución al problema energético. También debe convencer al pueblo de que quitar beneficios a los maestros de escuelas públicas no es la forma adecuada para lidiar con el déficit de $10,200 millones en el sistema de pensiones del magisterio que amenaza con ocasionar una degradación en el crédito del país a nivel de chatarra.

Según el analista político Carlos Díaz Olivo, según pasa el tiempo las protestas y manifestaciones que hacen las uniones pierden efectividad porque ya son parte de lo cotidiano.

'Si las uniones siguen con esas estrategias y enfoques, creo que no serán efectivas', dijo.

'Tiene que ser un arreglo totalmente distinto porque de alguna manera tiene que haber receptividad', declaró.

Díaz Olivo opinó que la campaña de defensa del sistema de pensiones de los maestros no puede solo decir que se les está eliminando derechos adquiridos.

'El mensaje tiene que ser distinto. El maestro es la base de cualquier civilización y el mensaje debe ser que si queremos ser competitivos tenemos que tener una buena calidad de gente dispuesta a trabajar como maestro y que no podemos afectarles las pensiones tras pagarles un salario bajo', dijo.

Díaz Olivo declaró que en el caso de la AEE, las uniones debe ser más activas en educar al pueblo sobre la privatización y ofrecer soluciones.

Torres Montalvo dijo que le consta que la Unión de Empleados de Energía Eléctrica y Riego junto con el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea Flores, han organizados foros en distintas entidades sobre soluciones para bajar el costo de energía, algo que no se puede hacer de la noche a la mañana.

Un punto a favor de las uniones es que la ciudadanía ha visto los efectos detrimentales de la privatización en algunos casos y en distintos niveles, particularmente en el impacto a su bolsillo. A modo de ejemplo, Metropistas dijo recientemente que habrá un aumento en los peajes de la PR-52 y la PR-22 en enero.

Asimismo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene una historia de estar bajo manos privadas y volver a manos públicas por no ser exitoso. La Compañía de Aguas, operadora privada que comenzó bajo Rosselló y continuó bajo la administración de la exgobernadora Sila Calderón, confrontó problemas con el servicio la facturación y con la Agencia federal de Calidad Ambiental. El contrato posterior con Ondeo en el 2002, se cayó en menos de dos años. A pesar de estar en manos públicas en la actualidad, la factura del agua ha sufrido aumentos en un 60% para los consumidores.

Torres Montalvo dijo que es necesario que en la propuesta alianza de uniones haya una apertura de ideas y de todos los sectores.

'Yo creo que no han sido asertivos porque la convocatoria no fue amplia', apuntó.

El presidente de la unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TUAMA), Antonio Díaz López, opinó que un frente común en contra del gobierno si funcionará siempre y cuando se eduque al pueblo y combata adecuadamente cualquier campaña negativa del gobierno.

'La privatización de servicios esenciales nos afecta a todos. Y hay que recordarle a la gente que los empleados públicos no son los que administran el dinero de las agencias sino que es el gobierno', indicó.

A modo de ejemplo, en la AMA hay solamente 67 guaguas operando porque no se han asignado recursos para arreglar unos 70 y pico autobuses que están fuera de servicio.

'Yo he escrito 8 cartas al gobierno sobre esto y me han ignorado', dijo. 'No se sabe en que están usando los fondos', denunció.

La AMA enfrenta planes del gobierno de unificarla junto con la Alternativa de Transporte Integrado y la Autoridad de Transporte Marítimo para crear una sola entidad. Díaz López dice que eso se debe a que el gobierno desea poder usar fondos federales que recibe la AMA para poder operar las otras dos agencias. La medida ayudaría a bajar un déficit de $90 millones en la Autoridad de Carreteras al no tener que lidiar con la operación perdidosa del Tren Urbano.

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